En diciembre de 2014, la vida de Roxana Cainzos dio un giro cuando el oficial de la Policía Metropolitana Daniel Germán Castagnasso atropelló a su hijo, Nehuén Rodríguez, de 18 años. Y aunque Roxana logró llevar el caso a la Justicia, el policía sólo recibió una condena de tres años, por lo que no tuvo que ni siquiera pisar la cárcel. “Cuando llegamos a un juicio casi siempre sabemos qué es lo que va a pasar, pero queremos ver al policía responsable sentado en el banquillo de los acusados. A veces es la única forma de que los padres puedan verle la cara a la persona que mató a su hijo”, dijo a este medio la madre de Nehuén, quien todavía acompaña familiares de víctimas de gatillo fácil.
El caso de Nehuén figura entre los muy pocos que alguna vez llegan a juicio, pero también forma parte de la extensa lista de las sentencias insatisfactorias para las familias de las víctimas. “El cálculo, al menos en las causas en las que nosotros intervenimos, es que menos del diez por ciento llegan a juicio y, de ese diez por ciento, un porcentaje aún menor encuentra condenas dentro del inciso 9 del artículo 80 del Código Penal, que tipifica el gatillo fácil”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Según el conteo que lleva la Correpi, a diciembre de 2021 la Policía de la Ciudad había cometido unos 120 asesinatos, contando los casos en el Conurbano (son la mayoría) y los muertos en circunstancias al menos dudosas en contexto de encierro. Sin embargo, al día de hoy, esa fuerza cuenta con sólo dos condenados por ese motivo, ambos a prisión perpetua: Adrián Gustavo Otero, por el asesinato a sangre fría de Cristian «Paragüita» Toledo; y Sonia Soloaga, por el asesinato de un matrimonio de jubilados, Alberto Antonio Chirico y María Delia Esperanza.
Roxana fue categórica: “No encontramos justicia”. Son los mismos familiares, afirmó, quienes en medio del dolor tienen que impulsar las causas. “La fiscalía no hace nada, cada prueba en el caso de Nehuén la hemos buscado con sus compañeros, hemos conseguido dinero para los peritajes. Y como generalmente todos los que sufrimos esto somos pobres, primero te representa un abogado que es cualquiera. A mí el primer año me dejó de responder el Whatsapp y casi me cierran la causa. Después de eso tenés a la justicia que te sigue poniendo trabas”, enumeró.
El asesino de Nehuén, Castagnasso, fue encontrado culpable del delito de homicidio culposo y condenado a tres años de prisión en suspenso en abril de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal número 4. La condena fue ratificada el año pasado por Casación, que también prefirió dejarlo en libertad. Fue uno de los pocos agentes de la vieja Metropolitana, creada por Mauricio Macri en 2009, que recibieron alguna pena por gatillo fácil.
La lista sólo se completa con Enzo Fabián Álvarez, asesino del joven Bruno Pappa, y con Ricardo Luis Gabriel Ayala, por tentativa de homicidio sobre Lucas Cabello, a quien dejó parapléjico por los disparos. Otros oficiales de aquella fuerza, como Mariano Guariello, que en su momento fue acusado de asesinar a un joven en la localidad de Tres de Febrero estando fuera de servicio, fue designado años más tarde como oficial mayor de la Policía de la Ciudad.
Según voceros del Ministerio de Seguridad porteño consultados sobre el tema por este medio, el Gobierno de la Ciudad no cuenta con un registro, ni siquiera privado, de las causas abiertas contra sus agentes, ni mucho menos un conteo de los casos de gatillo fácil, ni nada parecido. Organizaciones como el CELS reclaman hace años que se revierta esa situación y se hagan públicos los informes, tal como marcan las leyes vigentes.
El organismo a priori encargado de esa tarea es la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, pero situaciones como la de Guarello se multiplican. Esa oficina es la que muchas veces figura en los comunicados oficiales de la fuerza como la que realiza supuestas investigaciones internas y sanciona a los oficiales involucrados en las violencias, pero todo suele quedar en la nada.
“Si bien es importante que esas instituciones existan, lo cierto es que arrastran problemas graves de transparencia y funcionamiento. Casi siempre quedan subordinados al Poder Judicial, se atan a los resultados de las causas para tomar decisiones, cuando deberían ser independientes”, señaló al respecto la socióloga Julia Miranda, investigadora del área de Violencia Institucional del CELS.
En consecuencia, la impunidad no es una casualidad. “Ese funcionamiento sólo hace que este tipo de violencias se perpetúe”, agregó Miranda.
“Tenemos que salir a defender lo que eran nuestros hijos”
Asimismo, Roxana remarcó que los casos de gatillo fácil “son sistemáticos, no son aislados”, que “el accionar siempre es el mismo y afecta a la misma juventud, la más vulnerable” y que desde los medios de comunicación se reproduce de manera instantánea la versión policial de los hechos.
“Siempre tenemos que salir a defender lo que eran nuestros hijos. Con el caso de Lucas (Cabello) decían que era un trapito, que le estaba pegando a la mujer y nosotros tuvimos que salir a dar vuelta ese relato. Siempre le echan la culpa a la víctima y con todo eso tenemos que pelear desde el día cero”, afirmó.
Con el asesinato de Lucas González a finales de 2021, el relato mediático fue radicalmente distinto. “Lo que diferencia este caso del 99 por ciento de los casos de gatillo fácil es que fue el mismo club de fútbol (Barracas Central, conducido por el hijo del presidente de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia) el que llamó a los medios para desmentir la versión que quería hacer circular la Policía”, señaló Verdú a El Grito del Sur.
Hasta el momento, el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, presentó el pedido de elevación a juicio de los 14 policías porteños detenidos y procesados por el crimen y posterior encubrimiento del asesinato de Lucas. Los principales imputados son el inspector Gabriel Isassi, el oficial José Nieva y el oficial mayor Fabián López, los tres integrantes de la brigada de civil que persiguieron y balearon el auto en el que viajaba el joven futbolista con sus amigos.
Nehuén vivía en la zona sur de la Ciudad, en el barrio de La Boca, igual que Lucas Cabello. Los barrios de la zona sur de la Ciudad son los más castigados por la violencia institucional de la Policía porteña. Lo que es una verdad de perogrullo no consta en ningún archivo oficial, aunque un informe de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), en base a información pública, revela que la mayoría de los disparos con armas de fuego se dan en las comunas de la zona sur, principalmente la 8, la 7 y la 4, donde se encuentran la mayoría de los barrios populares porteños.
Según el informe de ACVI, de los 39 hechos en los que la Policía de la Ciudad disparó con armas de fuego durante 2019, la mitad (18) lo hizo en esas tres comunas, especialmente en los barrios de Lugano, Pompeya y Flores y Barracas. Otras dos fueron, por ejemplo, en la Villa 31. No se registraron disparos en las comunas 2 (Recoleta) y 13 (Nuñez, Belgrano y Colegiales). El último dato disponible, de 2020, confirma la tendencia: 12 de los 15 disparos admitidos fueron en esos mismos barrios.
«La Policía, cuando tiene que recaudar o que buscar a alguien para extorsionar, ¿dónde lo busca? ¿En un barrio popular o donde viven los jueces de la Nación? Es muy simple. Ellos saben dónde está el negocio y dónde tienen que ejercer el control social», graficó Verdú.
“Tienen un protocolo aceitado”
Roxana aseguró que los familiares de víctimas de gatillo fácil “corremos con unas desventajas terribles”. “Cada vez que hay un caso ellos tienen un protocolo muy aceitado: llaman a más personal para tapar la escena con tres o cuatro patrulleros y que nadie los vea correr cosas de lugar. Mientras tanto, nosotros perdemos pruebas porque nos vamos corriendo al hospital en el que están nuestros familiares”, lamentó.
En el caso de Lucas Cabello, recordó la madre de Nehuén, “había un cordón de la Metropolitana” alrededor de la casa mientras el joven era llevado al hospital. “Y uno que es un vecino común no entiende qué pasa, ellos (la Policía) sí están acostumbrados. Como son corporaciones, saben que van a tener un abogado que los defienda”, acusó.
“La instrucción siempre empieza con la versión policial, y hay que desarmarla”, aclaró Verdú, que representa a familias de víctimas desde hace décadas.
“Cuando ya el policía está hasta las manos, los jueces suelen además recurrir a las figuras menos pesadas del Código Penal, para dar penas excarcelables”, describió, y recordó el juicio por el asesinato de Cristian Bogado: el juez le creyó al policía, que dijo que el tiro se le “escapó”, y la pena terminó siendo, también, de tres años.
“Muy pocos casos son efectivamente instruidos con rigurosidad. La impunidad también es un mensaje para las familias y para las querellas. Con su accionar, la justicia casi siempre convalida ese uso de la fuerza, y de alguna manera avala así una política criminal. Porque a quién mata la policía también forma parte de la política criminal de un gobierno. Y es un mensaje que no pasa desapercibido”, dijo Miranda, del CELS.
“Al no haber castigo, no hay cambio”, explicó Roxana. “Esta gente, viendo lo que hacen sus compañeros, se vician. Hacen lo mismo, porque total no lo pagan. Así no va a haber un cambio”.
