El Gobierno porteño pegó el faltazo este lunes a la audiencia convocada por el juez Andrés Gallardo en el marco de la causa que investiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos de millones de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos. Sólo se presentó a declarar un representante de la empresa concesionaria del servicio, Danaide SA, en calidad de testigo, que admitió que el software funciona a base de “listas negras” que le provee el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que además, dijo, tiene creado un usuario dentro del sistema con acceso a toda la información, dato que podría comprometer a futuro precisamente a los funcionarios ausentes.
“El Gobierno de la Ciudad carga en nuestra base de datos una foto e información asociada a esa foto. Luego se contrasta esa información que llega con el video de las cámaras de seguridad. Se analiza entonces cada cuadro de las cámaras, en busca de un rostro, que la mayoría de las veces aparece muy pequeño. Y se contrasta para ver si está en la lista negra. Si no está, se descarta, sin ser almacenada. Sino, se emite una alerta al sistema de monitoreo en video que utiliza el Gobierno y se envía una alerta a una aplicación que utiliza la policía en la calle. Luego esa información se almacena en otra base de datos”, precisó el testigo, Emiliano Carlos Schmidt, informático de Danaide que desarrolló el software para la Ciudad, durante el testimonio al que tuvo acceso El Grito del Sur.
La mención a la existencia de “listas negras” llamó la atención del juez, que repreguntó sobre el asunto. El empleado contestó que así se le llama en la jerga interna al listado de personas que busca la Policía de la Ciudad a través del sistema y que disparan las “alarmas” cuando coinciden con las capturas de las cámaras de vigilancia desparramadas por toda la Ciudad. Esas declaraciones, entre otras precisiones que brindó el testigo, llamaron la atención incluso de las organizaciones sociales y civiles que iniciaron la denuncia ante la sospecha de que el Gobierno porteño podría haber utilizado los datos biométricos de millones de personas y no sólo de prófugos perseguidos por la Justicia, para lo que en teoría fue implementado el sistema.
La de este lunes fue la primera audiencia luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo porteña Nº1 desestimara la recusación formulada por el Ejecutivo de la Ciudad –la parte demandada– y ratificara a Gallardo al frente de la causa. Además de Schmidt, estaban citados la coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Cecilia Inés Amigo, y el subsecretario de Tecnología e Informática de esa misma cartera, Gastón Navarro. La excusa para no asistir fue que no estuvieron notificados, pese a que la citación corría desde el lunes pasado.
La investigación que sigue el juez pretende establecer si el Gobierno porteño utilizó el sistema de reconocimiento facial de prófugos para espiar y seguir a determinadas figuras públicas. La base de la sospecha es que el Ministerio de Seguridad habría solicitado al Renaper los datos biométricos de unas siete millones de personas, lo que excede por mucho (por muchos millones) a los 40.000 prófugos cuyo rostro figura en la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad tiene un convenio firmado con cada uno de esos organismos para realizar ese trabajo, pero se habría excedido largamente en su objetivo original. Según la información que ya consta en la causa, se le solicitó información al Renaper sobre dirigentes como Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Estela de Carlotto, Sergio Massa, Patricia Bullrich y un largo etcétera. En el listado también figuran empresarios de fuste y periodistas.
El caso tomó enseguida calor político cuando la ahora ex titular de la AFI, Cristina Caamaño, declaró que «es espionaje y es delictivo». “Saber con quién te reunís, adónde vas, con quién estás. Por eso han hecho lo que hicieron en la AFI y ahora salta esto en la Ciudad de Buenos Aires», dijo. La Ciudad contestó que se trataba de una causa política y apuntó contra Gallardo, como casi siempre en estos casos.
Danaide había sido denunciada públicamente por Cristina Kirchner en noviembre de 2018. Aquella vez, había publicado en Twitter que estaban colocando dos cámaras y un domo frente a su departamento en Recoleta. Cuando fueron captados infraganti, los autores se identificaron como empleados de Danaide. El Jefe de Gobierno porteño contrató igualmente a la empresa para el sistema de reconocimiento facial. Fue por adjudicación directa, por más de un millón de dólares. El contrato tuvo además dos adendas, una en 2020 y otra en 2021, por 19 y 21 millones de pesos respectivamente.
Uno de los tramos más importantes de la declaración del testigo evidencia hasta qué punto el Gobierno porteño tiene acceso al software que desarrolló la empresa. Si bien Schmidt dijo que se trata de un “sistema cerrado” y que la Policía de la Ciudad “solo recibe las alertas”, también admitió que el Ejecutivo tiene un usuario cabecera creado con acceso a la base de datos a nombre de Mariano Córdoba, jefe del área de Investigación y Desarrollo de la Policía de la Ciudad. Córdoba fue jefe de Informática del departamento de Personal de la Armada Argentina entre 2001 y 2008. “Me preguntaba y me pedía información sobre la API”, dijo.
Schmidt también reveló que se trabaja con unas “30 mil cámaras aproximadamente”, y contestó afirmativamente a la pregunta de si pueden ser utilizadas para otros fines distintos al del sistema de reconocimiento, también a través de otros software. Hubo una sola pregunta que no contestó: dijo que prácticamente todo el desarrollo lo realizó Danaide, salvo el motor de reconocimiento, que fue importado y cuyo código es uno de los ejes de la denuncia, dado que está rodeado de todo tipo de suspicacias respecto a la posible “discriminación” en la que podría incurrir, dado que se las entrena en el reconocimiento de rostros “morochos” o asociados al sentido común estigmatizante sobre el delito. El empleado se excusó en el contrato de confidencialidad con la empresa.
Se espera que este martes, en tanto, haya novedades respecto de la pericia informática sobre las computadoras secuestradas por el juez durante los allanamientos llevados a cabo en abril al Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano. Mientras tanto, el «servicio» sigue suspendido mediante una cautelar.
