Este viernes, en el primer aniversario de la sanción de la ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (Ley N 27.636), legisladoras y legisladores porteñes del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para la población travesti trans en la Ciudad de Buenos Aires.
La letra del texto apela a que se cumpla lo establecido a nivel nacional: la contratación de al menos el 1 por ciento de la población travesti trans por parte de todos los entes públicos de los tres poderes del Estado y busca mejorar la inserción laboral de una comunidad cuya esperanza de vida ronda aún los 40 años. Además de la contratación, se estipula la formación permanente a través del Instituto Superior de la Carrera o algún ente que lo reemplace a fin de jerarquizar la calidad del trabajo. También propone implementar propuestas de acompañamiento y articular con las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales integradas por personas de la comunidad travesti trans, entre otros puntos.
“Esta ley adquiere suma relevancia, teniendo en cuenta que se dirige al cumplimiento del derecho al trabajo de las personas que integran la comunidad travesti, transexual y transgénero, que es, sin lugar a dudas, una de las comunidades más vulnerables de nuestro país”, asegura la fundamentación de la norma. Asimismo acepta que -por la densidad poblacional- la mayor cantidad de personas del colectivo se encuentran residiendo en la Capital Federal, por lo cual una reglamentación de dichas características se vuelve fundamental.
En el acto del cual participaron activistas y militantes del colectivo se escucharon las palabras de la legisladora porteña Lucía Cámpora, presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, y el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Matías Barroetaveña.
“El Estado necesariamente tiene que llevar adelante acciones positivas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades y vaya si no estamos en deuda con el colectivo travesti trans, que sabemos que tiene en promedio una expectativa de vida entre los 35 y los 40 años”, manifestó Cámpora durante la presentación.
En ese sentido, Matías Barroetaveña señaló que “es fundamental impulsar normativas que reparen las injusticias cometidas contra el colectivo travesti-trans y por eso exigimos la adhesión de la Ciudad a la ley nacional que se sancionó el año pasado”.
Según el pedido de informe realizado por este medio al GCBA, a pesar de que en 2017 el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta creó mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans, entre 2019 y 2021 solo se contrataron 23 personas de la comunidad travesti trans en organismos públicos. Asimismo, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT, contabilizó en su informe anual (2020) 152 crímenes de odio, siendo el 84 por ciento de los casos (127) mujeres trans. Bajo dicha perspectiva, una mejora en la calidad de vida de las personas travestis y trans se vuelve ineludible para vivir en una ciudad más igualitaria.
La legisladora Ofelia Fernández, quien también acompañó el encuentro, opinó sobre la adhesión: “Es una excelente noticia pero es importante remarcar que tampoco tuvimos una gran idea: esto es una lucha histórica del colectivo travesti trans al que la política por fin empieza a darle respuesta”. Estuvieron presentes además las legisladoras y legisladores Juan Modarelli, Magdalena Tiesso, Berenice Iañez, Laura Velasco y el presidente del bloque Claudio Ferreño.
Según el informe realizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al Bachillerato Popular Trans Mocha Celis en 2017 -titulado La Revolución de las Mariposas. A diez años de “La Gesta del Nombre Propio”-, sólo el 9 por ciento de las personas encuestadas dijo estar inserta en el mercado formal de trabajo, mientras que casi el 70 por ciento de quienes integraron el grupo en estudio nunca tuvieron una entrevista laboral con posterioridad a la asunción social de la identidad de género autopercibida. Del 30 por ciento restante, la mayoría (62,7 por ciento) accedió a una entrevista laboral en el ámbito privado; mientras que un 25,5 por ciento accedió a una entrevista laboral en el ámbito estatal. “La situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans, de la que dan cuenta estos números, se profundizó con la pandemia”, explica el proyecto. “Entendemos que en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialmente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal”.
