Larreta le abre las puertas de los barrios populares a Farmacity y otras grandes cadenas

😷 Por 32 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, la Legislatura porteña convirtió en ley el proyecto que ofrece beneficios a empresas para instalarse en cuatro villas de la Ciudad en proceso de urbanización. "Genera competencia desleal", criticaron desde la oposición.

Las grandes cadenas de comercios ya tienen el marco legal para desembarcar en los cuatro barrios populares de la Ciudad que están en proceso de urbanización. La Legislatura porteña convirtió en ley este jueves un proyecto del oficialismo que les otorga beneficios fiscales para instalarse de lleno en la Rodrigo Bueno, la Villa 31, el Playón de Chacarita y la Villa 20, donde además obtendrán facilidades para explotar terrenos públicos. Todo a cambio de garantizar que el 30 por ciento de la planta de empleados sean habitantes del barrio, siempre y cuando encuentren “disponibilidad de trabajadores con experiencia en los rubros requeridos”, tal como reza el artículo 20, uno de los más cuestionados por la oposición.    

La iniciativa es una de las piedras basales de la política de “integración con trabajo” que impulsa para el sector la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, pero paradójicamente fue rechazada por las organizaciones sociales con mayor peso en esos territorios, la mayoría de las cuales se movilizaron hacia la Legislatura para repudiar su aprobación. 

“Seguimos dando pasos para integrar los barrios populares a la Ciudad. El sector privado es un agente central del desarrollo económico y productivo. Por eso decimos que la agenda del crecimiento y la integración tienen que ir de la mano. Para eso hace falta tender puentes y crear los marcos que nos permitan trabajar juntos. El trabajo es la mejor política social”, dijo la ministra en la previa de la votación. 

Movilización frente a la Legislatura. Crédito: Carlos Brigo, Télam.

“Para nosotros, los vecinos y pequeños comerciantes de los barrios, esta ley es un claro retroceso”, contestó en diálogo con El Grito del Sur Walter Córdoba, referente de la seccional capital de Somos Barrios de Pie, una de las organizaciones que se movilizaron. “La norma exime de pagar impuestos a las grandes cadenas, que no lo necesitan, cuando los que tienen un negocio en el barrio tienen que pagar el monotributo y no van a poder competir. Esto en lugar de generar trabajo, lo destruye. Y golpea de lleno a los emprendimientos de la Economía Popular, todo para hacerle lugar a las empresas amigas de Rodríguez Larreta”, argumentó. 

El beneficio impositivo para las 15 primeras cadenas que se instalen en los barrios será del 80 por ciento en ingresos brutos. Según pudo averiguar este medio, informalmente ya hay algunas en la lista de espera: Diarco Barrio, Carnicerías Res, Río Uruguay Seguros y Farmacity, la empresa fundada por Mario Quintana (ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri) que ya en la previa había levantado polémica. La oposición, de hecho, bautizó al proyecto “Ley Farmacity”. 

La ley fue votada con 32 votos a favor, en su mayoría del Pro y aliados como UCR Evolución, la Coalición Cívica y algunos legisladores libertarios que responden a Javier Milei. Fue rechazada por unos 20 del Frente de Todos y el FIT, y hubo cuatro abstenciones. 

“El proyecto de Larreta y Migliore que estamos votando hoy perjudica a los comercios barriales porque establece un beneficio impositivo que impacta de forma desigual según quién lo utilice: no es lo mismo lo que puede descontar un monotributista que una gran cadena”, dijo durante el debate la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira. 

“¿Por qué darles este beneficio a aquellas empresas que compiten con los comercios que ya existen en los barrios y generan empleo?”, se preguntó Neira, y denunció que la norma “genera competencia desleal”.

Desde el entorno de Migliore contestaron que los argumentos de la oposición “pierden de vista la vida cotidiana de la gente” en pos de un discurso ideológico “obtuso”. “En la 31 hay un McDonalds y un Coto y la feria del barrio, y los comerciantes venden y laburan perfectamente. Que digan cuántas farmacias hay en los barrios populares que aceptan descuentos de las obras sociales. La ley busca generar trabajo”, remarcaron. 

El artículo 20, si bien establece como condición para el desembarco de las empresas que éstas contraten un 30 por ciento de empleados y empleadas de los barrios, deja abierta la puerta a que eso pueda ser pasado por alto. Dice textualmente que “en el caso de que los beneficiarios acrediten la imposibilidad de cumplir con este requisito, debido a la falta de disponibilidad de trabajadores con experiencia en los rubros requeridos, podrán presentar un plan alternativo al cumplimiento del presente requisito”.

“Si toman 15 o 20 personas, a lo sumo son cinco del barrio, y también pueden eludir pagar impuestos incumpliendo esta norma, es una vergüenza, puro marketing que, como siempre, esconde negociados”, dijo al respecto Córdoba, de Barrios de Pie, quien además se quejó de que “el proyecto no fue discutido en las mesas consultivas de urbanización, como plantea la ley marco”. 

En la misma línea, la legisladora Magdalena Tiesso aseguró dentro del recinto que “el proyecto requiere que el 30 por ciento deban ser residentes, número que me parece sumamente bajo, pero esto queda supeditado a la disponibilidad de perfiles y deja en manos de la autoridad de aplicación que desconocemos. Nada garantiza que la empleabilidad para los residentes de los barrios no sea nula”.

Foto promocional del GCBA

“Es un copamiento de los barrios”, denunció por su parte el legislador del FIT Gabriel Solano, quien además remarcó que en los anexos del proyecto también se abre la puerta al asentamiento de escuelas privadas. “Hay que generar puestos de trabajo genuinos, con los derechos que corresponden”, agregó. 

El debate se dio en un contexto en el cual el Gobierno porteño redujo fuertemente el presupuesto para la urbanización de algunos barrios, como la 31. Un informe publicado esta semana por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que los fondos destinados a la urbanización en 2020 “descendieron por debajo de lo sancionado para 2017, pasando de $8.059.608.883 a $7.318.766.462”.

ACIJ, además, realizó una encuesta entre los supuestos beneficiados de la urbanización en la 31 y se encontró con que “el 55% de quienes sí accedieron a una vivienda nueva consideraron que la calidad del inmueble es igual o peor que la de su vivienda anterior”. “Habrá que ver dentro de 30 años qué quedó de esas viviendas precarias que construyeron en el barrio”, cerró Solano.

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Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.