Chaquetazo por Miranda Ruiz

💚 La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir convoca a un chaquetazo frente a Tribunales para exigir el sobreseimiento de la médica salteña Miranda Ruiz, acusada de obligar a abortar a una paciente. "Es una causa armada", aseguran desde la organización.

Este jueves a las 17 hs frente a Tribunales, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir convoca a un chaquetazo para exigir la nulidad de la causa contra Miranda Ruiz, la médica de Tartagal que asistió una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que la justicia salteña acusa de no haber contado con el consentimiento de la paciente. “Es una causa armada y un intento de disciplinamiento. Tiene que ver con antiderechos e integrantes del poder salteño que están en contra de la ley 27.610 y de que las mujeres y personas gestantes decidan sobre su cuerpo”, manifestó Julieta Bazán, integrante de la Red.

“Garantizamos derechos, garantizamos el derecho a la salud y estamos cansadas porque no trabajamos en condiciones dignas -agregó la médica de la Red, la cual forma parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-. Hay una compañera que está pasando por un proceso judicial que desgasta, más después de la pandemia. Bueno, nosotras decimos basta”.

Ruiz, médica residente que está a cargo del consultorio de IVE del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, fue detenida el viernes 3 de septiembre de 2021 porque familiares de una paciente habían denunciado que la profesional “había forzado” a la joven a abortar.

Foto: Rocío Tursi

En una entrevista que brindó a elDiarioAR, Ruiz relató que se cumplió con el protocolo establecido por la ley de IVE: la paciente acudió al consultorio con poco más de 14 semanas de gestación, se evaluó el caso en un equipo transdisciplinario que involucró a una psicóloga, una trabajadora social y el gerente del hospital, el supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Salta y con el jefe de Ginecología y Obstetricia, y se determinó la legalidad de la IVE bajo la causal de salud física, psíquica y sexual.

“El tratamiento que hoy tenemos para IVE es con misoprostol, que las vías de administración son sublingual o por vía vaginal. Ambas son autoadministradas, es decir, que la persona se coloca las pastillas y el personal de salud acompaña el proceso. La persona decide si se pone o no las pastillas”, dijo Bazán.

Previo al inicio del procedimiento, explicó la profesional a este medio, “se evalúa la situación, se le explica al paciente en una entrevista cuáles son sus opciones, la persona va decidiendo y firma un consentimiento informado. La persona firmó ese consentimiento. La historia clínica está perfecta, no se puede decir que la doctora obligó a la paciente porque no es así. Hubo una instancia de intercambio y escucha hasta firmar ese consentimiento”, agregó. 

Para les integrantes de la Red, esta es una causa armada: ningún otro integrante del equipo que intervino en la IVE fue denunciado, solo Ruiz. “Le hacen esta causa porque ha evidenciado otras violencias que pasaron en el hospital”, aseguró Bazán.

Según contó la propia Ruiz, hace dos años ella denunció por presunto abuso sexual a un médico. El abogado de ese médico defiende hoy a la familia de la paciente.

En mayo de este año, el juez de la causa, Luciano Martini rechazó por segunda vez un pedido de sobreseimiento que hicieron las abogadas de Ruiz. El magistrado argumentó que es “prematuro”, porque todavía falta dilucidar aspectos del caso. 

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Fotos: Rocio Tursi

Aún así, el hospital de Tartagal siguió recibiendo pedidos de IVE e incluso aumentó la demanda. “Se corrió la voz de que ahí se garantiza el derecho al aborto legal -afirmó Bazán-. En la página de la Red estamos los efectores que construimos otro posicionamiento ideológico al modelo de salud actual. Los acompañamientos son amorosos, tienen otra perspectiva que nos pone en el lugar de acompañantes, que es diferente al modelo médico hegemónico donde los profesionales deciden sobre las personas. Si en una ciudad no se está garantizando el derecho al aborto, se tiene que denunciar ante el Ministerio de Salud”.

El chaquetazo es por Ruiz, pero también por el resto de los trabajadores de salud que luchan para que se cumpla la ley IVE. “Queremos cuidar la salud integral de Miranda y de quienes cuidan a la población. Basta de criminalización. Seguimos organizadas y seguimos en campaña”, concluyó Bazán.

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Ludmila Ferrer

Periodista y Licenciada en Comunicación Social (UBA). Escribe también en Página/12 y sigue más podcasts de los que puede escuchar.