Esta semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJN) dejó firme una medida cautelar que prohíbe la poda indiscriminada de árboles en la Ciudad de Buenos Aires. “Este es un enorme paso porque en todas las instancias judiciales nos han dado la razón: el juez, la Cámara de Apelaciones y ahora la Corte -dijo a El Grito del Sur María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM), una de las querellantes-. Esto le brinda más herramientas a los vecinos a la hora de defender sus árboles”. Cabe destacar que la medida cautelar fue impuesta en 2017 por el juez Guillermo Scheibler.
La causa fue iniciada por la ONG y por la abogada Claudia Heras, quienes habían argumentado que la poda sistemática que hace el Gobierno porteño “viola el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la preservación del patrimonio natural”.
En primera instancia, la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió la suspensión de «todo tipo de actividad de poda y tala de árboles», salvo aquellos que estén por caerse y representen una amenaza a “la seguridad pública, la integridad de bienes o personas o la realización de obras públicas”.
De acuerdo al fallo, en caso de que se requiera necesariamente talar o podar los árboles, “se deberá publicar en la página oficial de internet (del Gobierno de la Ciudad) -de modo claro y accesible- los informes técnicos respectivos e imágenes que ilustren detalladamente la situación previa y posterior a la intervención”.
La medida cautelar fue confirmada en todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, luego de la última apelación presentada por el Gobierno porteño. No obstante, el máximo tribunal rechazó por unanimidad el «recurso de queja» porque «la medida cautelar que se ataca no es una sentencia definitiva ni es equiparable a tal».
Según explicó Di Giacomo, la medida cautelar prohibió la poda y la tala hasta tanto la administración porteña cumpla con los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3.263 de Arbolado Público. Estos indican que la autoridad de aplicación debe “realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo”; que el personal a cargo debe estar capacitado y habilitado para evaluar y hacer la poda.
“Y el personal de poda no está capacitado, solo tienen capacitación para usar la motosierra”, sentenció Di Giacomo.
La presidenta de BdM señaló que el problema principal es que el Gobierno de la Ciudad poda los árboles de manera indiscriminada. “Hay dos épocas en las que no se puede podar, que son cuando el árbol está en abscisión, es decir, cuando tiene todavía hojas que están amarillas, y el otro momento es la brotación -ilustró a este medio-. El tema no es la época porque el jacarandá, por ejemplo, se poda en una época del año distinta de la del fresno. Lo que nos preocupa es que se poda de forma sistemática, que podan toda una cuadra como si cada árbol lo necesitara, haciéndolos más vulnerables a los vientos y aumentando la posibilidad de que ese árbol se enferme”.
Y añadió: “Además, con la poda nos están quitando los beneficios que el arbolado tiene. Pero otro problema es que eso nos cuesta mucho dinero. Según la última información que tenemos, el presupuesto (para arbolado público) fue de 2.500 millones de pesos y el 95 por ciento de esa cifra se usó para poda sistemática, extracciones y cortes de raíces”.
Para la titular de la ONG, el fallo de la CSJN va a ser un elemento para que las y los vecinos puedan ponerle un límite a podadores e inspectores cuando quieran cortar árboles de prepo. “Ahora hay cada vez más gente que sabe cómo defender nuestros árboles”, concluyó.
