«El 80% de la población tiene problemas serios con la energía»

💡 El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC), Osvaldo Bassano, habló con El Grito del Sur y señaló que el esquema propuesto por Guzmán es inconstitucional. También pidió que las políticas se centren en los precios de generación y no en los subsidios.

Dicen las malas lenguas que un formulario web fue la gota que rebalsó el vaso y derivó en la salida de Martín Guzmán. Desde el entorno del ahora exministro señalan que el retraso en la implementación del documento que habilitaba la segmentación de tarifas fue lo que ocasionó que el economista de Harvard perdiera la paciencia y abandonase el Gobierno en pleno discurso de Cristina Kirchner. Lo cierto es que, más allá de la real influencia de este tema, las tarifas han sido un motivo de discordia durante todo el mandato de Alberto Fernández.

Historicemos un poco: los tarifazos en los servicios públicos propiciaron un fuerte descontento con el gobierno de Mauricio Macri. En los compromisos de campaña del Frente de Todos, allá por 2019, se prometió que el aumento tarifario no superaría la inflación. Pero una vez concretado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo financiero detalló entre sus exigencias el aumento de tarifas y la retirada paulatina del Estado en materia de subsidios.

Es así que llegamos a la tan mentada segmentación. Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, es una de las voces calificadas para hablar de tarifas y su impacto. «No estamos en contra de la segmentación, consideramos que es necesaria: el consumidor que más ingresos tiene debería abonar más de servicios. Ahora, para llegar a ello tenemos que generar situaciones donde no metamos a casi toda la población y a casi todo el grupo familiar. Porque en la situación económica en que nos encontramos eso puede implicar una ampliación a más del 10% de los usuarios y una directa influencia en la inflación», expresó en diálogo con El Grito del Sur.

Bassano señaló que el esquema propuesto por el ministro Guzmán era inconstitucional por su violación a los derechos de propiedad y al artículo 8 bis, a la Ley de Defensa del Consumidor y cargó sobre el Decreto 332/2022, que señala topes de ingresos familiares para acceder a las tarifas subsidiadas.

El otro problema que emerge es la implementación de las tarifas. En nuestro país, el INDEC registra que un 10 por ciento de las personas que viven en zonas urbanas no cuenta con acceso a Internet y en el país esta cifra asciende a un 13 por ciento. La pregunta es entonces por la factibilidad de la implementación de un formulario digital, o en todo caso, la convocatoria a realizar la inscripción en la sede de ANSES, con sus consecuentes aglomeraciones. «No es un sistema acorde: el Estado tiene información al respecto y debería utilizarla», señalan desde las asociaciones de consumidores, que presentaron un pliego de demandas la semana pasada ante la Secretaría de Energía.

«La segmentación es sobre el precio y nunca se pudo lograr regular a las energéticas, que sacan ganancias a gusto y a piacere», enfatizó Bassano, quien también destacó la responsabilidad de las empresas prestadoras y la complicidad del Estado: «El 80 por ciento de la población tiene problemas serios con la energía».

¿Cuál sería entonces una solución posible? Bassano señaló que el Estado posee información de grandes consumidores pero destacó que lo lógico sería dejar de pensar en el subsidio y empezar a poner el ojo en el precio. «No le demos tanta importancia a la obligación de quita de subsidios que exige el FMI cuando Estados Unidos subsidia a las empresas más grandes del mundo», sentenció.

En su primer día como Ministra de Economía, Silvina Batakis señaló que mantendrá el esquema de segmentación propuesto y resaltó: “Necesitamos que aquellos que tienen la capacidad de pago se hagan cargo por completo”.

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