Dos semanas atrás el Congreso Nacional dio sanción a la Ley 27.675, llamada “de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis”. Luego de casi una década, innumerables movilizaciones en la calle, decenas de activistas fallecidos en el camino, varios años de lucha en el Congreso, cuatro presentaciones frustradas, tres textos distintos, un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias inexistentes; el proyecto militado desde 2013 por las organizaciones de personas con VIH y Hepatitis y ONG que impulsaron este cambio de paradigma, pudimos festejar en la Plaza de los Dos Congresos.
El día anterior a su sanción, corrían horas del mediodía y todavía no sabíamos si habría agenda parlamentaria, o si este proyecto estaría incluido en el temario del día. Todo era incertidumbre. Incluso había compañeres de distintas organizaciones de todo el país viajando en colectivos que recorrían miles de kilómetros para esperar en las calles o en los palcos la bienvenida de un nuevo marco normativo. El silencio de las últimas horas se tornaba insoportable. Incertidumbre y silencio que caracterizaron los últimos años. Años en los que pareció que no importaba lo suficiente la vida de las personas que murieron por causas relacionadas al sida, a las hepatitis o a la tuberculosis.
13 muertes cada día. 13 muertes recogidas en nuestros discursos para intentar convencer a la dirigencia política sobre la urgencia de esta ley. La noticia llegó por la tarde del miércoles. Habría tratamiento.
Estarían los votos. Tendríamos ley. Pasadas las diez de la noche, con un discurso de cierre que emocionó hasta lágrimas, la senadora Eugenia Duré de Tierra del Fuego nos adelantó que estábamos a minutos de que ésta sea ley. Terminó el conteo: 60 votos a favor, 1 voto (PRO) en contra. Tenemos ley. Comienza el juego.
Una vez aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras, Argentina tiene ahora tres grandes desafíos. En primer lugar, el Estado Nacional deberá reglamentar y comenzar a implementar las políticas públicas que pongan en práctica los derechos y las obligaciones reconocidos en el texto de la ley, con la mirada integral, intersectorial e interseccional con la que fue escrita, militada y aprobada. No será fácil para el Gobierno navegar la sinergia entre las decisiones de reglamentación del Ministerio de Salud, que deberán ser acompañadas por las de la ANSES, el INADI, el Ministerio de Trabajo, el de Educación, y también por algunas cámaras empresarias y sectores privados que verán afectada su práctica diaria.
Todo esto bajo la lupa de las organizaciones de la sociedad civil, que estaremos vigilando el recorrido desde el inicio. El proyecto modelo de respuesta al VIH desde el enfoque de los derechos humanos requiere de un gobierno con equipos técnicos a la altura de las circunstancias, que permitan atravesar la fragmentación del Estado para darle a la población las políticas públicas que necesita.
En segundo lugar, será necesario convertir esta ley en derechos reconocidos por toda la sociedad. No solamente por parte de los sistemas de salud y de los profesionales que trabajarán con estas poblaciones, sino también que las propias personas con VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis se hagan eco de la norma. Será necesario que cada quien aporte lo que tenga que aportar para poder hacer de los derechos adquiridos necesidades satisfechas. Y es que para poder ejercer los derechos es primordial conocerlos. El texto ayuda, contenidos en la ESI, capacitaciones a profesionales, a efectores estatales, a comunicadores e inclusión de las temáticas en los medios de comunicación. No será fácil llegar a cada rincón del país buscando reducir los niveles de pobreza y discriminación con el objetivo de bajar ese número de 13 muertes diarias. Pero asumimos el desafío.
En tercer lugar, y creo yo el más difícil, Argentina tiene la oportunidad (una vez más) de ser un faro a nivel mundial en el respeto, la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos a través de su marco normativo. Direccionar la respuesta al VIH con la mirada integral, con el involucramiento de todos los actores estatales y sociales para terminar con el estigma, la discriminación y la criminalización es el motor de esta nueva era. Argentina ofrece en su nueva ley el desafío de la perspectiva de género, la interseccionalidad, de la sostenibilidad de los presupuestos y la valoración del derecho a la salud y a la vida en contraposición con el derecho de propiedad intelectual. Argentina, como dice mi buen amigo Alberto, puede ser una vez más ese sur que marca el norte en la universalidad de los derechos humanos.
*Activista. Abogado. Coordinador para Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH. Presidente de la Asociación Ciclo Positivo.
