La Comunidad Camiare Comechingón Pluma Blanca, se encuentra en la serranía cordobeza, situada a unos 45 kilómetros de la capital provincial, camino a Candonga. Allí, desde hace más de 60 años, una familia perteneciente a este pueblo originario resiste en sus terrenos ancestrales ante los intentos de desalojo por parte del Estado y los terratenientes de la zona. Pero ahora, la ofensiva escaló y el Juzgado de 1º Instancia Comercial y de Familia de Jesús María avanza a paso firme para expulsar a los López de sus tierras. Detrás de la avanzada judicial se esconden intereses mineros y de empresarios ligados al medio conservador La Voz del Interior.
Córdoba ha sido históricamente una provincia que tuvo una política muy agresiva de invisibilización y silenciamiento de sus pueblos originarios. Recién hace algunos años existe en el territorio una reemergencia identitaria de los descendientes de los pobladores nativos de estas tierras, una reivindicación ante el intento oficial de borrar su historia, su memoria y su legado.
A diferencia de otras latitudes de nuestro país, la dispersión y la disgregación que atravesaron los pueblos originarios de la zona hizo que no hubiera grandes conglomerados de población indígena como sucede en el norte o el sur de nuestro país. Esto llevó a que existan casos como la Comunidad Pluma Blanca, integrada por más de una decena de familias pero de las que actualmente solo una resiste en su territorio ancestral: los López.
La presión estatal y de los particulares por ocupar las tierras generaron la expulsión y la desintegración de las familias, apartados de sus tierras nativas por presiones económicas o laborales y víctimas de violencias: desde robos y amenazas hasta ataques a las propiedades comunitarias. ¿Pero quiénes están detrás del intento de desalojo de la última familia originaria de Pluma Blanca?
«Este conflicto nace por una acción de reivindicación de Luis Ernesto Remonda empresario vinculado a La Voz del Interior y titular registral de la zona donde está la comunidad y las zonas aledañas», explica Natalia Bilbao Carmona, abogada de la comunidad. «Esta comunidad tiene unas 150 hectáreas pero los títulos de Remonda comprenden unas 500 hectáreas».
Remonda también está vinculado a un barrio privado aledaño y a la explotación minera de la zona. Si bien originalmente la titularidad de las tierras estaba en manos de la empresa «Canteras El Sauce», esta compañía constituida en Buenos Aires quebró y vendió las tierras a Remonda.
«La familia López invoca la posesión de la tierra: hace 60 años viven en el territorio, vivieron sus padres, sus abuelos. Pero la sentencia que rechaza esta defensa y le da prioridad a los títulos de los poderosos se dictó en plena pandemia», agrega Bilbao Carmona, quien señala que la familia también fue afectada por la estafa del primer equipo de abogados que asumió el caso. «Los López se quedaron sin posibilidad de apelar. En el 2020 se suspendió el desalojo pero en 2022 Ramonda cedió sus derechos a dos explotadores de canteras mineras vinculados al extractivismo y se reactivó el proceso».
Ahora, la defensa pidió al Tribunal que se aplique la Ley 22.160 que suspende la ejecución de los desalojos hasta tanto no exista un relevamiento de territorios que pueda censar a las comunidades indígenas que habitan el territorio e impulsó la realización de una audiencia pública para dar cuenta del apoyo comunitario a la familia.
Además, antropólogos e historiadores señalan que el terreno en cuestión cuenta con vestigios de la ocupación prehispánica. «No es solo desalojar una familia pobre y no dar cuenta de su condición indígena sino que también es una renuncia provincial de Córdoba a sus recursos naturales y al reservorio de memoria que existe en esa tierra. Esos vestigios están presentes y para la cosmovisión indígena son sitios sagrados».
