La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo explícito el pedido de rediseñar la política de ayuda social del Estado y exigió, por primera vez de forma pública, reemplazar los planes sociales vigentes por el Salario Básico Universal. Lo hizo durante el acto de este sábado en Ensenada, casi en simultáneo con la renuncia de Martín Guzmán, quien hasta ayer era el principal detractor de la idea al interior del Gobierno, básicamente debido a su costo fiscal.
Ambos movimientos —la salida del ex ministro y el clamor público de CFK— le dieron un nuevo impulso a la medida, que el Gobierno tiene en carpeta al menos desde mediados de 2020, luego de que 9 millones de personas recibieran el primer pago del IFE en plena primera ola de la pandemia. Todo parece indicar que su implementación será una de los puntos centrales a definir tanto por el próximo ministro de Economía como del gabinete que resultará de las negociaciones que este domingo se llevan adelante en Olivos.
Cristina pidió ayer “rediseñar” la política de planes sociales, especialmente el Programa Potenciar Trabajo, cuyo valor, dijo, está en 21 mil pesos por mes (la mitad de un Salario Mínimo) y es percibido por 1,2 millones de beneficiarios, que insumen 0,4 puntos del PBI. De acuerdo a los distintos proyectos —tres en total— presentados hasta ahora por diputados y senadores del Frente de Todos, el Salario Básico Universal implicaría ampliar el universo de personas alcanzadas por la ayuda a todos los trabajadores informales, aunque con un monto menor, de alrededor de 10 mil pesos. El costo fiscal de la medida, según el cálculo que elaboró el diputado Itai Hagman, uno de sus impulsores, sería de 1 punto del PBI.
“Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente”, exigió ayer la vicepresidenta. “Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder”, argumentó. Y dejó picando una sentencia: “que la ayuda la cobren todos».
El planteo de Cristina tiene como trasfondo el reclamo que ya hizo hace dos semanas desde Avellaneda, durante un acto con la CTA: que el Estado “centralice” la aplicación de las distintas políticas sociales, lo que terminaría con las “intermediaciones” de los movimientos sociales. Principalmente del Movimiento Evita, cuyo máximo referente, Emilio Pérsico, dirige la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y es el encargado de implementar el programa Potenciar Trabajo.
La vice mantiene un enfrentamiento abierto con Pérsico y otros referentes del Evita, que a la vez es uno de los principales pilares en los que se apoya el presidente Alberto Fernández. La intención de reemplazar el Potenciar Trabajo por un Salario Universal no sólo tiene como objetivo “transparentar” y ampliar la ayuda social sino también quitarle poder a ese sector. “Te atacan como partido político y se defienden como organización social”, les había disparado esta semana el ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque. Cristina lo parafraseó ayer desde Ensenada.
Otro de los objetivos es quitarle presión al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juanchi Zabaleta, quien prácticamente recibe todos los días manifestaciones de miles de personas en la sede porteña de esa cartera por parte de las organizaciones sociales de izquierda. El bloque “Unidad Piquetera” presiona, precisamente, para ampliar el cupo en el Potenciar Trabajo, principal eje de la conflictividad social en lo que va de este año y que generó una decena de cortes en la 9 de Julio. “¿No ven que están generando una pelea de pobres contra pobres? ¡Carancho!”, se quejó ayer la vice.
La idea del Salario Básico venía siendo impulsada por referentes sociales como Juan Grabois, del MTE, y por dirigentes como el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional, Daniel Arroyo. Antes de sumarse al Ejecutivo, el ahora titular de la AFI, Agustín Rossi, dijo que le había hecho llegar una propuesta en ese sentido al propio Presidente. Pero los principales escollos al interior del Gobierno eran Guzmán y el ex ministro de Producción, Matías Kulfas, que la tachaban principalmente por su costo fiscal.
Con ambos fuera de la gestión, la medida tiene más chances de crecer, sobre todo en un contexto en que se rediscute la política económica en general. Parte de la presión que ejercía el sector más referenciado con Cristina sobre Guzmán, además, tenía que ver con la política de ingresos y la relación entre salarios e inflación, desfavorable para la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector formal como el informal.
Este último sector sería el principal beneficiado por la medida. De acuerdo al Registro de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTep), hay más de tres millones de informales en todo el país, y en nueve provincias superan incluso en número a los del sector privado formal. Según distintas fuentes consultadas por este medio, una de las posibilidades que se barajan sería empezar al menos por abarcar a todo ese universo, para morigerar el impacto fiscal en un primer momento, para luego llegar a todo el espectro de la informalidad, que es muchísimo más extenso (al IFE lo solicitaron trece millones de personas).
De implementarse, Argentina sería el primer país de la región en avanzar con una plena cobertura social de todos los sectores de la población. Algo que ya sucede con los pibes y pibas, a través de la AUH, y de las sucesivas moratorias jubilatorias. El Salario Básico Universal tendría un tamiz similar a ambas coberturas de la ANSES, pero sobre la población económicamente activa.
Según pudo saber este medio, La Cámpora coqueteaba con la propuesta desde hace tiempo. La iniciativa contaba con apoyo tibio de Máximo Kirchner, por entonces jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, pero el líder de esa agrupación no estaba convencido de dar un debate tan profundo con el ex equipo económico de la Rosada. El enfrentamiento de la vice con el Evita terminó por decantar la idea de impulsarla.
Hasta ahora, las posiciones en torno al Salario Básico son dos: que reemplace, como pide la vice, todo el sistema actual de planes sociales o, como proponen otros sectores, que complemente la política vigente, que viene desde que el Congreso sancionara a fines de 2016 la ley de Emergencia Social, impulsada por las organizaciones sociales, principalmente el Evita. Los cuadros del peronismo que piensan la política social tienen posiciones diversas en ese punto. Por ejemplo, Arroyo postula, como Cristina, rediscutir todo el esquema; mientras que el titular del INAES, Alex Roig, se inclina por implementar el Salario Básico únicamente para paliar la indigencia, pero continuar con la política de complementar el salario de las distintas ramas de la Economía Popular, tal como funciona hasta ahora.
Si bien la medida podría implementarse por decreto, ya hay un proyecto de ley de Salario Universal Básico presentado en mayo de este año por Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, y que cuenta con el acompañamiento mayoritario de otros 11 legisladores del Frente de Todos.
