Al igual que en el año 2008, el humo empieza a llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Estos incendios venían del Delta del Paraná medio -Entre Ríos y el norte de Buenos Aires-. Ese evento disparó la creación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná y varios proyectos para una ley de Humedales. De la misma forma, los incendios que sucedieron en 2020 (y se repiten todas las temporadas) también generaron un proceso de institucionalización. Uno fallido, que fue la presentación (por tercera vez) de la ley de Humedales, y otro exitoso, la modificación de la ley del Fuego. Esta modificación desincentiva el uso del fuego como una práctica para “limpiar” un territorio y poder avanzar con emprendimientos productivos, principalmente inmobiliarios. Sin embargo, el fuego utilizado como práctica agronómica en los campos ganaderos no se ve afectado por esta modificación, ya que antes y después del fuego el campo tiene la misma utilidad. Entonces, ¿es la ley de humedales la que frenará los incendios?
Antes de responder la pregunta, veamos qué son los humedales. Estos ecosistemas son complejos. No son terrestres ni marítimos, sino que el ciclo de subas y bajas del agua le da características particulares a estos sistemas sobre el ciclado de nutrientes, su vegetación y fauna. A su vez, son ecosistemas frágiles, ya que diferentes actividades que interrumpen esta dinámica ecosistémica pueden moldear sus características muy fácilmente. Los humedales son ecosistemas clave para el desarrollo de la vida silvestre y de los habitantes de la zona. Además, son fuentes de bienes y servicios ecosistémicos muy importantes para las personas. Estos van desde la captura de carbono y la mitigación de inundaciones, hasta la provisión de madera y alimentos. La importancia de estos ecosistemas aumenta exponencialmente en Argentina, ya que representan casi un cuarto de la superficie de nuestro país. Cuando hablamos de problemáticas en los humedales, estamos hablando de la minería en las turberas de Tierra del Fuego y en los salares de altura de Jujuy; estamos hablando del avance de la agroindustria forestal a gran escala en todo el NEA; estamos hablando de los emprendimientos inmobiliarios que avanzan en Buenos Aires y en los mallines patagónicos. Si bien el Delta del Paraná hoy ocupa la agenda mediática, es solo la punta del iceberg.
Ahora bien, ¿qué está pasando en el Delta? El Delta del Paraná ocupa unos 19.300 kilómetros cuadrados entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. El mismo es muy heterogéneo y tiene todo tipo de producciones. Pero una de ellas ha cobrado mucha importancia en los últimos meses a raíz de los incendios que se están generando para permitir el avance de la actividad: la ganadería.
Desde la ciudad de Rosario, se ven grandes columnas de humo que llegan desde la zona de islas de Entre Ríos. Miles de focos de incendios aparecen en las islas y se ha comprobado que los mismos son intencionales. La práctica de provocar fuegos a fin de habilitar tierras para la agricultura está prohibida en varias zonas del Delta del Paraná, mientras que en otras está permitido con un aviso previo y posterior regulación por parte de la autoridad provincial. En la práctica, muchas veces los productores ‘piden permiso’ o ‘avisan’ a las autoridades para encender fuego y gestionar un control. Pero en este caso claramente no se procedió así y el fuego se descontroló.
Más aún, desde 2020 el Ministerio de Ambiente viene presentando evidencias ante la Justicia de Entre Ríos para que avancen en la judicialización de estos hechos. Si bien no hay posibilidad de iniciar una causa penal, de mínimo una multa ejemplar sería necesaria para evitar que esta escena se repita. En este momento hay 4 detenidos:, los actores materiales de los hechos, ¿Y los intelectuales? El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, inició demandas judiciales contra los productores en cuyos campos hay fuegos, basándose en el cruzamiento de datos de la posesión de la tierra en el catastro con las imágenes satelitales, pero esas causas no han avanzado.
A nivel nacional, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego prevé apercibimientos y multas, entre otras sanciones, para quienes enciendan fuegos en bosques y pastizales, y para los que no den aviso a las autoridades. En el caso puntual de Entre Ríos, la quema está permitida con permisos de las autoridades competentes, todo enmarcado en la Ley 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego, que también dispone sanciones y multas para los infractores. No solo se han violado estas normativas, sino que realizaron esta práctica en un contexto de extrema sequía, y en un año con la bajante del Río Paraná más fuerte en mucho tiempo. Esto demuestra que hubo una falta de planificación y de reconocimiento de los impactos que iba a generar esta práctica en este contexto particular.
Estos impactos tienen que ver con, por lo menos, 3 variables que se entrecruzan: el ecosistema, la salud y la economía. En cuanto al primero, esta modificación fuerte del paisaje afecta la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Algunos de éstos son claves para el desarrollo de nuestra vida, como la amortiguación de inundaciones, la absorción de carbono y la provisión de alimentos para la gente que lo habita. Por otro lado, afecta la salud de las personas que habitan los humedales y sus cercanías. La Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires planteó que “todos los contaminantes en el aire se encuentran por debajo de los límites admisibles establecidos por la Ley 1356-CABA”, (imagínate lo que son los indicadores en Rosario). Por último, el Estado nacional y provincial destina muchos recursos para combatir los incendios. En estos años se ha fortalecido el sistema de manejo del fuego, pero si no hay prevención y control, no hay recurso que alcance. Actualmente hay dos bases operativas ubicadas en Alvear y San Pedro, con más de 120 brigadistas y 10 medios aéreos, asistiendo a la provincia para combatir los focos.
¿El problema es el fuego o el humo de la justicia?
En esta zona, la gran mayoría de la superficie tiene pastizales. El fuego es una práctica agronómica utilizada desde hace cientos de años para el rebrote de estos pastos, que mejora la nutrición del ganado. A su vez, también se ha demostrado que hasta puede ser beneficioso para promover una variedad de respuestas de la vegetación e incluso de biodiversidad. Pero para que esta práctica sea beneficiosa tiene que estar fuertemente controlada y, sobre todo, planificada. Y en este aspecto es donde la Ley de Humedales puede aportar elementos fundamentales. Desde ya que la sanción de la ley no va a apagar ningún incendio (para eso está la -incumplida- ley de manejo del fuego), pero nos va a dar mayores herramientas para mapear y planificar la producción en estos ecosistemas. Es decir, necesitamos una ley de humedales no para conservar y evitar la producción en todos los humedales del país, sino para poder planificar el territorio en base al respeto de las funciones ecosistémicas y las prácticas culturales y productivas de cada zona. El problema no es la producción en los humedales, sino la falta de control de las prácticas que solo se preocupan por la reproducción de las ganancias, que no respetan las dinámicas ecosistémicas y que socializan los costos ambientales que recaen sobre les más vulnerables.
Planteada la necesidad de tener una ley de humedales y de destinar mayores recursos al sistema de control y prevención, hay que decir que no hay ningún mecanismo ejecutivo o legislativo que funcione si la Justicia mira para otro lado. ¿De qué sirve tener una gran ley de humedales si nadie la cumple y no hay sanciones? ¿Qué mensaje se le da a todas las personas que buscan lucrar sin importar el costo ambiental cuando vemos que no se le da lugar a las causas que presenta el propio Ministro de Ambiente?
Gran parte de la agenda ambientalista se orienta a cuestionar la nula gestión o la falta de políticas públicas. Hay que avanzar en esos sentidos, pero, sin dudas, la mayor cuenta pendiente la tenemos en la Justicia. Lo que nos marcan estos incendios, con más urgencia que la necesidad de una ley de humedales, es la obligación que tenemos de plantear una reforma ambientalista de la Justicia. Sin justicia ambiental, no hay legislación que cuide nuestros bienes comunes de la avaricia desenfrenada. Sin justicia ambiental, no hay presupuesto que nos permita paliar los impactos de la crisis climática y ecológica. Sin justicia ambiental, no habrá justicia social.
