Diagnóstico
Según la página web del colectivo Inquilinos Agrupados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “del 22,1% de inquilinos que había en 2001 se pasó a más del 40% en la actualidad, lo que representa alrededor de 1 millón de personas alquilando unas 500 mil propiedades. Paralelamente, se construyeron más de 150 mil viviendas en los últimos 10 años, siendo el mayor boom inmobiliario del cual tiene registro la Ciudad. Hoy hay una vivienda cada 2 personas”. Es decir, hay viviendas disponibles, pero no hay condiciones ni posibilidades de acceder a ellas para amplios grupos de los habitantes de la Ciudad.
Tal como sucede con la mayoría de los indicadores sociales, la situación del acceso a la vivienda -en este caso a un alquiler, que ya es difícil para la sociedad en general- se complica aún más para las juventudes. Sabemos también que se duplica o triplica su dificultad para conseguir un empleo, que generalmente es precario, lo que complica, por ejemplo, tener un recibo de sueldo e ingresos registrados, uno de los requisitos exigidos por el mercado para alquilar.
Tomando en cuenta datos relevados por la consultora Taquion de mayo de 2022, podemos observar que las preocupaciones por trabajo y por vivienda se invierten en función de la edad, siendo les más jóvenes (posiblemente vinculado a la problemática del acceso al primer empleo y las condiciones de trabajo) quienes mayor preocupación muestran por la cuestión laboral (representa cerca de un 25% de sus preocupaciones). En la generación siguiente aparece con más fuerza la preocupación por el acceso a la vivienda, lo cual podemos vincularlo a las enormes dificultades de la independencia del hogar familiar por los elevados precios de los alquileres y la dificultad de acceso a un crédito.
Ante la pregunta “¿Cuán posible considerás que es acceder a una vivienda en Argentina actualmente?”, cerca del 90% de les jóvenes encuestades consideró que es poco o nada posible que eso suceda. En la misma línea, la mitad de les jóvenes de entre 26 y 38 años afirma que destina entre el 30 y el 50% de su sueldo en el alquiler, mientras que cerca del 18% dice que el pago mensual le insume más del 50% de su salario. Estos son algunos datos que dan cuenta de las percepciones de les jóvenes en cuanto a su posibilidad de acceder a una vivienda en la Argentina. O, más bien, de las enormes dificultades que tienen para acceder a ella.
Además de la Ciudad de Buenos Aires, como mencionamos al inicio, en otros centros urbanos de la Argentina también el mercado inmobiliario regula (o limita) el derecho a la vivienda, con un Estado municipal poco presente. Según la encuesta realizada por la Federación Nacional de Inquilinos, que relevó la opinión de cerca de 4000 mil inquilinos e inquilinas, las juventudes representan a más de un 50% de quienes alquilan en las distintas ciudades de Argentina. Regulación de precios y condiciones contractuales, beneficios para acceder a primera vivienda, subsidios al alquiler que no se concentren en las ganancias de las inmobiliarias o generen subas de los valores de mercado, entre otras medidas en favor de las juventudes, brillan por su ausencia en cada una de ellas. Tal como figura en el informe realizado por Inquilinos Agrupados en función de la encuesta citada, la gran cantidad de población que alquila en barrios populares (39,8%) habla de aquellos territorios donde no existen servicios básicos esenciales garantizados. Por otra parte, que un 20,4% viva en habitaciones y un 12% en pensiones, nos habla de inquilinas/os que viven en lugares minúsculos, muchas veces con baños y/o cocinas compartidas por valores iguales o mayores al mercado “formal”.
Alternativas reales
Siguiendo con el análisis sobre la situación del derecho a la vivienda, sobre todo en relación a los alquileres, podemos decir que hay posibilidades de regulación estatal y de generar políticas públicas singulares para las juventudes. En nuestro país, han habido iniciativas jurisdiccionales, destacándose una propuesta presentada en la provincia de Santa Fe (abril 2022) por un conjunto de legisladores provinciales (impulsada principalmente por la diputada provincial de Igualdad y Participación, Agustina Donnet) donde se proponen puntos nodales interesantes para mejorar el acceso de las juventudes al alquiler con una garantía estatal, un banco de inmuebles para el alquiler joven y la creación del fondo de crédito específico.
Si cruzamos el Atlántico nos encontramos con variadas y concretas propuestas en esta misma tónica. Por ejemplo, España ha lanzado recientemente el bono “alquilar joven”, pensado como un subsidio para ayudar a les jóvenes a alquilar. A su vez, cada ciudad y comunidad tiene programas de ayuda a las juventudes para los alquileres, algo que en los centros urbanos de nuestro país no sucede. En Alemania existe también un subsidio (wohngeld) para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no puedan pagar el total del monto del alquiler. El mismo se presenta y tramita en cada municipio o localidad del país. En Portugal se creó en 2019 el Programa de Arrendamiento Accesible, que promueve que se oferten viviendas para alquilar a precios inferiores a los del mercado para aquellos y aquellas personas con menores recursos, que muchas veces son los sectores juveniles. En Italia, a les jóvenes con menos de 30 años se les beneficia con deducciones fiscales del alquiler o incluso hay un bono dirigido a compensar a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler. Por su parte, en Inglaterra se apunta a la construcción de viviendas públicas para reducir el costo de los alquileres, y en lugares como Londres las ayudas para alquilar superaban, a mediados de 2021, los 400 euros mensuales. La situación en América Latina contrasta con estas realidades y se parece más a la de Argentina, con pocas regulaciones a los alquileres en general y pocos o nulos beneficios para el segmento juvenil.
Un punto a subrayar es que la mayoría de las políticas públicas que describimos para Europa se concentran en facilitar el acceso a un alquiler para les inquilines (jóvenes o no) o en intervenir en el mercado inmobiliario para desplazar los precios a la baja, construyendo vivienda pública como sucede en Inglaterra u obligando a que las viviendas ociosas ingresen al mercado inmobiliario o a la planificación estatal, como sucedió recientemente en Berlín.
Sin embargo, en la Argentina y la mayoría de los países de América Latina, las escasas políticas públicas que existen al respecto se enfocan en ayudar a las inmobiliarias, a los grandes propietarios o a los bancos, en lugar de orientar los recursos directamente a les sujetos que necesitan alquilar, sobre todo a quienes tienen menos posibilidades de hacerlo como les jóvenes de sectores medios y bajos. Un ejemplo a contramano de esta apreciación es la garantía que otorga el Estado uruguayo para les jóvenes que alquilan. Tal como figura en la página del Ministerio de Vivienda de Uruguay, se trata de un programa accesible, creado durante los gobiernos del Frente Amplio, “para acceder a una garantía con respaldo estatal con requisitos accesibles. La garantía puede ser individual o grupal: podés formar grupos junto a otros jóvenes para alquilar y sumar ingresos para alcanzar los requisitos”.
Caminos posibles
Tal como figura en el título de este documento, la vivienda es un derecho. Parece una obviedad, pero posiblemente sea uno de los derechos más legislados y más vulnerados en todo el planeta. Por eso remarcamos la obviedad. En esta línea, la dificultad de acceso a la vivienda trasciende a las juventudes: es un problema social y estructural, que profundiza las desigualdades en múltiples sentidos. Para atacarlo, hace falta más que una medida aislada, tal como se enuncia en el siguiente informe sobre la situación de la vivienda en la Ciudad:
Por la escala del problema habitacional, no alcanza sólo con la producción pública de vivienda, que por supuesto tiene que existir y ampliarse. Es imperioso poner sobre la mesa un mix de opciones para que el sector privado desarrolle viviendas asequibles, atenuando la lógica mercantil imperante. Para lograrlo, existen algunas opciones como el aporte de tierra pública por parte del Estado, el apalancamiento financiero para la construcción, la implementación de beneficios impositivos y/o subsidios a la demanda acotados a determinados emprendimientos. En definitiva, es preciso incidir fuertemente en la estructura de costos del sector, premiando muy decididamente la desdolarización*.
Ahora bien, mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (que desde 2007 es del mismo sector político-partidario) siga mirando para otro lado (el del mercado, el lucro y la ganancia) y no considere ninguna de estas opciones para garantizar el derecho a la vivienda desde la política pública, urge construir propuestas que beneficien a las juventudes, el grupo social más afectado por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Algunas de estas medidas, que necesariamente tienen que estar articuladas, podrían ser:
- Garantía de alquiler para las juventudes: Garantía con respaldo estatal para aquellas juventudes que lo precisen.
- Registro de inmuebles destinados a alquiler: Construir un portal web con todos los inmuebles destinados a alquiler, donde se visibilicen los precios, los comentarios de inquilines y las características del inmueble.
- Créditos blandos: Favorecer el acceso a créditos accesibles y crear un fondo de garantías que subsidie las tasas de interés y reduzca el monto de las cuotas.
- Programa ALQUIL. AR Joven: En el marco de la reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social (Ley de Alquileres), construir un programa destinado a las juventudes con el propósito de facilitar el acceso a un alquiler acorde al contexto y la realidad social a las juventudes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Política fiscal diferenciada para viviendas ociosas: creación de un registro público de viviendas ociosas o desocupadas que genere una carga impositiva mayor para las mismas.
- Estímulo al uso de suelos para la construcción de vivienda pública: esto podría ser tanto a nivel de incentivos fiscales, como de obras de infraestructura.
Reflexiones finales
Para concluir esta nota, pensamos que los procesos de formulación, implementación y evaluación de estas políticas públicas enfocados en las juventudes tienen que ser abordados desde la perspectiva generacional y con el objetivo de contrarrestar desigualdades.
En primer lugar, pensar estas políticas públicas con perspectiva generacional. Esto se logra superando las concepciones políticas adultocéntricas, desnaturalizando la noción de que la política pública para jóvenes debe estar formulada por adultos, y pensando en aquellos como protagonistas, no solo como sujetos de derechos, sino como productores y actores de sus propias políticas.
En segundo término, es necesario superar la visión estadocéntrica e ir hacia el reconocimiento de las ampliaciones de lo público, incorporar lo público-comunitario, lo público-social, lo público no estatal. Estas perspectivas permitirían aprovechar las capacidades juveniles existentes en el territorio y contrarrestarían la fragmentación y superposición, tan frecuentes en las políticas vigentes.
Como tercer punto, es necesario pensar lo generacional desde una dimensión transversal, no solamente a les jóvenes como participantes de las políticas públicas de juventudes, sino en el conjunto de la legislación y de las políticas públicas; que estas últimas sean integrales, multidimensionales, y conciban a les jóvenes como sujetos activos generadores de políticas, productores y protagonistas de las mismas.
Por último, pensamos en políticas públicas de juventudes que contrarresten las desigualdades en uno de los grupos más desiguales –y también más diversos- del subcontinente más desigual, es necesario generar igualdad reconociendo la diferencia.
*Nossa, Edgardo, Ons, Medina y Tavella, Gabriela (2022): Informe sobre el mercado de alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Despacho Manuel Socias, Legislatura CABA.
Ezequiel Perez: Docente, abogado e integrante del programa Argentina Futura (Jefatura de Gabinete de Ministros)
Pablo Vommaro: Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y Doctor en Ciencias Sociales. Investigador y profesor de la UBA y del CONICET. Co-coordinador del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GePoJu) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSoc-UBA)
