Los allanamientos y la posterior detención de 19 integrantes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA) ponen en foco el funcionamiento de las organizaciones coercitivas (popularmente denominadas “sectas”) en el país y la falta de una legislación específica que atienda todas las aristas de la problemática y brinde contención a las personas que han sido víctimas de estas instituciones.
“Hoy no tenemos un programa integral para la asistencia de las víctimas, cada uno se arregla solo, y no tenemos profesionales formados en este tipo de problemáticas, lo más cercano son los equipos que se tienen para personas víctimas de trata -dijo a este medio la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha-. Hay una cuestión muy específica de las personas que fueron víctimas de organizaciones manipuladoras. En la trata no hay voluntad de la persona de estar en esa situación, está obligada a prostituirse, mientras que en estas organizaciones no está dañada la voluntad”.
La organización en cuestión captaba personas a partir de BA Group, una escuela de “coaching ontológico” y “felicidad personal” en la cual se seleccionaban “alumnos” que ingresaban a la estructura de EYBA una pirámide vertical que constaba de siete niveles: en la punta se encontraba Juan Percowicz (hoy detenido), que se hacía llamar “el ángel” o “el maestro», secundado por “apóstoles” (nivel seis), “genios” (nivel cinco), “alumnos” (nivel cuatro) y “humanos comunes” (niveles tres, dos y uno).
Otras personas ingresaban a la organización en busca de una cura para algún padecimiento. Así lo relató Pablo Salum, la primera persona en escapar de EYBA siendo apenas un adolescente y que denuncia la situación desde hace 30 años. Salum tenía apenas ocho años cuando fue a la primera reunión de la institución junto a su madre, que padecía un problema de salud. “Pasé de tener una familia hermosa a no tener nada. Nos dejaron totalmente destruidos -describió-. Los nenes era obligados a tener relaciones sexuales con adultos y con sus propios padres”.
Salum y Macha elaboraron en conjunto un proyecto conocido como “Ley antisectas” para asistir de forma integral a las víctimas de organizaciones coercitivas, pero hasta el momento no se ha logrado su tratamiento en comisiones. “Es un tema que estamos intentando de instalar”, afirmó la diputada.
La iniciativa promueve la creación del Programa Nacional de Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia, y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos y define como víctimas a quienes “fueron obligadas a actos u omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de destrucción de la personalidad, así como aquellas sometidas a procesos coaccionados en los cuales una persona pierde en diversos grados, niveles de autonomía psicológica e independencia personal”.
Aún así, en declaraciones radiales Salum ha señalado una particularidad de estas instituciones: que quienes son víctimas a veces llegan a convertirse en victimarios con el pasar del tiempo y el ascenso en la pirámide. Es por eso que el proyecto aclara que el reconocimiento como víctima no exime “de responsabilidades y consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas, cuestión a dirimirse en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes”.
Otro aspecto destacado por Macha es que las organizaciones coercitivas suelen persuadir a sus víctimas para obtener dinero y bienes. En el caso de EYBA, la Justicia actuó por los delitos de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre -agravado por coerción-, hurto agravado, lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio irregular de medicamentos y tráfico de influencias.
“Una característica de muchas organizaciones es el ejercicio de la trata, la prostitución y la pedofilia. Y es por eso que se logran los allanamientos y la detención de las personas. Pero hay organizaciones que manipulan y no necesitan este trasfondo. Nos faltan en el Código (Penal) figuras que sanciones desde otro lugar esta situación, es importante catalogarlo como un delito”, dijo la diputada del Frente de Todos.
Hasta el momento, solo la provincia de Córdoba cuenta con un mecanismo para contener a las víctimas de estas organizaciones. “Aunque se construye una red, las familias que tienen un ser querido captado por organizaciones de estas características deambulan en soledad -sostuvo Macha-. La vulnerabilidad es un caldo de cultivo para caer en estas situaciones. Que alguien de nuestra familia ingrese a esta situación es un proceso paulatino y necesitamos que a partir de este caso que tiene tanta difusión haya más conciencia de la población sobre estas organizaciones”.
