La furia le brota a María Belén con tanta fuerza que su voz, amplificada por el megáfono, de repente se quiebra. “Yo sabía, que a los pibes, los mató la policía”, canta con el último hilo que le queda en la garganta. Agita los brazos, hace saltitos cortos. Está afónica, pero se las arregla para dirigir la batuta de la columna de familiares de víctimas de gatillo fácil que avanza por Avenida de Mayo, rumbo a la Rosada. Son las tres de la tarde en el centro porteño cuando un patrullero de la Ciudad se cruza perpendicular a unos 50 metros de los manifestantes. María Belén lo corre, lo persigue, como para cantarle de más cerca, como para que se escuche: “Yo sabía…”.
María Belén Vasallo es la tía de Pablo “Paly” Alcorta, un joven de 17 años que recibió un tiro en la cabeza cerca de una cabina de peaje de Morón de parte del policía bonaerense Diego Ariel Tolaba en mayo de 2013. Desde entonces acompaña a su hermana Emilia, la mamá de “Paly”, a cada marcha, tribunal, escrache, reunión, lo que sea.
La bronca le crece todos los días, dice, sobre todo desde que el asesino haya sido declarado inocente después de que Tribunal Oral 4 de Morón comprara la versión del homicida. Ella lo explica así:
“Pablo Alcorta, mi sobrino, fue ejecutado el 13 de mayo de 2013 por el policía Diego Ariel Tolaba. El tiro le entró por una sien y le salió por la otra. La bala lo dejó ciego y en estado vegetativo durante ocho meses, hasta que lo terminó de matar el 6 de diciembre de ese mismo año. A partir de ese momento empezamos esta lucha contra el poder policial, contra el poder judicial y contra el poder político, que es cómplice, que es encubridor, que es verdugo de nuestros pibes. Yo vengo acá como la tía de Pablo, pero no vengo solo por él, sino por todos los pibes que son ejecutados. A nuestros pibes las balas siempre les entran por la nuca, por la espalda. Y no es una sola bala, les vacían el cargador. Los fusilan. En todo el país, todo el tiempo”.
“Van a seguir matando, porque la policía cuenta con la complicidad de los jueces, tienen impunidad. Son muy pocas las condenas que se consiguen. Es una política de Estado matar a los pibes. Nosotros decimos que tomar una birra, tener gorra, no te hace delincuente. Ellos son los delincuentes, que patrullan más duros que la realidad que estamos viviendo. Y me pregunto: ¿no nos ven? Cada vez somos más los familiares que marchamos, cada vez más pibes muertos. Cuando yo empecé a marchar en 2015, contábamos 5 mil casos en democracia, este año, en esta que es la octava marcha, contamos más de 8 mil. Esa es la realidad”.
Los números del gatillo y de la impunidad
La octava marcha nacional contra el gatillo fácil se dió en el marco de “entre unos 400 y 500 casos por año de muertes producto de la violencia policial e institucional”, tal como aseguró a El Grito del Sur María del Carmen Verdú, abogada de familiares desde hace más de tres décadas y referenta de la Correpi. El último informe de esa organización revela que durante 2021 fueron asesinadas 981 personas por el Estado, “en sus diferentes modalidades represivas”.
De acuerdo a los archivos de Correpi, la policía bonaerense asesinó de manera injustificada a unas 390 personas durante los últimos cinco años, y la Policía de la Ciudad hizo lo propio con otras 121 víctimas más. Si se hace un promedio sobre la cantidad de agentes armados de cada fuerza, la letalidad de ambas es bastante similar. Lo mismo sucede con la Federal. Son números estables que dan cuenta de un genocidio de pibes pobres por goteo que no se ha podido revertir desde la vuelta de la democracia, contando a todos los gobiernos.
Por eso, los familiares que marcharon este viernes dejaron los rostros de las víctimas y de los victimarios pegadas sobre las rejas de la Casa Rosada, a modo de denuncia transversal sobre todas las fuerzas políticas.
Así lo explica Angélica Urquiza, mamá de “Kiki” Lezcano, un pibe de 17 años de la villa 20 asesinado (junto a su amigo Ezequiel Blanco) por el oficial de la Federal Daniel Santiago Veyga, en 2009:
“No es un solo gobierno. Son todos los gobiernos. Por supuesto que no es todo lo mismo, a mi me tocó ir a juicio cuando había una ministra de Seguridad (por Patricia Bullrich) que decía que no iba a revolear policías. Al asesino de mi hijo, que apareció enterrado como NN en la Chacarita, lo dejaron libre para que siga matando. Él puede abrazar a su hijo, yo no. Yo lo voy a seguir extrañando y llorando hasta el último día de mi vida. Por eso venimos hasta la Rosada, para que la gente y la política vea las remeras, los carteles, la lucha que estamos dando”.
Según un informe reciente del CELS, solo el 15 por ciento de los agentes imputados por gatillo fácil terminan finalmente condenados. El estudio del organismo se basó en unos 32 expedientes que cursaron en el Fuero Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires entre 2010 y 2018, a través de los cuales se investigó a agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y locales por ese crimen específico, cuyas víctimas son sobre todo varones jóvenes de los sectores populares. De esas 32 causas, 21 terminaron en absolución o sobreseimiento, dos tercios del total. Hubo sólo 13 procesamientos, y apenas 5 de los procesos judiciales terminaron en una condena efectiva.
“La lucha contra la impunidad yo la doy todos los días desde mi casilla en la villa, esto es cotidiano para mí. Y no tiene que ver sólo con el gatillo, porque también nos matan de hambre”, resumió Angélica.
