Este miércoles 10 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizará el primer paro nacional desde que asumió como presidente Alberto Fernández. La medida surge en respuesta a la «criminalización y judicialización de la protesta social» en Chubut, que derivó en un fallo reciente que condena al dirigente gremial Santiago Goodman. «Va a haber una alta adhesión al paro, la preocupación por el tema del salario es grande y además hay una gran solidaridad por lo ocurrido en Chubut», señaló a El Grito del Sur Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.
La Justicia declaró culpable la semana pasada al ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y actual secretario gremial de CTA Chubut, Santiago Goodman, tras ser acusado por el delito de incendio gravoso a la Legislatura durante unas protestas ocurridas en septiembre de 2019. Los sucesos por los que condenaron a Goodman, que contemplan penas que van de tres a diez años de prisión, se produjeron como reacción al fallecimiento en un accidente de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, luego de un vuelco sobre Ruta 3 cuando volvían a Comodoro Rivadavia desde Rawson tras participar de una jornada de protesta contra el pago escalonado de los salarios por parte del gobierno de Mariano Arcioni.
«En el año 2019, las y los docentes de Chubut no cobraban sus haberes o, cuando lo hacían, eran recibidos en cuotas sin aumento. Fueron dos años así, lo cual motivó diferentes medidas como carpas y movilizaciones. Muchos compañeros y compañeras no llegaban a fin de mes y tampoco tenían para comer. En ese contexto se dio el procesamiento de Santiago Goodman y ahora esta injusta condena», recordó Sonia Alesso.
Desde CTERA señalaron en un comunicado que se trató de «una causa ¨armada¨, con ¨espionaje ilegal¨, en medio de una situación social grave en la provincia con atraso de salarios de dos y tres meses, con un ajuste salvaje». La dirigente gremial planteó que «no hubo una citación de la Justicia provincial para que expliquen por qué no se pagaban los sueldos docentes y estatales, pero sí se condenó a un dirigente sindical. Es muy doloroso ver esta condena y significa un pésimo antecedente para cualquiera que pelee por el salario».
CTERA repudió el fallo de la Justicia y exigió la absolución de Santiago Goodman. También reclamó la apertura de las paritarias provinciales y la convocatoria a los gremios docentes para discutir la jornada extendida. Hoy son al menos cuatro provincias en conflicto: Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe.
El paro será «contundente» y se espera una alta adhesión en todas partes, incluida la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA, vinculó la condena a Goodman con «las políticas de ajuste a nivel nacional en términos educativos durante el gobierno de Macri». «La consecuencia del no-pago del salario es que los docentes tengan que generar iniciativas para cobrarlo. Hay sectores que tienen la intencionalidad de reprimir la actividad gremial, basta recordar la Gestapo sindical así como los 600 docentes y directivos que fueron sumariados. Es un antecedente grave que por luchar y demandar algo legítimo se lleve adelante un juicio en el marco de la criminalización de la protesta social», agregó Almazán en diálogo con este medio.
Respecto a la coyuntura económica, el conjunto de la docencia mira con cierta preocupación el futuro cercano y las primeras medidas tomadas por el ministro Sergio Massa. Por un lado, el índice de inflación que se va a conocer esta semana podría activar nuevamente la cláusula de revisión y monitoreo para recomponer los salarios. Por el otro, esperan una batería de medidas que pongan un freno a la inflación y beneficien a las y los trabajadores. «Argentina no es un país pobre, el problema es que la riqueza está repartida en muy pocas manos. Nos preocupa la situación de pobreza y eso lo vemos todos los días en las escuelas porque lo sufren nuestras niñas, niños y jóvenes. Lo mismo ocurre con los docentes, que están viendo disminuido su poder adquisitivo», concluyó Alesso.
