La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un amparo para que el Ejecutivo porteño “se abstenga de continuar con las amenazas, robos y acciones violentas” sobre las personas en situación de calle. El recurso fue trabajado a la par de organizaciones sociales vinculadas a la problemática, quienes registraron distintos operativos comandados por la Policía de la Ciudad y por funcionarios del Ministerio de Espacio Público durante los últimos tres años en los que esa violencia aparece más que documentada, a través de fotos, videos y testimonios varios, que fueron incorporados a la causa como elementos probatorios.
“Recibimos las denuncias de las organizaciones y entendimos que no se trata de hechos aislados, sino que los desalojos y el hostigamiento de personal del Gobierno porteño sobre las personas en situación de calle son algo sistemático, se trata de una política pública. La prueba es contundente al respecto y nadie puede negar que esa conducta violenta debe cesar de alguna forma”, dijo a El Grito del Sur Mariano Przybylski, director del área de Violencia Institucional de la Secretaría de DDHH.
La denuncia original tuvo la forma de un habeas corpus, pero fue reformulada como recurso de amparo y ya tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo número 20 de la Ciudad, a cargo de la jueza Cecilia Mourido. En paralelo, desde la Fiscalía de Violencia Institucional del mismo fuero se abrió una investigación a fin de recabar nuevas evidencias. Referentes de las organizaciones comenzarán a declarar este viernes.
“Hace años que estos actos de violencia del Gobierno de la Ciudad sobre la gente en calle suceden de forma casi cotidiana. Nosotros veníamos denunciando esa situación en distintos espacios, incluso públicamente, pero llegó un punto de hartazgo, porque no paraban. Entonces decidimos que tenía que tener un cauce institucional, y como una problemática relacionada con los derechos humanos. Entonces comenzamos un trabajo muy arduo, no sólo del registro detallado de los casos, sino también en el sentido político que queríamos darle a la presentación judicial, que tiene un objetivo muy concreto y es que haya una política pública efectiva que proteja a los compañeros de la violencia, que esa violencia cese de una vez”, explicó a este medio Jorgelina Di Iorio, de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.
“Todo empezó con las denuncias de la Asamblea, que son las organizaciones que están en la calle todos los días. E invitamos a todas las organizaciones a que acompañen lo que estamos planteando, con el objetivo de que sea un amparo lo más colectivo posible. Esta violencia tiene que parar”, agregó Przybylski.
En el expediente original figuran al menos 12 casos registrados a partir de 2020 y hasta bien entrado este año. Hay de todo: desde desalojos forzados sobre ranchadas a plena luz del día, con el respectivo decomiso de las pocas pertenencias de quienes duermen en la calle, frazadas, colchones y cartones; hasta amenazas verbales, agresiones físicas y el uso de mangueras de agua como elemento disuasorio. Todo para “limpiar” el Espacio Público de “Asentamientos Precarios”, uno de los “servicios” que brinda el ministerio denunciado.
“En general, las denuncias recibidas son realizadas por organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de calle. Los operativos son llevados a cabo por agentes de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad (muchas veces sin identificación), que suelen realizar los desalojos de las ranchadas en horario nocturno, aunque también hay casos en que realizan sus acciones de día. Agregan que de los operativos participaron también agentes de la Policía de la Ciudad, aunque éstos van como acompañantes, mientras que los agentes de Espacio Público son quienes realizan los operativos”, dice la denuncia.
Uno de los casos, registrado en marzo de este año, resulta emblemático. Las organizaciones reconstruyeron el tormento al que fue sometido Mario Carrizo, un varón de 40 años que paraba entre Avenida Chiclana y Rondeau, en Parque Patricios. En un lapso de 20 días, a Mario le robaron todas sus pertenencias en tres operativos distintos, uno tras otro. Incluso se llevaron elementos de abrigo que le habían donado los vecinos que se habían solidarizado con su situación. “Venimos a desinfectar esta vereda. La próxima te llevamos a vos en el camión”, llegaron a decirle.
El caso recuerda al que, hace ya casi 15 años, en 2008, otro grupo de organizaciones inició contra la entonces Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), una patota paraestatal creada por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri, de la mano de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, conformada por barrabravas con el único objetivo de desalojar a los golpes a las personas en calle. La denuncia sirvió para desarticular la patota (y procesar al propio Simón), pero en 2012 la Defensoría del Pueblo porteña elevó un nuevo informe que describía detalladamente cómo ese rol había sido ocupado años más tarde por la Policía y agentes de Espacio Público, la misma situación que hoy vuelve a estar ante la justicia.
“Lo que está claramente en juego es la libertad ambulatoria de las personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires”, argumenta el texto de la denuncia. Desde la Secretaría de DDHH apuestan a que el juzgado convoque a alguna audiencia para ver qué tiene para decir el Gobierno de la Ciudad al respecto o directamente ordenar algún tipo de acción específica en protección de las personas en calle. “Nadie puede negar que esta violencia está sucediendo ahora mismo en la Ciudad de Buenos Aires”, cerró Przybylski.
