La jueza a cargo del juzgado Contencioso Administrativo nº 20 de la Ciudad, Mónica Lourido, dictó este viernes una medida cautelar que protege a las personas en situación de calle de los abusos de los funcionarios del área de “Higiene Urbana” del Ministerio de Espacio Público porteño y de la Policía de la Ciudad. La medida había sido solicitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a raíz de una serie de denuncias presentadas por organizaciones sociales vinculadas a la problemática.
La jueza le ordenó al Gobierno porteño que “extreme los recaudos” en el trato hacia la población en calle y que los operativos de limpieza en las calles se limiten “al cumplimiento de los protocolos” de intervención sobre esa población. En concreto, los agentes encargados de la “limpieza” de la vía pública deberán de ahora en más abstenerse de levantar colchones, retener pertenencias o desalojar por la fuerza a quienes estén “ranchando” en las veredas. Todos los operativos, además, deberán realizarse obligatoriamente con la presencia del Programa Buenos Aires Presente (BAP).
“Es un fallo que intenta poner un freno a violencia que las organizaciones vienen denunciando y nuestra tarea de ahora en más es velar para que se cumpla efectivamente”, dijo a El Grito del Sur Mariano Przybylski, director del área de Violencia Institucional de la Secretaría de DDHH de Nación.
La causa había sido impulsada por la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, que proporcionó fotos, videos y testimonios de unos once operativos violentos comandados por la Policía de la Ciudad y por funcionarios del Ministerio de Espacio Público sobre distintas ranchadas durante los últimos tres años.
“Lo que dicen las organizaciones es que personal de Espacio Público y la Policía de la Ciudad, de manera violenta y casi siempre en horarios nocturnos, hostigan y amenazan de manera deliberada a las personas en situación de calle y les roban las pocas pertenencias que les cuesta juntar. Y uno de los puntos más interesantes de la cautelar es que la jueza le ordena al Gobierno que no se puede secuestrar ni incautar ni tampoco llevarse ninguna de las pertenencias que son de la gente, por lo que da cuenta de que esto sucede y que la denuncia está cabalmente documentada”, explicó Przybylski.
Algunos de los operativos que la jueza consideró prueba suficiente para la cautelar describen un destrato cruel:
- El 11 de febrero de 2021, a las 2 de la mañana, en la esquina de Corrientes y Riobamba, “personal de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad desalojan una ranchada, tirando y pateando las únicas pertenencias de las personas que se encontraban viviendo allí, ante los gritos de las personas reclamando por sus cosas”.
- El 27 de mayo de 2021, también de madrugada, en Pasaje del Carmen y Viamonte, “agentes de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires levantan camas y colchones pertenecientes a personas en situación de calle. Las pertenencias son tiradas en un camión de basura que tritura los elementos “robados” por el Gobierno de la Ciudad. No sólo les sacan sus objetos, sino que se los rompen en frente de las mismas personas. Asimismo, se puede ver cómo las propias víctimas relatan que les indicaron que debían irse de ese lugar”.
- El 22 de marzo de este año, cerca del mediodía, en Juan Bautista Jantin al 2100, “los agentes públicos llegaron y, sin mediar palabra, comenzaron a cargar en el camión las pertenencias de Mario Carrizo (40 años), quien paraba en ese lugar. Se llevaron un colchón, una frazada, un cochecito, una lona de lluvias, un grabador, una radio portátil y ropa (pantalones, remeras, camisas, medias, zapatillas, ojotas), mientras la policía observaba”.
“Ese mismo día, a las 23 hs., se presentaron nuevamente agentes de Espacio Público con la Policía y se llevaron parte de las cosas que le habían donado los vecinos ese mismo día: una bolsa de dormir, un equipo de mate, una remera y la mochila con las pertenencias de Mario, además del acta de defunción del padre y otros documentos. En esta oportunidad, según el relato recibido, la Policía lo amenazó refiriendo que si no se iba de esa calle, la próxima vez lo iban a cargar en el camión a él”.
El Gobierno porteño, por su parte, “no hizo ninguna referencia a los videos acompañados a la demanda” en el marco del expediente, según deja constancia la jueza en el fallo, sino que se limitó a asegurar que el BAP estuvo presente en los operativos.
“El Ejecutivo no dice absolutamente nada de la gravedad de los hechos denunciados y lo que está ocurriendo, lo único que dice es que tiene un protocolo y la jueza le contesta que evidentemente no se respeta”, señaló Przybylski al respecto.
Otra de las exigencias de Lourido es que los agentes se identifiquen, algo que no sucede casi nunca y hace recordar a los procedimientos de la vieja Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), la patota paraestatal que golpeaba a la gente en calle bajo las órdenes del ex asesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que fue procesado hace más de diez años por ese mismo motivo.
