Mucho se habló sobre las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola que durante 9 jornadas realizaron un alegato tan largo como vacío de pruebas contundentes. Al día siguiente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó su alegato por fuera del permiso oficial del tribunal y el resto de lo que sucedió estas semanas es historia. Pero, ¿qué siguió sucediendo en el juicio desde aquel momento? ¿Por qué no fue tan difundido por los mismos medios que inflaron a los fiscales?
Desde el pasado lunes 5 tuvo lugar la respuesta de los abogados de la defensa. Los días lunes, martes y viernes se suceden, hasta concluir, los alegatos que sin tanta propaganda, van desmantelando la acusación que los fiscales construyeron. A continuación, damos un repaso por los principales argumentos hasta ahora volcados.
El primero en contestar fue el abogado de Héctor Garro, Mariano Fragueiro Frías. Su acusado fue titular de Vialidad en Santa Cruz durante seis meses entre los años 2005 y 2006. El argumento principal que se esgrimió es que los cargos imputados ya fueron juzgados por los tribunales de la provincia santacruceña y resolvieron que no hubo delito. Por lo que se plegó al argumento de “cosa juzgada”.
Asimismo al tratarse de un funcionario local, regido por la Constitución de Santa Cruz, a la Justicia Federal no le incumbe el caso por lo que se atropella el derecho provincial y la acusación se encuentra por fuera del marco constitucional. El abogado citó: “los fiscales federales de la Capital Federal se quieren arrogar funciones e interferir en la Justicia de Santa Cruz, que ya se pronunció. Nadie puede decir si está bien o está mal. A eso se refiere la autonomía de las provincias. Lo contrario es afectar directamente al federalismo (…) Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”.
Al día siguiente correspondía la defensa a otro extitular de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Collareda, que ejerció entre los años 2008 y 2016. Luis Alonso Martínez, el representante legal, recordó al jurado que durante el macrismo se realizó una auditoría a cargo de su propio titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel. El funcionario a cargo de esta auditoría, Leandro Martín García, fue citado como testigo en esta causa y declaró que no encontró delito por parte de Collareda. Textualmente: “no había visto una situación que pudiera calificar como anómala”.
Otra inconsistencia que remarcó fue una contradicción conceptual de la acusación. Los fiscales en su alegato, plagado de subjetividades, citaron que Mauricio Collareda no hacía nada y que se podían haber ahorrado su sueldo. Sin embargo, de “no hacer nada” -según los fiscales- pasó a ser una pieza clave en el esquema de corrupción.
El viernes 9 fue el turno de la defensa de Héctor Raúl Daruich, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, a cargo de Mario Ganora. Su estrategia no fue tan agresiva como las que le precedieron, pero también buscó la absolución de Raúl Daruich o, en su defecto, una condena en suspenso.
Apoyado en jurisprudencia, explicó que -a su entender- en base al argumento de la fiscalía, no se trató de un delito de administración fraudulenta sino de estafa. En una figura hay dolo y en la otra no. Agregó que su defendido no tenía a cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos. Ganora recordó que en el propio alegato formulado por el fiscal Mola el 16 de agosto de este año, “él dice que las facultades de supervisión no estaban regladas”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, remató.
En general, aparte de las acusaciones particulares, los tres letrados a cargo de la defensa coincidieron en la utilización política y mediática de la Justicia, así como la falta de un juicio sujeto a derecho violando las garantías de debido proceso y el derecho de defensa. Cuesta comprender cómo la mayoría de los medios de comunicación consideraron de gran relevancia las nueve (nueve!) jornadas de alegatos de la fiscalía y apenas dedican tiempo a explicar los argumentos de la defensa.
Hoy fue la primer jornada de alegato de Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien utilizará dos sesiones por lo que se extenderá hasta este martes. Su defensa, de modo similar a la de Cristina, tiene un foco mucho más político porque no hay acusaciones de los fiscales que vayan más allá del “tenía que saber lo que pasaba”. Por lo que se cuestionó la imparcialidad del proceso y se lamentó por el funcionamiento general del Poder Judicial. “Hemos perdido toda fe en el Estado de derecho. No tenemos ninguna expectativa en que el Tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de las garantías constitucionales que ha sucedido en este debate”, dijo.
El próximo en alegar será el subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y se espera que el turno de CFK sea el próximo lunes 19, por lo que con toda probabilidad este proceso volverá a ser tapa de los principales diarios y portales. Ella será la sexta de 13 imputados que tendrán la oportunidad de desarrollar sus alegatos finales ante el Tribunal Oral Federal N°2 presidido por Rodrigo Giménez Uriburu. Una vez concluidas las rondas de la defensa, el TOF 2 deberá expedirse en un fallo condenatorio o absolutorio, lo que podría ocurrir entre noviembre próximo y marzo de 2023. Una vez conocida la sentencia, la Cámara de Casación Penal recibirá las apelaciones correspondientes y aquí los tiempos empiezan a depender más de la política que de la Justicia. En esta instancia se puede abrir un abanico innumerable de opciones, con recusación de jueces, pruebas, procedimientos, etc., lo que podría, incluso, extender los tiempos al 2024.
Una vez que se conozca el fallo de la Cámara de Casación, los acusados tendrán la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, última instancia judicial del país. Si esto sucede, la sentencia definitiva podría llegar a fines del 2024 o incluso principios de 2025.
