En paralelo al “protocolo anti-tomas” que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, utiliza como fundamento para denunciar a los padres de los alumnos, la Policía de la Ciudad cuenta con el suyo propio, que va mucho más allá: habilita a los agentes nada menos que a ingresar dentro de los establecimientos educativos.
Fue bautizado “Protocolo de Ingreso a los Establecimientos Educativos de la Ciudad de Buenos Aires” y aprobado el 28 de marzo de 2018 vía la Resolución 86/2018 del Ministerio de Seguridad de la Ciudad (entonces con rango de secretaría), apenas 40 días después de la entrada en vigencia del protocolo anti-tomas de Acuña, el 14 de febrero de ese mismo año.
“Son tan peligrosos como complementarios, son dos caras de la misma intención de escalar los conflictos”, explicaron a El Grito del Sur fuentes judiciales sobre la simultaneidad de ambos protocolos, algo que pudo verse con claridad este miércoles, en que coincidieron la presencia de patrulleros y consignas cerca (aunque por ahora no dentro) de las escuelas con las citaciones judiciales a los padres y las madres, notificadas a su vez por la propia Policía.
La resolución resulta bastante llamativa por dos motivos: en ningún momento aparece la palabra “educación” y, además, el “Anexo” con el detalle mismo del “protocolo” en cuestión nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Ese detalle espinoso tiene varias aristas: según cómo se lo interprete, podría no tener vigencia real o, en el peor de los casos, esconder otro tipo de intenciones.
De hecho, la Asesoría Tutelar Número 1, a cargo de la doctora Mabel López Oliva, cuestionó que no se le haya dado publicidad, como parte del recurso de amparo que presentó en 2018 para frenar el protocolo de Acuña. Luego de obtener un fallo favorable en primera instancia del Fuero Contencioso, la medida fue rechazada de plano por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porteño, que le dio la razón a la apelación del Gobierno de la Ciudad. En ese marco, el entonces secretario y actual ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, presentó un escrito en el que se excusaba en hacer público el anexo de la resolución que habilitaba el ingreso de la Policía a las escuelas porque solo era útil a los efectos “de la comunicación interna” de la fuerza.
Quienes si publicaron la letra chica dicho “protocolo” fueron les docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), al menos la versión que se desprende del expediente mismo, de hace cuatro años. Desde el entorno de D’Alessandro confirmaron a este medio que el protocolo “está en vigencia” a pesar de no haber sido nunca publicado oficialmente.
Según el documento filtrado por UTE, el primer artículo del protocolo dice que “el personal policial podrá ingresar a los edificios o inmuebles escolares cuando sea requerida su presencia por alguno de los miembros del equipo de conducción del establecimiento”. “En cada caso se actuará con estricta sujeción a los protocolos policiales y reglas de procedimiento que sean aplicables a la situación de hecho que motiva la solicitud de intervención”, aclara.
A partir de allí, la norma se divide en dos caminos: cuando la Policía es convocada “por orden judicial”, y cuando no, es decir, “ante circunstancias de urgencia”. En el primer caso, dice, “se notificará la medida de forma previa a las autoridades escolares”, es decir, el procedimiento es notificado de antemano. Y además tiene un aval judicial: explicita que la actuación debe darse “de acuerdo con las instrucciones fijadas por el tribunal u órgano judicial competente que la dispuso”.
Pero en el caso inverso, no hay nada de eso: “Ante circunstancias de urgencia y/o que no admitan demora, existiendo riesgo para la vida o integridad física de los estudiantes y/o personal docente y no docente que concurre al establecimiento, podrá ingresarse sin recabar el permiso de las autoridades escolares”, dice. ¿Quién determina la “urgencia”? Según el texto, la propia fuerza.
“No interviene ningún juez, nadie. Básicamente habilita a que pueden hacer lo que quieran”, describió sobre la peligrosidad del asunto un funcionario judicial vinculado al tema.
En ese caso, además, también es la propia fuerza la que fijará los criterios para “el uso racional de la fuerza” mediante “los protocolos, estándares y principios vigentes”. Habrá que ver si, llegado el caso, los agentes porteños no aplican en las escuelas los mismos estándares que utilizan en los barrios populares y sus alrededores, donde este medio pudo relevar que cometieron 38 asesinatos vía gatillo fácil en los últimos seis años.
Consultados sobre ese punto, cerca del ministro D’Alessandro aseguraron que “los policías no entran a las escuelas armados” y lo hacen “siempre con una autoridad del colegio”. “Igualmente acá en las tomas de esta semana no han ingresado”, aclararon.
La comunidad educativa del Colegio de Artes Visuales Rogelio Yrurtia, sin embargo, denuncian que no es así, y que tuvieron presencia policial dentro del establecimiento este lunes. En el Mariano Acosta, por citar otro caso, efectivos y patrulleros estuvieron por lo menos toda la noche del domingo merodeando la toma, como lo demuestran las fotos. Varias y varios estudiantes denunciaron también que les fueron enviados patrulleros a las casas de sus madres y padres mientras permanecían en las tomas.
Hace cuatro años, además, casi en simultáneo a la entrada en vigencia del “protocolo”, estudiantes de la escuela de Bellas Artes D.E 21 “Lola Mora” denunciaron que efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Prefectura “palparon” a algunos de ellos y requisaron sus mochilas.
En junio de 2018, además, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires fue objeto de polémica cuando repartió un instructivo que daba órdenes a directivos sobre “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o retira a un alumno del establecimiento”, que despertó el rechazo de la comunidad educativa. “Si se cumple con lo anterior las autoridades de la escuela no deberán intervenir con el accionar de las fuerzas de seguridad”, decía el manual, que fue retirado de circulación.
“La escuela no es un lugar para la Policía”, le dijo a este medio Eduardo López, secretario adjunto de UTE. “El Gobierno de la Ciudad quiere resolver los conflictos con el Código Penal y un protocolo policial, cuando lo que hay que hacer es respetar la ley que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa es la postura histórica de los docentes”, aclaró.
“Rechazamos todo hostigamiento, la utilización de la fuerza que están haciendo, que nos remonta a la época de Ramón Falcón. La policía debería estar en el centro, evitando robos, y no persiguiendo estudiantes y docentes”, agregó.
Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles contaban este miércoles más de 40 notificaciones enviadas a padres y madres de parte de la fiscal María Laura Presedo, a partir de las denuncias de Acuña. “Las denuncias son ridículas, pero preocupan por la carga de persecución política que conllevan”, aseguró una madre que prefirió resguardar su identidad.
