Después de haber estado este viernes en la Plaza, un acto multitudinario y pacífico, alegre y fervoroso, resulta un poco más fácil escribir. No tenemos aún los datos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido en Recoleta, tampoco es fácil esperanzarse con una reacción conjunta de la dirigencia política, como exigiría la ocasión: pese al repudio del atentado por muchos dirigentes opositores no faltaron quienes -como Patricia Bullrich- se olvidaron de la agresión a Cristina para condenar el discurso apaciguador del Presidente. Finalmente, el PRO mostró que el antiperonismo es más fuerte que cualquier preocupación por las instituciones, retirándose de la sesión de Diputados.
La masiva respuesta a la convocatoria de Plaza de Mayo, reeditada en las principales ciudades del país, cierra una coyuntura caracterizada por la ofensiva contra el campo popular y la dificultad de nuestra parte para dar una respuesta unitaria y eficaz. Como en Semana Santa o en el repudio al 2 por 1, el pueblo salió a la calle a defender la democracia y esta participación activa modifica en buena medida la situación política. Se movilizaron todos los sectores del peronismo, los sindicatos, los movimientos sociales y el movimiento de Derechos Humanos, una base importante para buscar un consenso más amplio que aísle a la minoría que ha declarado la guerra al movimiento popular.
Antes de que avance la investigación, resultaría arbitrario establecer relaciones precisas entre el criminal intento contra Cristina Kirchner y los discursos y actitudes de la oposición. Es inevitable, sin embargo, considerar que la escalada de manifestaciones agresivas hacia la vicepresidenta y el gobierno nacional en los medios hegemónicos y en los actos del macrismo generan el contexto en el que se inscribe el intento de magnicidio. Basta recordar las espantosas afirmaciones de quienes desean verla muerta y afirman que sólo entonces estarán tranquilxs o las exhibiciones de bolsas funerarias con los nombres de dirigentes del FdT y de los organismos de Derechos Humanos en actos macristas, entre muchas otras actitudes igualmente agraviantes de Milei, Espert y otros. No es razonable equiparar estas graves agresiones de la oposición con la beligerancia en la polémica que se manifiesta en ciertos medios oficialistas. Aquellos exabruptos no aportan a ningún debate sino a la descalificación de un otro al que niegan legitimidad.
El aparatoso show del fiscal Luciani ya había enrarecido el clima político. La inconsistente acusación no merecía el espacio que le concedieron los medios que auguraban la segura condena de Cristina y anunciaban sensacionales revelaciones que no se produjeron. A esta altura los impulsores del lawfare deben haber advertido que no fue un buen negocio acumular tantas causas contra la ex presidenta, cuando era previsible que muchas de ellas -como la del dólar futuro o el memorandum con Irán – referidas a políticas públicas no judiciables no avanzarían, como finalmente ocurrió.
El mismo ánimo de golpear a Cristina y garantizar una condena mayor llevó a que en la causa de Vialidad Nacional se la acusara no sólo por supuestas estafas a la administración pública sino también por asociación ilícita. Esta figura penal, ampliamente cuestionada, permitía el cálculo de la pena hasta los 12 años que pidió Luciani, pero era difícil de sostener en esta ocasión. La asociación ilícita supone el agrupamiento de tres o más personas con el fin de ejecutar delitos: es imaginable que los funcionarios públicos cometan actos delictivos, pero no lo es que un gobierno se haya constituido con esa exclusiva finalidad.
En el brillante alegato que no había podido pronunciar ante los jueces, Cristina sorprendió a propios y extraños cuando dedicó buena parte de su exposición a demostrar que las principales relaciones de José López habían sido con Nicolás Caputo y otros empresarios ligados al macrismo. No sólo mostró quiénes habían sido los principales beneficiarios de los negocios ilícitos del ex secretario de Obras Públicas, sino que hizo algo más importante. Develó el carácter estructural de la corrupción en la obra pública que atraviesa todos los gobiernos, abriendo de este modo caminos para una discusión más seria que la planteada hasta hoy.
El futuro inmediato es hoy imprevisible, porque se suma, además, el doble interrogante que se cierne sobre la gestión de Massa: por la dificultad de controlar la inflación y obtener los dólares que buscará en Estados Unidos y también por la incomodidad que producen en un gobierno popular los fuertes recortes que han comenzado a aplicarse. De todos modos, estos días han fortalecido a Cristina y también al gobierno nacional. El ataque de quienes creyeron que podrían debilitar al peronismo y a su líder fue tan desmedido que sacó de su letargo a la dirigencia del FdT y movilizó el principal capital político peronista, la disposición a movilizarse cuando la Patria y la Democracia peligran. Con el entusiasmo que nos deja la fortalecida unidad del Frente de Todxs, en una coyuntura que sigue siendo muy compleja, podremos ver un horizonte más alentador para el 2023.
Basta imaginar la situación que se hubiera creado si el intento homicida hubiera logrado su propósito para comprender que es necesario restablecer condiciones menos agresivas del debate político. Puede entenderse que esto es lo que se reclama cuando se habla de paz social. Sin embargo, si es así debe aclararse que no se postula la supresión de los conflictos, componentes inescindibles de la misma idea de democracia. En un país con los actuales niveles de pobreza y desigualdad, no puede ser esa la consigna del campo popular.
Dicho esto, aclaremos que son precisamente los sectores populares quienes necesitan más que nadie la erradicación de los discursos de odio y la generación de condiciones menos hostiles para el debate en la sociedad: sólo en ese contexto puede pensarse en la ampliación del consenso social necesario para impulsar las políticas de crecimiento y redistribución del ingreso hacia los menos favorecidos. “El odio afuera” decía imperativamente el documento leído en el acto de Plaza de Mayo y sin duda esta consigna es compartida por una gran mayoría. Avanzar por este camino no es, fundamentalmente, un tema del Derecho Penal. La sanción en muchos países europeos tanto al negacionismo como a la exaltación del nazismo no ha impedido el crecimiento de la ultraderecha en las últimas décadas. Más que castigar, hoy la tarea es convencer, instalar con fuerza -es decir con simpatía y con afecto- los valores democráticos de justicia social y solidaridad en una sociedad cada vez más permeada por el individualismo neoliberal.
