Cada vez más colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires se suman a las tomas con un pliego de reivindicaciones contra el el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña. Hasta este martes por la mañana eran siete los colegios tomados por sus estudiantes, aunque otros analizaban plegarse a las medidas de fuerza. Éstas se producen en un contexto de persecución política, puesto que la ministra amenaza con realizar una demanda penal contra madres y padres de les estudiantes que impulsan las tomas de escuelas.
Los alumnos y las alumnas denunciaron la «intromisión política» de las autoridades del Ministerio de Educación, que busca «censurar» la actividad de los centros de estudiantes. Por otro lado, advirtieron sobre el «paupérrimo» sistema de alimentación en las escuelas y exigieron que se duplique la cantidad de viandas enviadas, ya que «hoy no resultan suficientes». Asimismo, cuestionaron la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por el Gobierno de la Ciudad y reclamaron participación en este tipo de decisiones.
Las primeras escuelas en impulsar esta medida de fuerza fueron la ESEA «Juan Pedro Esnaola», la ENS en Lenguas Vivas Nº2 «Mariano Acosta», la ENS en Lenguas Vivas «Sofía Esther Broquen de Spangenberg», la EEM Nº 1 D.E. 14 «Federico García Lorca», la ESEA en Cerámica Nº 1, la EEM Nº 3 DE 7 «Osvaldo Pugliese» y el Colegio Nº 3 «Mariano Moreno». Uno de los caldos de cultivo de la bronca estudiantil, según denunciaron en un comunicado, fue la reciente censura de una charla en la ESEA «Manuel Belgrano» a la que había sido invitada la legisladora Ofelia Fernández (Frente de Todos).
«Hay una persecución política producto de la decisión del Ministerio de Educación porteño. Hace 15 años que está el macrismo en la Ciudad y también tenemos otros reclamos históricos, tales como la alimentación y la infraestructura. En muchas escuelas las paredes se caen a pedazos, lo mismo ocurre con las viandas que no son para nada nutritivas», señaló a El Grito del Sur Florencia, coordinadora del Centro de Estudiantes de la «Manuel Belgrano». «Queremos una mesa de diálogo y pensar la educación en conjunto con les docentes y las familias. Somos nosotres quienes estamos día a día en las instituciones, no Acuña que está sentada detrás de un escritorio y da notas por televisión», agregó la estudiante.
En tanto, Amparo -vocera del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández»- contó a este medio que habrá pernocte en la escuela y clases públicas. «Nuestres docentes se solidarizaron con la lucha y nos están bancando. Ya hace cinco años que tenemos la Secundaria del Futuro, fuimos una escuela piloto y hoy las pasantías laborales se están aplicando en forma inconsulta. Queremos poder discutir todas estas cuestiones», señaló la joven estudiante.
Les estudiantes también cuestionan el mal estado de la comida que el GCBA entrega en los colegios. En la actualidad, el presupuesto asignado al desayuno de cada pibe y piba es de 37 pesos por día, mientras que en las oficinas del Ministerio de Educación los funcionarios desayunan con un presupuesto de 710 pesos diarios. Por último, se muestran en contra de ser «mano de obra gratuita» para las empresas cercanas al oficialismo porteño. Por ello piden ser parte de las decisiones que toma el Ministerio de Educación.
Amenazas por parte del Gobierno de la Ciudad
Las autoridades de la Ciudad dejaron en claro que los adultos responsables de aquellos alumnos y alumnas que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los bienes escolares. En ese marco trascendió que se está preparando una demanda penal para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.
En un hilo de Twitter, la abogada Graciana Peñafort señaló lo absurdo de estos ataques. «Para que prosperen las denuncias penales contra los padres de chicos, debe haber un delito tipificado. Y la verdad que un chico tome una escuela no está tipificado ni mucho menos». «No hay ley que permita someter a los padres de los chicos a un proceso penal», dijo. Desde el CELS también negaron esta posibilidad: «No se pueden criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño». «Estas amenazas de criminalización, aunque no puedan prosperar judicialmente, buscan amedrentar a la comunidad educativa que apoya los reclamos y también generar incertidumbre en los chicos para que abandonen sus medidas», concluyeron.
