La semana pasada, luego de que Sergio Massa iniciara su plan de recortes, comenzaron a circular versiones que hablaban de un ajuste en discapacidad. La propia María Eugenia Vidal se pronunció al respecto al salir de la picante reunión que mantuvo con la mesa chica del PRO luego del affaire de las vallas.
En respuesta, el Ministerio de Economía salió con una serie de tweets que negaban rotundamente el recorte en un área sensible. «Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por sub-ejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», expresaron en la cuenta oficial de Hacienda.
Entonces, si desde Economía dicen que no hay ajuste, ¿de qué se trata? En principio lo que hay es un retraso cada vez mayor de los pagos a prestadores. Esta situación afecta sobremanera a las personas que necesitan asistencia ya que los prestadores, impactados por el aumento de la inflación, comenzaron a negar la atención. Es así que desde el Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud, ONGs, familiares y pacientes con discapacidad, se sostiene desde hace días un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de respuestas.
Señalan que además, desde siempre, las familias de personas con discapacidad suelen pagar las prestaciones por adelantado y luego cobran el reembolso. El retraso en la llegada de los depósitos, sumado a un contexto cada vez más inflacionario, también afecta a les usuaries. Cuando los prestadores no cobran, también se demoran los reintegros.
«Diciembre ya se pagó con retraso y el Estado debe atender la alta inflación. Una familia no puede estar esperando 70 días porque el prestador se le va y la familia pierde al prestador. Y si se te va el fonoaudiólogo es un problema. Hay una necesidad de continuidad en la atención», explica en diálogo con este medio Varina Suleiman, abogada, docente de Derecho (UBA), activista en derechos de las personas con discapacidad y asesora legal de Fundación Rumbos. La Agencia de Discapacidad ya se pronunció públicamente, reconoció el retraso administrativo y explicó que se reordenarán los pagos.
Pero lo que efectivamente preocupa al colectivo de personas con discapacidad es un posible Decreto de Necesidad y Urgencia que afectaría el origen del financiamiento. Actualmente las prestaciones por discapacidad se financian con el Fondo de Redistribución Solidario (FRS), una masa de dinero que se forma del aporte del 5 y el 3 por ciento que tanto empleadores como trabajadores en relación de dependencia realizan. El 15 por ciento del total del monto recaudado se destina a sostener el FRS.
Este Fondo fue credo en 1980, depende de la Superintendencia de Salud y permite pagar no solo las prestaciones por discapacidad sino también las oncológicas o las de enfermedades raras. «El problema es que los salarios no fueron acompañando la inflación y ese fondo se fue quedando flaco», señala Suleiman. Esta desactualización del FRS afecta a las transferencias que se orientan a la población con discapacidad.
«Hay un DNU que anda circulando y que les haría un gran favor a los sindicatos a costa de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cambiaría el origen del financiamiento del Fondo de Redistribución Solidario al Tesoro Nacional. El Gobierno dice que la misma obra social va a reintegrar los fondos. Pero el problema es que si el FMI pide que se ajuste en la plata del tesoro, se va a recortar ese fondo», agrega la abogada.
Si bien el DNU no está publicado, el movimiento de discapacitades ya ha levantado las alarmas. «Quieren que las personas con discapacidad empiecen a pertenecer directamente al MInisterio. Pero si no pueden garantizar un pago en 90 días ni nos imaginamos que tan a la deriva van a quedar esas personas con discapacidad», agrega Sabina Soler, licenciada en Psicología y maestra acompañante de pibes con discapacidad.
«Los profesionales no podemos trabajar sin cobrar y no vivimos del aire. EL atraso no es de ahora sino que es histórico pero ahora, con el proceso inflacionario, la situación es más grave», sentencia Sabina.
