Con el apoyo de las Madres Protectoras y otras organizaciones de la sociedad civil, la diputada nacional Mónica Macha acaba de presentar una iniciativa que tiene por objetivo la derogación de la Ley 24.270. Esta norma fue sancionada en 1993 y ya en su momento había sido discutida por abogados y especialistas, ya que habilita las revinculaciones forzadas entre infancias y progenitores abusadores o violentos.
Si bien la ley 24.270 busca preservar el vínculo paterno-infantil, en casos en que éste fuese impedido de manera ilegítima, en los hechos la aplicación de la misma ha servido para criminalizar conflictos familiares, resultando a todas luces ineficiente para los fines que postulaba.
La normativa deja en claro que se debe castigar «con prisión de un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyese el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes», y suele ser usada por aquellos padres denunciados por abuso o violencia. Sin embargo, al ser mal aplicada se puede terminar encarcelando al/la progenitor/a conviviente -generalmente madres-, lo que sin dudas genera efectos negativos en el mantenimiento de la relación con el menor. Además, lleva a penalizar conductas que normalmente se refieren a conflictos entre padres divorciados y separados, y entre los cuales es claro que la ley penal no los va a resolver, sino a profundizar, tal como explica en los fundamentos del proyecto el abogado penalista Edgardo Donna. “Si bien tiene un sujeto normativo neutral, es una ley dirigida a (y utilizada para) criminalizar a las mujeres”.
“Con esta ley se termina construyendo una respuesta de cierto sector del Poder Judicial que la utiliza para encarcelar a las madres protectoras y dejar la posibilidad de que los progenitores abusadores pidan el revinculamiento -esclarece Macha-. Creo que es parte de una metodología muy usual en ciertos sectores que también implica la utilización del falso SAP o el síndrome de las memorias implantadas para desmentir a las madres protectoras, tratarlas de manipuladoras y no creer lo que cuentan los niños”.
Yama Corin es arteterapeuta, coordinadora de Mundanas Agrupación Feminista y madre protectora desde hace once años. A los nueve Luna, su hija, denunció abuso sexual por parte de su progenitor, pero hasta el día de hoy no ha tenido un juicio oral, instancia que esperan suceda el año que viene. Para Yama es fundamental que se derogue la ley vigente si se busca dar herramientas que contengan y acompañen a las madres protectoras. “Cuando la causa penal se demora, como es mi caso, en el que Luna perdió el derecho a la cámara Gesell porque llegó a la mayoría de edad sin declarar, muchas veces las familias del progenitor denunciado impulsan la revinculación a pesar de que les niñes no quieran. En ese momento entramos en una batalla desigual por proteger la integridad psíquica y física de nuestres hijes”, explica.
“Considero que las leyes son un instrumento para garantizar derechos y responden a procesos sociales que van cambiando, son algo vivo que se construye. En este caso en particular necesitamos que deroguen la ley de Impedimento del Contacto porque implica un castigo severo para las mamás que intentan preservar a sus hijos e hijas de un abuso sexual”, continúa Yama. La agrupación Mundanas, a la cual pertenece, forma parte de la Mesa de Trabajo sobre Abuso Sexual a Infancias en Argentina, convocada por la propia Macha desde el Congreso.
“Todas vivimos con la amenaza que implica el ejercicio de poder y su alcance. El temor a la reprimenda es lo que te paraliza muchas veces. Que exista este riesgo es tremendo en términos fácticos y simbólicos”, explica Yama.
Consultadas por qué otras herramientas pueden elaborarse para contener a las madres protectoras, ambas coinciden en que la Justicia se debería reformar incluyendo la perspectiva de género y rompiendo el sesgo adultocentrista que prevalece.
“Lo que necesitamos son políticas integrales para el tratamiento de una temática que tiene muchas aristas. Hay que hacer una transformación en la formación de los operadores del Poder Judicial que les lleva a priorizar mantener a la familia a cualquier precio y eso es una aberración cuando dentro de ese contexto hay situaciones de abuso”, prosigue la diputada, psicóloga de formación. “La mirada machista del Poder Judicial es tan fuerte que de algún modo la idea que prevalece es que las madres están despechadas y desde ahí se definen las condenas. También es adultocéntrica, porque en el fondo no cree el relato de les niñes. Esas son dos problemáticas políticas y hasta filosóficas que tiene el Poder Judicial”.
“Más que leyes debería haber un reconocimiento de las madres protectoras como un colectivo vulnerado y tener herramientas acorde. Una madre no tiene por qué saber la diferencia entre justicia penal y civil, dónde hacer la denuncia, qué le van a pedir, qué costos tiene. Todo lo que implica un proceso de denuncia es sumamente desgastante y no hay ninguna contención que las sostenga”, asevera Yama y aclara sobre las mujeres y les niñes que denuncian: “No somos víctimas como identidad, atravesamos esta situación y ese dolor se repara y se repara colectivamente. Ese hecho traumático y condenable no define nuestras vidas, eso es lo que me da fuerzas para levantarme todos los días”.
Para finalizar, la mamá de Luna asegura que -a pesar de que aún le falta dar mayor reconocimiento a sus luchas- es dentro del feminismo donde se debe llevar a cabo la batalla por infancias realmente libres de toda violencia y abuso. El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales e intersex es el espacio que cobija a quienes siguen luchando por un mundo más justo. “El feminismo tiene un crecimiento masivo reciente y todavía le falta reconocer esta problemática como otras violencias y dificultades. Lógicamente falta, pero yo estoy convencidísima de que nuestro lugar está ahí, en esa trinchera de lucha”, asegura.
