Son días convulsionados los que se viven. Tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, diferentes sectores sociales y políticos salieron a las calles para advertir sobre los discursos de odio y su efecto anti-democrático. También hubo fuertes críticas al rol de la Justicia, principal responsable de la persecución sobre la figura de la vicepresidenta. El juez Juan Ramos Padilla, activo militante por la democratización del Poder Judicial, pone la lupa sobre la actual Corte Suprema y analiza el rol de la Justicia tras el atentado contra CFK. «La investigación es patética, resultan claros los responsables materiales pero están embarrando mucho la cancha», dijo en diálogo con El Grito del Sur.
El intento de asesinato contra CFK llegó precisamente pocos días después del pedido de prisión e inhabilitación política que realizó el fiscal Luciani. ¿Cuál es tu reflexión sobre el rol de la Justicia en esta escalada de violencia que se está viviendo?
La mafia que se ha enquistado en un sector del Poder Judicial, encabezado por la Corte, tiene una enorme responsabilidad en todo esto. Si bien no fueron instigadores directos del atentado contra Cristina, hay una falta de justicia en Argentina que se manifiesta en cosas tremendas como los constantes ataques y persecuciones contra el kirchnerismo.
La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo investigan la posibilidad de una planificación y pacto previo en los sucesos. ¿Qué lectura hacés del trabajo que vienen realizando?
La actuación de la Justicia deja mucho que desear en este caso concreto. Desde un primer momento se perdieron elementos de prueba fundamentales, lo cual es un delito tipificado en los artículos 261 y 262 del Código Penal. Después está la desprolijidad con que están investigando una cuestión en la que hay que estudiar vínculos, no puede ser que se secuestre un teléfono y a los diez minutos todos sepan de quién es. La investigación que están haciendo es patética, resultan claros los responsables materiales pero están embarrando mucho la cancha con un manejo poco profesional de la información para llegar al fondo del asunto.
¿Qué vínculos podrían existir entre grupos de ultraderecha y servicios de inteligencia?
Esa es una de las cosas que tienen que investigar. Aparentemente esta primera línea que aparece haciendo inteligencia tendría esos vínculos, pero podría haber algo más arriba porque se movían con cierta independencia económica y apelaban a formas que suelen usar los espías, como el que vende copos. Todo esto amerita una investigación seria, pero los antecedentes del fiscal Rívolo no ayudan: fue el impulsor junto a Stornelli de la Causa Cuadernos así que no me genera mucha confianza.
¿Cuál es tu análisis respecto a la pérdida de datos del celular de Fernando Sabag Montiel?
Allí hubo una negligencia o un delito. Pero tanto Capuchetti como Rívolo no tienen que investigar eso, están siendo juez y parte. Hay que saber qué pasó con ese teléfono y mirar también qué sucede con la Policía de la Ciudad, que tiene sus antecedentes negativos y ha permitido esta suerte de vendedores ambulantes.
Mientras continúe esta investigación, ¿ves la posibilidad de que sectores judiciales ligados al macrismo sigan atacando con el lawfare contra Cristina?
La Corte Suprema es una gran responsable de lo que pasó con Cristina. El Código Penal tipifica la incitación a la violencia, no hay que empezar a charlar tanto como cuando se dice que van a poner una ley mordaza. La Corte ha generado violencia al permitir que se inventaran causas y que se persiguiera a Cristina con más de 500 denuncias, de las cuales prosperaron muy poquitas. Y el resto se cayeron a pedazos por falta de pruebas. Es una locura lo que vivimos en materia de justicia y de espías. Los jueces están para asegurar los derechos y los tratados internacionales que establece la Constitución, pero eso no está sucediendo.
Desde principios de año vienen impulsando movilizaciones para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema. ¿Qué acciones deben llevarse adelante en este contexto?
El presidente Alberto Fernández dio un discurso maravilloso el día de su asunción cuando habló de los sótanos de la democracia y otras cuestiones, pero lamentablemente no se puso al frente de estos cambios necesarios y puso a una ministra (Marcela Losardo) que no hizo absolutamente nada. Hay dos cosas que se pueden hacer rápidamente: dejar sin efecto la aceptación de la renuncia de Gils Carbó -las pruebas de las extorsiones recibidas que recibió para renunciar son muy contundentes- para poner las cosas en orden y después poner en funcionamiento la Ley de Medios. Con esas dos herramientas se podría empezar a pacificar un poco la situación que han generado y recuperar un Poder Judicial para los argentinos, que hoy lo hemos perdido.
¿Cuál es la injerencia del Poder Judicial para revertir la propagación de discursos de odio que hoy hacen mella en parte de la sociedad?
Restablecer la Ley de Medios, archivar las denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner, hacer funcionar el Consejo de la Magistratura, evitar la fuga de divisas y juzgar a quienes lo hicieron, impedir un endeudamiento si no pasa por el Congreso, etc. Se puede hacer mucho. Queremos que la gente entienda la gravedad de la situación. No es cierto de que a la gente no le interesa lo que pasa con el Poder Judicial y la Corte, cuando la gente va a tribunales por algún problema no quiere volver con dos. Las personas quieren una administración de justicia eficaz, es decir que cuando tengan un problema se lo resuelvan.
