En lo que fue una semana clave para la Justicia, el Consejo de la Magistratura -institución que se encarga de nombrar y remover a los jueces- tuvo elecciones que dejaron como saldo un triunfo para Juntos por el Cambio, pero donde el oficialismo logró sumar al kirchnerista Héctor Recalde como consejero por los abogados. También hubo disputa entre los jueces nacionales y federales, donde no se alteró la representación en el Consejo.
Uno de los consejeros jueces elegidos es Alberto Lugones, ex presidente del Consejo de la Magistratura y actual juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, quien se presentó por la Lista Celeste y suele votar en sintonía con el Gobierno. En diálogo con El Grito del Sur, Lugones analizó el resultado electoral en el Consejo de la Magistratura y los últimos movimientos tras la asunción de Horacio Rosatti -titular de la Corte Suprema- como presidente de este organismo. También se opuso a la incorporación de un artículo en el Presupuesto 2023 para que todos los jueces paguen Ganancias. «Este artículo, que se busca imponer a través del impulso de un diputado para este nuevo presupuesto, fue tirado a la mesa sin mayor análisis, no sé si hay algún sector del Gobierno que esté interesado en que aquello ocurriera. No tengo seguridad al respecto, pero alguien tiene que ver», retrucó.
¿Qué balance hacés del resultado de las elecciones en el Consejo de la Magistratura y del escenario que se abre?
Las cosas no cambiaron demasiado. A pesar de la campaña muy turbia que realizó un espacio tratando de impedir que yo participara, conseguimos subir algunos puntitos respecto a la última elección. En tanto, la lista oficialista Bordó mantuvo los votos que ya tenía. Hoy somos el único espacio que puede disputarle a la Bordó, mientras que el tercer grupo en escena -encabezado por Mahiques y compañía- va camino a desaparecer. Los aliados del PRO-Juntos por el Cambio han perdido un consejero y el oficialismo ganó un abogado (Héctor Recalde), mientras que aquellos que mantenemos algún grado de equidistancia pero votamos con el actual oficialismo estamos analizando cómo seguir.
Estos comicios tuvieron lugar después de los últimos cambios en la estructura del Consejo de la Magistratura. ¿A qué juega Horacio Rosatti y cuál va a ser su injerencia real dentro del Consejo?
No lo sé. Hay que evaluar su actuación en los próximos seis meses y lo que seguirá después. Él se pone como árbitro, pero el panorama es que hasta ahora no logró convencer a la mayoría de que voten los concursos. Ese es el mayor problema que tenemos hasta ahora en el Consejo.
En esta puja que se está dando con la actual Corte Suprema, ¿significaría una solución ampliar su composición a 15 miembros?
No tengo una opinión formada sobre si conviene o no ampliar el número a 15 integrantes de la Corte. Cuatro miembros pueden actuar muy bien o quince pueden actuar muy mal, con lo cual no tengo una postura definitiva sobre el tema.
Una de las críticas más fuertes que venís haciendo tiene que ver con la falta de cobertura de vacantes en el Poder Judicial, especialmente en lugares claves como la Cámara Federal porteña. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Las consecuencias de no aprobar las ternas ni enviar los concursos al Poder Ejecutivo son que haya una cuarta parte de vacantes existentes sin cubrir. Es una situación muy compleja. En lo que se refiere a los cargos del fuero de Comodoro Py, debiera buscarse una solución pero no se está encontrando. La oposición se niega profundamente a cubrir aquellos que fueron trasladados y que hoy están ocupando el poder en forma ilegítima. Esto genera consecuencias negativas, la propia Corte dice que solo están de manera temporaria y que las decisiones que se tomen puedan ser cuestionadas. Por lo pronto, la no aprobación de los concursos impide que haya alguna posibilidad de reemplazar a estas personas que asumieron un cargo a partir de un traslado.
El Frente de Todos acaba de incorporar un artículo en el Presupuesto 2023 para que todos los jueces paguen Ganancias. ¿Estás de acuerdo?
Estoy absolutamente en contra de la incorporación del artículo que pretende que los jueces paguen Ganancias. En 2016, se dispuso que a partir del año siguiente los jueces que fueran nombrados empezaran a pagar Ganancias. Es un sistema parecido al que se aplicó en Estados Unidos, con lo cual a la larga todos los jueces que vayan siendo designados pagarían Ganancias. Hoy estamos en una situación mixta, en la que una parte importante de los jueces nacionales y federales pagan este impuesto y otros -aquellos que somos anteriores- no estamos pagando. Este artículo, que se busca imponer a través del impulso de un diputado para este nuevo presupuesto, fue tirado a la mesa sin mayor análisis, no sé si hay algún sector del Gobierno que esté interesado en que aquello ocurriera. No tengo seguridad al respecto, pero alguien tiene que ver. Ni siquiera es la gente de La Cámpora, porque allí están divididas las posiciones. Diputados como la doctora Siley, que está en el Consejo, tampoco está de acuerdo.
Esto solamente genera una situación de intranquilidad que afecta tanto a activos como pasivos, por lo que este proyecto que pretende cobrarle a todo el mundo vuelve a una situación anterior ya superada sino que además es violatorio de un artículo de la Ley de Administración Pública, que establece que no se pueden establecer modificaciones de impuestos de este tipo con la ley de presupuesto. Vamos a hacer un planteo muy serio respecto a esto.
¿Por qué, tras varios intentos, la Argentina no logra avanzar con una reforma judicial y de qué manera se puede encontrar algún consenso para plasmar esta necesidad?
Yo he presentado un proyecto macro para la reforma en el cual no incluye la parte de Comodoro Py -porque es un tema más político-, pero en el que está incorporado el resto de la Justicia. Ahí se propone dictar una ley que federaliza la Justicia Nacional para concluir definitivamente con esa discusión sobre el traspaso. Mientras exista esta grieta, el consenso en la Justicia es muy difícil. Proyectos que se han presentado en algún momento no fueron votados por el oficialismo y a la inversa. El proyecto que yo planteo va por fuera de las apetencias de los espacios políticos, ya que fue generado en el ámbito del Poder Judicial en vías de resolver este problema. Se busca crear algunos juzgados federales con dependencia civil y no civil, penal y no penal en el interior del país de acuerdo con las necesidades que hacen a la población y a la litigación, que ha aumentado muchísimo. También un juzgado federal ambiental en cada una de las provincias para resolver los problemas de afectación del ambiente, un juzgado con competencia en materia de ejecución penal para resolver los problemas de los detenidos, limitando así las tareas a los tribunales orales federales que los juzgan. Por último, una serie de modificaciones que hacen a la mejora del servicio de Justicia: tecnología, infraestructura y otros.
