La Legislatura porteña estuvo a punto este jueves de votar la derogación del impuesto a los consumos con tarjetas de crédito en la Ciudad. El arco opositor, gracias a un acuerdo amplio, logró reunir las voluntades de unos 30 legisladores y legisladoras y convocó a una sesión especial con ese objetivo, pero se quedó a un escaño de lograr el quórum requerido, de 31.
Pese a haber estado muy cerca de dar un golpe político que no fue, para el bloque del Frente de Todos el balance post iniciativa fue positivo. “Logramos que la mitad de la Legislatura dijera basta a este esquema recaudatorio regresivo para los porteños”, aseguró en diálogo con El Grito del Sur Juan Manuel Valdés, uno de los impulsores de la sesión.
De haberse votado la iniciativa, el Ejecutivo que conduce Rodríguez Larreta hubiera dejado de percibir unos 25 mil millones de pesos que según los cálculos más conservadores (otros señalan que pueden ser hasta 70 mil millones) recaudará este año a través del impuesto del 1,2 por ciento que se aplica sobre el total del resumen de los gastos realizados con tarjeta.
El Jefe de Gobierno había creado el tributo con el argumento de la ampliación del gasto público a causa de la pandemia y por el recorte de los fondos coparticipables sancionado por el Congreso Nacional a fines de 2020, por el que mantiene un litigio contra la Rosada en los despachos de la Corte Suprema. Esa disputa judicial y política que sigue abierta alcanzó para que algunos legisladores del Pro que en la previa reconocieron la regresividad del impuesto hayan optado por boicotear la sesión.
El recinto de la Legislatura, pasadas las diez de la mañana, quedó partido a la mitad cuando ocuparon sus bancas los 30 diputados y diputadas de los distintos espacios que habían acordado el temario en la noche del miércoles. Entre ellos, los 19 del Frente de Todos, los cinco de La Libertad Avanza —que responden a Javier Milei—, más dos de los Republicanos Unidos y de la Izquierda y un último de Consenso Federal, vinculado al lavagnismo.
En contraste, el hemisferio que ocupan los bloques oficialistas quedó vacío. “Estamos de acuerdo en bajar impuestos, pero la sesión no tenía ese objetivo sino sacarle más plata a la Ciudad, que tiene abierto un reclamo ante la Corte por este mismo tema”, confiaron fuentes del oficialismo a este medio.
“Quedó demostrado que Juntos por el Cambio no tiene una verdadera vocación de bajar impuestos, sino que usan el tema como slogan para hacer campaña”, afirmó Valdés al respecto. “Hoy tembló la escribanía de Larreta, que tiene algunos estantes que no eran tan firmes”, ironizó.
Para Valdés fue la consolidación del acuerdo transversal entre distintas fuerzas que debutó a mediados de agosto con la intención de voltear los contratos del Ejecutivo con las empresas de acarreo, bautizado “Frente Anti-Grúas”. Aquella vez, el propio Gobierno decidió estatizar el servicio antes que tuviera lugar la sesión, de la que también iban a participar algunos legisladores del oficialismo. “Hay un marco de respeto construído que permite avanzar incluso cuando hay desconfianzas y diferencias irreconciliables”, describió el legislador.
Para algunos de los legisladores de Republicanos Unidos, como Roberto García Moritán (quien ya hizo públicas sus aspiraciones a la jefatura de Gobierno), bajar al recinto no fue gratis y de hecho tuvo un cruce, de la mano de Yamil Santoro (quien ostenta un cargo en la administración porteña) con el ex líder libertario Carlos Maslatón.
“Es hora de que Larreta se ponga de acuerdo. A nivel nacional plantea que los impuestos complican el crecimiento económico y el empleo, pero en la Ciudad tenemos la carga impositiva más alta del país en materia de Ingresos Brutos para los comercios, la segunda alícuota más alta en promedio, y tenemos también este impuesto absurdo y regresivo al consumo con tarjeta, que afecta el bolsillo de los porteños”, dijo por su parte Claudia Neira, del Frente de Todos.
