Hace 15 años que el PRO gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde entonces la palabra industria ha sido prácticamente borrada del discurso público oficial. En las oportunidades en que aparece, se la utiliza en referencia a sectores de servicios como aquellos Basados en Conocimiento (SBC) o el turismo. Si hay una huella de estos cuatro mandatos porteños respecto a las políticas productivas, es la invisibilización de las múltiples y diversas industrias manufactureras de la Ciudad.
Fue tan exitosa (en sus términos) esta política de invisibilización, que efectivamente suele creerse que las industrias porteñas desaparecieron en los últimos años al calor de la reubicación en parques industriales de los distintos conurbanos u otras zonas fabriles. Sin embargo, nada más distante de la realidad porteña.
La CABA sigue siendo aún hoy un importante centro industrial del país, tal es así que concentra el 12,5% del empleo industrial del país (segunda jurisdicción luego de la Provincia de Buenos Aires) según estadísticas del Ministerio de Trabajo. El número de establecimientos productivos difiere según la fuente que se tome: según el mismo Ministerio, concentra el 17,4% a nivel nacional (12.500 industrias); mientras que de acuerdo con el Registro de Actividades Industriales elaborado por el Gobierno de la Ciudad, la CABA se ubicaría como cuarta jurisdicción con mayor cantidad de establecimientos industriales del país (detrás de PBA, Santa Fe y Córdoba).
Incluso en algunas ramas de actividad la CABA es el principal centro productivo, como en el caso de elaboración de prendas de vestir con más del 50% de los establecimientos productivos a nivel país o productos de electrónica con el 35% y producción de medicamentos con el 29%. En muchas otras ramas posee una centralidad muy importante también, como es el caso de imprentas y editoriales con casi el 30% del total del país.
La industria manufacturera tiene un peso trascendental, tanto en relación a la cantidad de empleo registrado (con niveles salariales por encima del promedio), como por su efecto multiplicador sobre el resto de las actividades. Comprender la relevancia de este sector en la Ciudad y romper con la mirada que desde hace años oculta parte importante de la economía porteña, nos lleva a preguntarnos si, a pesar de la invisibilización, existen políticas activas de impulso a la industria local. La respuesta es contundente: no.
A pesar de que la Ciudad posee el tercer presupuesto público en importancia del país, luego del presupuesto nacional y el de PBA, con casi 1 billón de pesos, la Subsecretaría de PyMEs tiene un presupuesto de $238 millones. Si se lo compara, por ejemplo, con el gasto en publicidad y propaganda, este último es 20 veces mayor ($4.830 millones).
La única política que podría entenderse en el sentido productivo es la de los «distritos económicos», una buena idea en su origen pero que con el correr de los años y ante la falta de estadísticas y de evaluación de la política pública, se convirtió en una política de transferencia de recursos sin ninguna orientación.
Tal es el caso del Distrito Tecnológico, que derivó mayoritariamente en que empresas que ya existían se trasladasen a la zona delimitada (Parque Patricios y Pompeya) o en varios casos solo abrieran una sub-sede allí en la que declaran facturar lo que en realidad facturan en la sede central. Una vez instalados se les reconocen exenciones impositivas sin ninguna contraprestación, como podría ser la creación de empleo o mejoras en las capacidades productivas. Estos beneficios incluyen a gigantes como Mercado Libre, Globant, Santander, Prisma, entre otros, a los que se sumaron (con las últimas modificaciones a la norma) incentivos a la inversión inmobiliaria de lujo, en una Ciudad donde se sabe que el problema habitacional también es una problemática extendida. Para el 2023 se estima un costo fiscal de más de $20.000 millones, que como hemos visto se destinan sin una clara orientación estratégica.
Otro ejemplo de la posición oficial fue la reacción durante la pandemia. Mientras se asistió con reducción de impuestos a las grandes desarrolladoras inmobiliarias, las industrias porteñas recibieron apenas exención de dos meses de ABL (junio y julio 2020), es decir el mismo escaso beneficio que el conjunto de comercios y oficinas porteñas. En simultáneo, también recibieron asistencias millonarias las principales concesionarias de la Ciudad como Metrovías (en el subte) y Dakota y BRD (las administradoras del servicio de acarreo) para garantizar la continuidad de sus ganancias. En el caso de esta última concesión, recientemente y tras sostenidas denuncias por irregularidades desde la oposición, el GCBA dio de baja la concesión a las empresas a las que durante la pandemia les giró más de mil millones de pesos.
La Ciudad -con el enorme presupuesto público que posee- tiene capacidad para implementar infinidad de políticas productivas que acompañen el desarrollo y generen más y mejor trabajo. Algunos ejemplos de lo que se podría hacer pueden tomarse de otras provincias o incluso de municipios (que con muchísimos menos recursos tienen políticas sostenidas en el tiempo), tales como:
- Incentivo a la producción local en las compras públicas: para comprar insumos y servicios (medicamentos, equipamiento médico, artículos escolares, obra pública, etc.) y orientar las compras públicas como un instrumento vital para fortalecer la industria local.
- Política de desarrollo de proveedores: además de facilitar el acceso de empresas locales a las compras públicas, también podría sostenerse una política para que estas empresas que proveen al Estado mejoren sus capacidades y su competitividad y creen nuevas en aquellos insumos requeridos por el Estado.
- Observatorio PyME: una herramienta importante que requiere una inversión relativamente baja. Permitiría la construcción de estadísticas sostenidas en el tiempo y la elaboración de informes y seguimiento del estado de situación de las empresas locales. Desde este ámbito podría también relevarse el estado de situación de los distritos económicos de la Ciudad, que se sostienen a ciegas, brindando enormes recursos sin conocer el impacto real de los fondos que se les destina.
- Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI): la Ciudad es el distrito con mayor cantidad de científicos por habitante en todo el país, además posee las sedes centrales de importantes universidades y centros de investigación tanto públicos como privados. Podría mejorar su condición de líder en desarrollos científicos y tecnológicos si hubiera una política orientada a esta cuestión y si se cumpliera con la Ley 2.511 que obliga a invertir el 1% del presupuesto total en CTI (la inversión actual es de 0,004%).
- Políticas de seguimiento y fortalecimiento a las exportadoras porteñas: la Ciudad, a pesar de tener condiciones industriales importantes, tiene un desempeño irrelevante en materia exportadora de manufacturas. Tan sólo el 0,8% de las exportaciones de bienes a nivel nacional y con una enorme concentración -apenas cinco empresas representan el 77% del total exportado-. Una política de incentivo a las exportaciones, permitiría un mayor aporte a las necesidades de desarrollo nacional, pero también estar más «desenganchada» de los vaivenes de la economía nacional.
Estas son solo algunas de las políticas que se podrían implementar si hubiera voluntad de cambiar las prioridades de gobierno, ya que los recursos existen. Una Ciudad con más desarrollo y, por ende, más y mejor empleo es posible y podría convertirse realmente en una «transformación» que «no pare». Pero para eso, es imprescindible que empiece.
