La Legislatura porteña convirtió en ley este jueves el presupuesto de la Ciudad para 2023, durante una sesión marcada por movilizaciones de docentes y residentes y luego de una semana en que se saldaron desacuerdos políticos entre las facciones del Pro que responden a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, que habían puesto en duda la sesión hasta pocos días antes de su confirmación.
Un grupo de tres legisladores del ala dura del partido, encabezados por Juan Pablo Arenaza, habían advertido que se negarían a votar el presupuesto si no se incluían modificaciones al proyecto final. Las diferencias fueron saldadas en una reunión de este martes entre el propio Arenaza y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero, uno de los hombres de máxima confianza del jefe de Gobierno, lo que le permitió al oficialismo juntar los 33 votos positivos necesarios para aprobarlo.
Romero terminó incluyendo una reducción en el impuesto a los sellos y en otros gravámenes que cobra la Ciudad, como el que se aplica a la compraventa de propiedades, tal como pedía el sector de Arenaza. El Gobierno de la Ciudad dejó de recaudar poco menos de mil millones de pesos, según confiaron fuentes parlamentarias a El Grito del Sur.
El monto resultó bastante menor si se tiene en cuenta que el proyecto estuvo a punto de caerse, sobre todo al calor de la discusiones dentro del Pro. Más de una vez, Patricia Bullrich aseguró públicamente que se sentía en desventaja frente a Rodríguez Larreta por la utilización de recursos públicos de la Ciudad para la campaña. El contrapunto terminó por resolverse luego del desayuno de este martes en que la cúpula del Pro selló un tiempo de paz entre sus precandidatos presidenciales. Tras esa reunión, un llamado de Bullrich a sus legisladores terminó por destrabar la discusión a nivel local.
“No conseguimos todas las modificaciones que pedíamos, pero algo es algo”, dijo Arenaza a este medio y agregó que “los acuerdos de arriba ayudaron” a ordenar la discusión por el presupuesto porteño.
En total, la Ciudad planea gastar 2,15 billones de pesos el próximo año, apenas un incremento del 87 por ciento respecto del de este año. El presupuesto fue presentado por Romero como de “déficit cero”. Desde el Frente de Todos confirmaron esa descripción, y señalaron que hay un crecimiento del 123 por ciento en las erogaciones y del 129 por ciento en ingresos.
Pero las críticas llegaron por el lado de los gastos en las áreas sociales. Especialmente en Salud, donde el Frente de Todos detectó que el gasto en el personal “es más bajo que hace 15 años”, cuando el Pro asumió por primera vez el Ejecutivo de la mano de Mauricio Macri. Esa comparación resulta “inexplicable”, dijeron, frente a las movilizaciones de los residentes, que volvieron a protestar este jueves frente a la Legislatura, junto a los docentes de UTE.
“El presupuesto educativo volvió a perder casi un punto, que se suma a los 12 que ya se recortaron en estos 15 años de gestiones macristas en la Ciudad de Buenos Aires”, criticó Laura Velasco, del Frente de Todos. “Volvió a bajar la participación de la educación pública en el presupuesto del Ministerio y subió la de gestión privada en una Ciudad donde urgen las mejoras edilicias, la construcción de nuevas escuelas y jardines, sobre todo en zona sur, y donde nuestros estudiantes reciben viandas insuficientes, sin valor nutricional y, en muchos casos, en mal estado”, agregó.
“La Ciudad tiene recursos europeos y problemas resueltos gracias a los años de gestión del Gobierno Nacional; sin embargo, esta gestión deja una ciudad mucho peor que la que recibió: cada vez más autos, no se construyó un solo metro de subte, cada vez se entierra más basura en el CEAMSE, vendieron la Costanera y una desigualdad norte-sur que nos da vergüenza”, concluyó por su parte Matías Barroetaveña.
De acuerdo a un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), hubo recortes además de un 13,54% el presupuesto destinado al Instituto de la Vivienda (IVC), del 20,11% en el Programa para la Urbanización de Villas y del 17,5% en los programas destinados a las personas en situación de calle. ACIJ relevó también ajustes en Salud Mental y en políticas de género y diversidad.
