Verónica Ramos fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia entre 2015 y 2017, durante la presidencia de Evo Morales. Se ocupó después de supervisar las empresas públicas creadas por el gobierno del MAS. No son pocas: 65, entre ellas muchas dedicadas al rubro alimentos. Su producción, junto con la exigencia al agro de abastecer al mercado interno antes de exportar, fueron algunas de las herramientas que el país vecino utilizó para bajar los precios. “Entre los 14 años de gobierno de Evo y los casi 2 de Luis Arce vamos 16 años de control de la inflación”, indica Ramos. En septiembre, Bolivia registró uno de los índices más bajos de inflación del mundo, del 1,6% anual.
Economista y docente —hija a su vez de un economista y docente del que heredó el gusto por la pedagogía— intercala datos y anécdotas para explicar el camino boliviano hacia la soberanía alimentaria, un objetivo aún incompleto.
Cuenta, por ejemplo, que Evo estaba obsesionado con los precios de la canasta básica. “Empezaba a subir un precio y Evo llamaba: ‘¡¡La papaya está siendo inflacionaria!!…’ y si no se trataba de un aumento estacional, había que salir a apagar el incendio”. Así, recién asumida como ministra, le tocó enfrentar un boicot de los panaderos que insistían en vender el kilo de pan a un Bolívar cuando la empresa nacional de alimentos (Emapa) tenía corroborado que con 0,50 obtenían suficiente margen de ganancia. Para bajar el precio de este artículo de primera necesidad, la empresa de alimentos estatal salió a vender a $0,40 el kilo, horneado por el Ejército.
La idea es preguntarle cómo trabajan las empresas públicas en el rubro alimentos. Pero la ex ministra quiere comenzar por el principio, ponerle una base a la cuestión. “Cuando Evo asumió tuvimos una coyuntura internacional favorable porque estaban en alza los precios de los hidrocarburos. Nosotros hemos tenido muchos años de crecimiento económico que se corresponde con eso, pero no fue tema aleatorio, sino que fue casado con haber nacionalizado nuestros recursos naturales. Si esa ola de buenos precios hubiese tocado en un gobierno neoliberal, todas esas ganancias hubieran salido a través de las empresas extranjeras. Es importante aclarar que nosotros no hicimos una nacionalización profunda: nacionalizamos la renta, es decir la ganancia que tenían por la exportación de los hidrocarburos. Porque no teníamos en el 2006 la capacidad técnica para administrar las empresas. A esa renta la reinvertimos en otros sectores. Hemos tenido muchos recursos para la economía nacional manejada desde el Estado. Tuvimos la fuerza para hacer cambios porque tuvimos los recursos”, remarca.
La entrevistada pasó por Argentina para dar una charla. Parte de esta nota sale de ahí, de apuntes. Invitada por el programa Mercados de Cercanía que coordina Eva Verde, la escucharon en Buenos Aires trabajadores de comercializadoras alternativas. Después viajó a Rosario para participar del encuentro Ciudades sin Miedo. Y entre esas actividades se hizo un rato para hablar con El Grito del Sur. Retomando el hilo:
—El modelo económico, social, comunitario y productivo boliviano es un proceso. La base es la nacionalización de la renta, que reinvertimos en otros sectores. Los resultados que hemos obtenido se basan sobre todo en haber dinamizado el mercado interno. Por ejemplo, fuimos aumentando el salario básico: cada año hacemos un incremento salarial y le pedimos a las empresas privadas que hagan también el esfuerzo. Pagamos un segundo aguinaldo si el PBI crece más del 4%. Y subsidiamos: encontramos en la población una desigualdad tan grande en el nivel de ingresos, que asumimos que el subsidio no es un pecado capital, sino parte del desarrollo. Tenemos el bono Dignidad, para la tercera edad, el Juancito Pinto para promover la escolaridad, el Juana Azurduy para mujeres embarazadas.
Es en este marco de un mercado interno fortalecido por trabajadores con mejores ingresos que también están dando la puja por la producción de alimentos.
Reservas estratégicas
—¿Cómo empezaron?
—Lo primero fue identificar cuáles eran los elementos más importantes que aumentaban la inflación. Nuestro problema fundamental para los precios de los productos básicos como la leche, la carne, el pollo, el cerdo era el precio del maíz, porque es la base del alimento balanceado. En Bolivia no somos autosuficientes en la producción de maíz, lo importamos en grandes cantidades. Dependemos de importar cereales de los países vecinos… es decir que cada vez que ustedes en Argentina estornudan, nosotros tenemos neumonía. También usamos la torta de soja como balanceado. Lo que hizo el Estado fue crear reservas estratégicas de maíz, arroz y trigo. Guardamos en silos maíz, harina, arroz; así, cuando ustedes estornudan podemos sacar nuestras reservas, y cuando baja el precio las reponemos. Es decir que tenemos una reserva dinámica que nos permite controlar el abastecimiento y los precios. Dentro de esta perspectiva, en el caso del maíz hemos hecho también programas de financiamiento para recuperar la producción nacional. Y de la misma forma trabajamos con el trigo.
La empresa de alimentos comenzó armando reservas estratégicas y fue sumando después otras funciones y actividades. Cuando Santa Cruz decidió no enviar carne a La Paz, la empresa nacional de alimentos volvió a salir al ruedo: el precio ya había comenzado a subir, porque la producción de carne del altiplano no alcanzaba para abastecer a la ciudad capital, la tercera más poblada del país. Para revertirlo, el gobierno decidió mandar reses en avioneta, que los trabajadores de Emapa faenaron y vendieron. Ramos apunta que “así como vendimos pan y carne, si hay alguna escasez en los alimentos básicos la empresa de alimentos entra al mercado inmediatamente”.
La marca “Hecho en Bolivia” es parte de ese camino. Aunque ya existía un sello similar creado por los empresarios, el Estado recuperó el concepto y le agregó el mapa de Bolivia, cuyo uso está vedado a los privados. Hoy certifica la producción nacional -hay mucho de los que en Argentina llamaríamos economía popular- y usa una app para descuentos y promociones.
“También le fuimos buscando otro gancho”, añade Ramos. Por ejemplo, el refrigerio que cobran los trabajadores del Estado como parte de su sueldo sólo puede usarse para comprar Hecho en Bolivia. También una parte del aguinaldo, y la mercadería destinada a quienes cobran el bono Juana Azurduy. Por otra parte, de Hecho en Bolivia sale la mercadería que venden los supermercados que fue abriendo el Estado, otra de las múltiples tareas en las que se ha embarcado la empresa pública de alimentos.
El Tinku
La cultura política boliviana tiene colores propios, y son fuertes. Los movimientos sociales marcan la agenda. “Imponen decisiones o fuerzan a negociar, a hacer lo que llamamos un tinku. Cuando asumí la función pública fue algo sorprendente para mí, porque llegaban las comunidades, todo el mundo gritaba y la impresión era ‘bueno, ya estamos todos peleados…’ pero cuando terminaba la reunión, había un apretón de manos: ‘bueno, licenciada, la necesitamos’. Entendí la esencia del tinku, de la negociación. Los martes eran los días que Evo se juntaba con los movimientos sociales, y tomaban decisiones con los movimientos. Creo que Arce lo sigue haciendo de la misma manera”.
La conversación entra en su recta final. ¿Integraron con estas políticas de desarrollo nacional lo que en Argentina llamamos economía popular? Ramos dice que depende de los sectores. “En las nuevas empresas agropecuarias y de transformación, lo que hemos hecho fue proteger al pequeño productor en relación a las empresas privadas. En otras hemos mejorado las condiciones laborales, por ejemplo en el caso de la castaña: la recolección y transformación de la castaña era una actividad con una explotación muy grande, tanto desde el lado del recolector como del lado de la quebradora, de la que rompía la castaña. Hemos roto los oligopolios, entramos nosotros pagando un precio justo por el producto y un precio justo por la transformación, en mejores condiciones laborales. Eso permitió mejorar los ingresos y la calidad de vida. Y generó mercados seguros, que es importante. En otras empresas vamos comprando la producción local, por ejemplo tenemos una empresa que hace el envase de piñas. Teníamos una producción muy interesante de piñas que Estados Unidos dejó de comprar. La empresa pública hizo una planta para transformar el excedente en piña envasada, lo que permitió que los productores no perdieran. Muchas de las empresas están vinculadas a desarrollar la economía local en términos de incrementar la producción y generar empleo”.
—¿Y cuál es la situación con el empleo informal?
—Tenemos igualmente el problema del trabajo informal. Hay que recordar que el modelo neoliberal buscaba el cuentapropismo, «uno es responsable de su propia generación de ingresos», y obviamente, el que trabaja por su cuenta está en desventaja en relación a los beneficios sociales, a la seguridad del salario, a los términos de la contratación… Se perdió mucho empleo formal en la época liberal. Nosotros hemos hecho crecer un poco el estado, porque nuestra política es que el estado es un actor que interviene no sólo en lo económico, sino en todos los sectores donde sea necesario. Hemos mejorado la empleabilidad en el estado, hemos establecido un salario mínimo, hemos creado una serie de medidas para compensar los ingresos de las familias de ese sector de los que generan su propio ingreso. Pero seguimos teniendo dificultades en la creación de empleo formal, porque cuando las grandes empresas que teníamos fueron privatizadas y se redujo la masa laboral. No hemos podido hacer un cambio radical en relación a eso, al modelo neoliberal del autoempleo.
