Desde el macrismo fundacional en 2007 a la actual versión larretista en 2022, el oficialismo porteño transcurrió los 15 años de predominio en la Legislatura con una lógica propia de una escribanía que refrendó las iniciativas del Poder Ejecutivo, generalmente en sintonía con desarrolladores inmobiliarios, ya que avaló la venta de numerosos terrenos e inmuebles públicos y habilitó la construcción de torres.
Bajo el amparo de un discurso de modernización, el PRO justificó en el Parlamento una avanzada del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires sobre tierras estatales, con foco en el corredor norte y en la Costanera del Río de la Plata, a partir de polémicas leyes que eran incorporadas a último momento en las sesiones maratónicas de fin de año y que dejaban escasa chance de formular objeciones al arco opositor.
Así fue como el oficialismo aprobó, a veces en soledad y otras con el voto de algún bloque aliado, la entrega de las parcelas de Catalinas Norte en Retiro; en la traza de la ex Autopista 3 en Coghland y Saavedra; la de Tiro Federal sobre la avenida Del Libertador en Núñez; los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales y Liniers; y, más cerca en el tiempo, los terrenos de la Costanera Norte en los que funcionaron con una concesión irregular los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Periódicamente, también los legisladores y las legisladoras alineados con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta respaldaron la venta de inmuebles de dominio público que desde el Poder Ejecutivo porteño consideraban «innecesarios», con la excusa de recaudar fondos para nuevas obras de la gestión.
El mayor exponente de este esquema de desprendimientos de bienes públicos fue el Mercado del Plata, el emblemático edificio ubicado frente al Obelisco que fue sede de oficinas municipales durante décadas y que en la actualidad pertenece a la compañía inversora en bienes raíces IRSA, propiedad de Eduardo Elsztain.
Giro a la derecha
En los primeros años de mandato en el distrito porteño, el PRO convirtió en normas un paquete de proyectos con los que buscaron la generación de un impacto en materia de seguridad y afianzarse con el electorado de centroderecha, como fue la prohibición de la actividad de los llamados «trapitos» o cuidacoches y de los limpiavidrios a partir de una severa penalización en el Código de Contravenciones.
Los legisladores oficialistas también promovieron la autorización para que los efectivos de la Policía Metropolitana primero y de la Policía de la Ciudad después pudieran utilizar las armas electrónicas no letales, conocidas como Taser, pese a las reiteradas objeciones planteadas por la oposición, respaldadas en pronunciamientos internacionales, por considerarlas herramientas de tortura.
En los últimos 15 años, el macrismo impulsó reformas al sistema educativo de la Ciudad que ocasionaron el rechazo y las enérgicas protestas de la comunidad escolar, como fue el proyecto para reducir la cantidad de Juntas de Clasificación Docente -que definen el mecanismo de inscripción y ascenso de maestros de las escuelas públicas-, que fue aprobado durante una escandalosa sesión en la madrugada del 2 de diciembre de 2011, que registró disturbios dentro y fuera del edificio de la Legislatura.
A finales del 2018 y a raíz de la propuesta de la ministra de Educación larretista Soledad Acuña permitieron la creación de la Universidad de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, la UniCaba, que, en la redacción original de la ley, buscaba reemplazar y suprimir a los 29 institutos de formación de los futuros educadores. La avanzada fue resistida por una movilización docente y estudiantil que morigeró el rol que finalmente tuvo la flamante institución y aseguró la continuidad de los terciarios.
Otro hecho que provocó un aumento de la tensión política en la Legislatura fue la formación de una Comisión Investigadora Especial que tuvo a cargo el análisis de las responsabilidades políticas de Macri -durante el primer mandato en la Ciudad- en la causa de espionaje por escuchas ilegales que tuvo como detenidos al excomisario Jorge “Fino” Palacios y el ex espía Ciro James.
De menor a mayor
El bloque que se autodenominaba Propuesta Republicana durante la primera conformación legislativa -tras la llegada de Macri a la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2007- contó con 28 legisladores de los 60 escaños que componen la Cámara porteña, por lo que debió negociar con otras bancadas para sumar los votos que le permitieran la sanción de las leyes propias en las que requerían de al menos 30 manos alzadas.
Pese al relato macrista, aquello no resultó dificultoso ya que existía una decena de bloques minoritarios por fuera de los dos más numerosos -el PRO y el Frente para la Victoria- y de esa manera aparecieron los acuerdos temporarios con la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo que, desde 2015, con la integración de la alianza nacional de Cambiemos pasaron a ser socios permanentes y alcanzar con holgura los números necesarios.
Sin embargo, el afán de sumar más espacios políticos al oficialismo porteño con el que se empeñó Rodríguez Larreta le trajo algunos dolores de cabeza en la Legislatura, donde sobresalen figuras controvertidas con alto perfil mediático, como Roberto García Moritán, que opacan la labor de dirigentes históricos del PRO; así como los referenciados en Patricia Bullrich (hoy presidenta del partido a nivel nacional) que se animan a contradecir las directivas que llegan desde la sede gubernamental de la calle Uspallata y fijan posturas diferentes, como el caso de Juan Pablo Arenaza que objetó el presupuesto para el 2023.
Un rasgo que el PRO fue arraigando en la Legislatura porteña fue una disminución de los tiempos de debate parlamentarios en el recinto: de jornadas que duraban entre seis y siete horas se pasó a que el promedio de permanencia de los diputados y las diputadas no supere los 60 minutos.
En la columna del debe del PRO en la Legislatura también quedaron registrados los faltazos de quienes ocuparon la presidencia de la Legislatura, cargo que la Constitución porteña le otorga a los vicejefes de Gobierno, y que durante los mandatos de Gabriela Michetti, entre 2007 y 2009; y María Eugenia Vidal, entre 2011 y 2015, no se hicieron casi nunca presentes para conducir los debates en las sesiones ordinarias.
