La vigilia se extendía más allá de las calles lindantes a Entre Ríos, Callao y Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo y ancho de la Argentina, millones de personas estaban expectantes al dictámen de la Cámara alta. Habían pasado dos años desde el rechazo que enfrentó el proyecto de ley en 2018, que tras perder estado parlamentario y declarada la pandemia, llegaba nuevamente al Congreso para su tratamiento, con el envío del presidente Alberto Fernández. En las plazas y veredas: los barbijos, los pañuelos, las manos entrelazadas de amigas, los cantos de activistas, la revolución de las hijas y de las madres, los puestos de emprendimientos, las historias -algunas virales y otras no tanto- y diferencias convivieron con un clima que llegó a superar los 30 grados, esperaron hasta la madrugada el último voto que finalizó la sesión. La sociedad salía del confinamiento, y del miedo a la clandestinidad, también.
Pasaron dos años de aquel 30 de diciembre que con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención, el proyecto de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Atención Postaborto, se transformó en ley (27.610) en el Senado. En este nuevo aniversario, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a un “redazo federal” este viernes 30 para exigir su plena implementación.
Porque si bien la IVE «se encuentra vigente en todo nuestro país y en algunos territorios se avanza en la apertura de equipos de salud que garantizan abortos”, advierten, “las desigualdades en el acceso marcan brechas enormes según la provincia, localidad o pueblo donde las personas vivan».
Luz Díaz es médica general en San Salvador de Jujuy y reafirma esta deuda: “La carencia a la garantía de un aborto acompañado, de manera integral”. “Falta que el acceso sea en todo el país y de forma cuidada, feminista y con amorosidad. Y sobre todo, la garantía en el segundo trimestre; no todas las provincias pueden hacerlo efectivo, y ese es un tema gravísimo”, visibiliza.
Desde 2017, la especialista forma parte de la Red de Salud por el Derecho a Decidir, un espacio entre 700 equipos de Salud con más de 2000 profesionales en todo el país, que durante muchos años garantizaron ILEs para ahora implementar IVEs (en sus palabras). Allí, la médica se unió con el objetivo de “dar mayor visibilización de la lucha por el aborto voluntario libre y legal”.
“Acompaño situaciones de aborto en primer y segundo trimestre”, cuenta a El Grito del Sur. “Algunos que presencié en el 2017 eran en el marco de la ILE: crear las causales, llenar en forma intensa las historias clínicas, el temor se disipaba porque estábamos en red”, recuerda.
“Abortos en soledad de chicas jóvenes que no podían contar ni a sus familias y amigas, que debían alquilar una pieza para poder estar en el procedimiento, mintiendo en el trabajo, por ejemplo. Empleadas domésticas cama adentro, que sólo tenían un día para hacerlo, que necesitaban que funcionara porque no tenían un día más y ni locas iban a poder avisar eso a sus patrones. Abortos de abusos de familiares que tampoco se podían decir. Abortos de abusos de sus parejas sin poder asumir esas violencias. Abortos de gendarmes que no podían tener un hijx porque estaban en carrera. Abortos porque ya tenían muchos hijxs y no podían con otro, viviendo con culpa. Abortos de mujeres que no hablaban castellano y tener que explicarle al marido el procedimiento. Abortos de chicas de 15 o 16 años que no tenían idea que existían los métodos anticonceptivos. Abortos de mujeres que con método y todo, quedaban embarazadas. Y en todas ellas pude decirles que no eran las únicas, que habíamos muchas que estábamos decidiendo, que había red y que teníamos que salir a pelear por el aborto legal. Así muchas historias, muchísimas”, menciona Díaz.
En Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año, aporta un informe publicado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recuperando las estadísticas recoletadas por el estudio del Ministerio de Salud de la Nación, “Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina”. Sin embargo, también se advierte que no existe un registro de datos sobre Interrupción legal del embarazo: no se conoce el número de abortos legales realizados, no existen indicadores de desempeño acerca de su provisión por el sistema de salud. Esto ilustra un panorama.
El informe añade que en los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años.
Luz coincide con la metáfora inicial de esta nota. “A partir de la legalización, el aborto salió del clóset”- afirma-. “Las usuarias se presentan pidiendo una IVE, sin tanta vergüenza, haciendo uso de un derecho, sobre todo en las más jóvenes”.
Por esos días que marcaban el fin del 2020 y el inicio a otro paradigma latinoamericano en la lucha por los derechos humanos [Argentina se ubica luego de Cuba, Uruguay y algunos estados de México como su capital y Oaxaca], la cineasta, conductora, humorista y actriz, Malena Pichot, publicó un video que parodiaba el prejuicio de cierto sector social. Ella caminaba por la vereda, mientras que cientos de mujeres la chocaban diciéndole que corrían a realizarse un aborto. “No sé qué hacer con tanta libertad, voy a extirparme los ovarios, ahora que puedo”, le dice una.
Por supuesto, la comunicadora contrarrestó con sátira el futuro, pero algo ya anticipaba: el comienzo de una libertad. Y aunque lejos de arrebatos desmedidos, el pedido social se tradujo a datos. “La cantidad de efectores públicos que realizan abortos aumentó un 60% en el país (de 903 a 1437), las obras sociales y prepagas ya cuentan con protocolos para garantizar la práctica, están disponibles cuatro laboratorios nacionales que producen o están en proceso de producir misoprostol”, informa la periodista especializada en género, Mariana Carbajal, con estadísticas aportadas por la directora ejecutiva del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad).
Sin embargo, aún existen dilaciones que bloquean el acceso a una IVE, desafíos y situaciones con las que tienen que lidiar las y los profesionales de la salud: hasta hace algunas semanas todavía se exigía el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz (Tartagal, Salta), quien atendió a una joven que pidió la IVE estando con 22 semanas y dos días de gestación. Y como ella, tantas.
“Continúa con el estigma de aborteras”, constata Luz. “Y con el desconocimiento de una ley, que es un derecho, y por eso sufrimos el hostigamiento en algunos lugares de trabajo. Si bien contamos con activistas, todavía faltan líneas más fuertes en algunas instituciones nacionales y/o provinciales que acompañen”, agrega.
Esto último conforma uno de los ejes principales del redazo federal de la Campaña Nacional, que además del “cese inmediato de la criminalización y persecución a quienes garantizan y acompañan abortos”, reclama “la plena difusión de la Ley en plataformas y medios masivos; y la implementación de la Ley en todos los niveles de atención”.
Según cifras de los últimos 5 años de registros oficiales aportados por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés) en su última evaluación a Argentina (noviembre de 2016): más de 3 mil niñas menores de 15 años por año en el país afrontan embarazos y partos. En promedio, 9 niñas por día acuden al sistema de salud a parir.
Asimismo, en Argentina no se encuentra autorizada la producción y comercialización de mifepristona, que es uno de los medicamentos recomendados primordialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la práctica de aborto. En cambio, sí se produce y comercializa misoprostol, que es la droga recomendada cuando la mifepristona no está disponible, pero que sólo es producido y comercializado por un único laboratorio (Laboratorios Beta, de capital nacional) en combinación con dicoflenac sódico, bajo el nombre de Oxaprost.
“Esperemos que se concrete la fabricación pública de mifepristona y que las AMEU (aspiraciones manuales endouterinas) puedan ser realizadas en el primer nivel, no sólo por determinados especialistas, sino por quienes hemos venido capacitándonos; que se incluyan en todas las currículas de grado y posgrado, al menos en lo que refiere la ámbito público”, señala Luz.
En estos dos años, así como las conversaciones en torno a la mifepristona, se comenzó a hablar de la efectividad de la AMEU, una técnica que retira el contenido del útero y que tiene éxito en el 98% de los casos y reduce significativamente el riesgo de complicaciones, la pérdida de sangre, el dolor y las secuelas asociadas con el legrado, según indica el banco de salud del Ministerio de Salud Nacional.
Frente a este panorama que delimita el campo de acción de los últimos dos años: ¿Qué otras cuestiones no están siendo visibilizadas? Y luego de tantos debates y mareas feministas que analizaron hasta el cansancio millones de temas, ¿de cuánto no se está hablando?
Luz opina: “No se habla de las IVEs en diferentes situaciones, como por ejemplo personas trans, migrantes, originarias, campesinas. No se habla de que el aborto es una elección de la no maternidad como una imposición social, de que sigue siendo un negocio y un lucro para algunos. Aún se vive el aborto como algo que genera traumas y culpas; del concepto de que en un aborto se sufre dolor -lo cual es una generalización- sin tener en cuenta las subjetividades, muchas veces se lo vive como algo muy liberador”.
Cerrando el año, la médica traza un balance positivo en términos de poder instalar el tema como un derecho y espera que “se reconozca al activismo cómo generador de saberes y se pueda ocupar un espacio de formación y acompañamiento, que se resuelva el aborto en segundo trimestre ILE en forma adecuada, sin hacer parir ni poner nombres a fetos que son inviables, ni haciendo maternar a personas que no lo desean”. “No debemos naturalizar la tortura. Eso da y nos seguirá dando seguridad”, finaliza.
Recordá que para acceder a la IVE podés acercarte a tu centro de salud público o privado y solicitarlo. La atención es gratuita y obligatoria en todo el país y debe ser inmediata, con un máximo de 10 días. Allí, deben proporcionarte la información necesaria para escoger el método de interrupción deseado. De lo contrario, está habilitada la línea 0800 222 344 para denuncias y reclamos.
