La especulación inmobiliaria gobierna hoy la ciudad. Pese a que su población no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura, sin respetar el entorno barrial ni los edificios históricos, y sin mejorar la infraestructura de los servicios. La calidad de vida en la ciudad disminuye, mientras la vivienda ociosa aumenta.
En la actualidad, si bien no todo es patrimonio, se estima que de un universo de 141.000 edificios anteriores al año 1941, tan solo el 13% (18.500 edificios históricos) han sido incluidos en proyectos de ley para su tratamiento y declaración como patrimonio por la legislatura. Pero incluso este porcentaje insignificante está en un limbo legal sin protección efectiva: las listas de edificios a proteger no han sido discutidas por las comunas ni por los legisladores, corriendo el riesgo de perder estado parlamentario. En definitiva: los vecinos simplemente se enteran de las demoliciones cuando los edificios desaparecen.
Las transformaciones que sufre el tejido ya consolidado, sin ninguna planificación y amparadas en cuestionados convenios urbanísticos, dejan como resultado una ciudad, fuera de escala y proporción, con un alto déficit de espacios verdes, que sufre el efecto “isla de calor” y ve, día a día, empeoradas las condiciones de hacinamiento en un contexto de lucha contra el calentamiento global y aumento de las epidemias urbanas.
Al mismo tiempo, la sustitución de piezas patrimoniales por edificios nuevos, ajenos a cualquier directiva, no es una política urbana sostenible: va, incluso, a contramano del compromiso Carbono Neutral para Buenos Aires 2050, por el cual el GCBA se dispuso a encarar una serie de medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Para cumplir esos compromisos se requeriría la revisión de varios de los procesos de la industria de la construcción: la huella de carbono del edificio, el uso del agua, la extracción de materiales y la disposición de residuos sólidos son variables que impactan profundamente en el medioambiente.
Es en este alarmante contexto que Basta de Demoler (BDD) trabaja desde hace 15 años para hacer cumplir las políticas públicas de protección y gestión del patrimonio porteño.
Basta de Demoler ha llevado a la Justicia una infinidad de reclamos vecinales. Es en ese marco, por ejemplo, que actualmente impulsa un proyecto de ley para expropiar y crear una plaza en el terreno aledaño al monasterio colonial de Santa Catalina de Siena, luego de que en 2016 el Tribunal Superior de Justicia fallara en contra del permiso para construir una torre de veinte pisos en el lugar. El monasterio de 1745 fue declarado Monumento Histórico Nacional; y a pesar de que está probado que la construcción de una torre a esa escala afectaría su entorno de manera irreversible, el GCBA envió en 2021 a la Legislatura un paquete de 12 convenios urbanísticos que insiste con el emplazamiento de una torre en el lugar.
Basta de Demoler ha sufrido también los embates directos de la gestión del PRO: en 2022, y luego de 7 años de inactividad, el GCBA solicitó la reanudación del proceso judicial por el cual demanda por daños y perjuicios a esta ONG y a los ciudadanos Santiago Pusso y Sonia Berjman, por 3 millones de dólares por haber frenado mediante un amparo la construcción de una estación de subte debajo de la Plaza Intendente Alvear, un espacio verde protegido por una ley que impide cualquier tipo de intervención en la intersección de las avenidas Libertador y Pueyrredón. Según el GCBA, la acción de amparo fue motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Alvear”.
Sin embargo, la propia Legislatura votó relocalizar la estación en las cercanías de la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones; la plaza está recuperada y la estación se encuentra en pleno funcionamiento desde su inauguración en el año 2018, cubriendo las necesidades de acceso diario de 25.000 alumnos y del Centro de Convenciones sin violar ley alguna. Desde BDD entendemos que esta demanda constituye un ataque directo a la democracia, pues su único fin es amedrentar y silenciar a ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia.
La actual Constitución de la Ciudad contempla mecanismos de democracia participativa para la tramitación de sus conflictos, a través de los cuales podrían plantearse soluciones óptimas a los dilemas urbanísticos que sufrimos los porteños y porteñas. Pero las instancias de participación existentes en el Código Urbanístico y la Ley de Comunas no se cumplen.
Es por eso que exigimos verdadera representación vecinal en los órganos que deciden sobre nuestros barrios. Le decimos “no” a las torres y a los convenios urbanísticos, basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes. Demandamos el cumplimiento de los programas de apoyo a Bares Notables, la reglamentación e implementación del Fondo para la recuperación de edificios catalogados, y planes de reconversión del patrimonio a vivienda social, protección del adoquinado en áreas protegidas y respeto al arbolado urbano.
Exigimos que se realice una auditoría al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística. A pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, las ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos deciden qué edificios se conservan y cuáles no.
Durante la segunda mitad del siglo XX los planes urbanos aplicados sobre nuestras ciudades han desconocido la ciudad real, sus particularidades y las necesidades de quienes las habitamos. Ya es hora de cuestionar, mediante la participación vecinal, la tábula rasa de la arquitectura moderna para repensar nuestro entorno urbano en base a nuevos paradigmas urbanos.
Buenos Aires necesita un desarrollo planificado y sustentable acorde al siglo XXI, muy diferente al propuesto por el movimiento moderno en años pasados. Es necesario garantizar el derecho a un ambiente sano y la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, tal como lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico. Por eso, defender el patrimonio es cuidar la calidad de vida de los vecinos y la proyección económica de la ciudad. Demoliendo su identidad, se va Buenos Aires.
