Puede resultar paradojal que en su pelea faccional dentro del PRO, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta apele a la candidatura de Fernán Quirós como si fuese una carta salvadora. Aunque varios transcendidos periodísticos afirmaban que el anuncio de la candidatura se demoraba por las supuestas vacilaciones del actual ministro de Salud porteño, lo cierto es que la causa del retraso fue otra: la gran lucha que protagonizaron y siguen protagonizando los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Más allá de la opinión que cada uno tenga del jefe de Gobierno -la mía, se sabe, es francamente negativa-, ni el mismo Larreta podía llegar al exabrupto de anunciar como candidato a un ministro de Salud que tenía los hospitales en estado de franca rebelión. Es que la lucha de residentes y concurrentes fue eso, una rebelión. Casi nueve semanas de lucha, con marchas diarias, asambleas y en la etapa final una huelga general que terminó arrancado una parte importante de las reivindicaciones exigidas.
En el balance no solo pesa el logro salarial, sino también los métodos aplicados. O sea, el cómo vale tanto o más que el qué. Contra los que bajan un discurso de que no vale la pena luchar, ellos demostraron que luchar sirve. A tal punto que la lucha de residentes y concurrentes trascendió su marco original, empezó a contagiar a los trabajadores de planta y obligó a direcciones sindicales muy ligadas al gobierno porteño, como son las de Médicos Municipales y Sutecba, a convocar un paro y una movilización.
Al momento de anunciar su candidatura, Quirós dijo que venía a aportar una “visión humanista” de la sociedad. Pero acá también la lucha de residentes y concurrentes sirvió también para refutar al ministro. Con sus recibos de sueldo exhibidos y en las declaraciones a los medios de prensa, los jóvenes profesionales mostraron que el sistema público de salud se basa en un régimen de superexplotación laboral y de miseria salarial.
Aunque formalmente la residencia debe tener una función formativa, lo cierto es que en los hospitales de la Ciudad los servicios enteros quedan a cargo de los profesionales en formación. Sus jornadas de trabajo semanales pueden superar las 120 horas, cuando se suman las horas establecidas más las guardias que no se remuneran. Además, la falta de francos post guardia lleva a que muchos profesionales tengan jornadas de corrido de 36 horas o más. Varios residentes de cirugía me comentaban durante el conflicto que jornadas de esta extensión conspiran contra una atención adecuada a los pacientes. Dicho de otro modo: ¿vos te querrías operar con alguien que ha sido forzado a trabajar durante 36 horas seguidas sin dormir?
También adquirió difusión pública que en la Ciudad de Buenos Aires hay unos 600 concurrentes que trabajan en el sistema de salud sin cobrar un solo peso y que no tienen siquiera una ART. La mayoría de estos concurrentes son profesionales especializados en salud mental. Hay servicios enteros bancados por los concurrentes, o sea que sin su presencia debiera procederse al cierre. La otra cara de la moneda de esta situación es la falta de acceso a la salud mental de la población. Quien se acerca a un efector público a solicitar un turno para recibir atención referida a la salud mental deberá esperar por meses e incluso por un año entero.
Mientras tanto sigue sin aplicarse efectivamente la ley de salud mental que establece un proceso progresivo de desmanicomialización y la creación de dispositivos intermedios para evitar las internaciones eternas, que afectan especialmente a las personas con menores recursos. La negativa a avanzar en esta dirección tiene causas diversas. Por un lado, claro, las de índole presupuestaria. Pero por el otro operan presiones directas de lobbies de determinadas asociaciones vinculadas a laboratorios y camarillas profesionales que lucran con el estado actual de cosas.
La precarización de los trabajadores abarca a otro sector fundamental del sistema de salud, como es la enfermería. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires trabajan en el sistema público algo más de 10.000 enfermeros y enfermeras. A pesar de que su calificación ha ido creciendo gracias a su esfuerzo personal y colectivo, el Gobierno de la Ciudad los contrata como si fuesen empleados públicos y no como profesionales de la salud. Si en vez de estar bajo la ley 471 del escalafón general pasasen a la ley 6.035 de los profesionales de la salud, automáticamente enfermería tendía un salario significativamente mayor y derechos laborales acordes a su tarea. Recientemente un fallo judicial acaba de establecer que el gobierno debe otorgar ese reconocimiento, pero Larreta y Quirós en vez de cumplir el fallo han resuelto apelarlo. Como la Justicia de la Ciudad es una dependencia del Poder Ejecutivo, es muy probable que el gobierno se salga con la suya. Para esta faena reaccionaria el gobierno tiene como cómplice directo a la dirección del sindicato Sutecba, que se opone tenazmente al reclamo de enfermería. La dirección de Sutecba milita en el Frente de Todos, a tal punto que su secretario adjunto Alejandro Amor encabezó la lista a legisladores de la Ciudad en la última elección. Conclusión: no hay grieta cuando se trata de ajustar a los trabajadores.
La precaria situación de los trabajadores de la salud es, por definición, la prueba más irrefutable de la precariedad del propio sistema. No puede haber un sistema de salud que funcione como corresponde con trabajadores precarizados, con salarios de miseria y obligados al pluriempleo. Pero como siempre, la cuestión radica en qué intereses se imponen. Un sistema de salud público precario y deficiente es una condición para que crezca el sistema de salud privado. Porque después de todo la pregunta obvia es la siguiente: ¿por qué pagaría una prepaga si tengo un sistema público gratuito que brinda una atención adecuada en tiempo y forma? La privatización creciente de la salud fue relegando al hospital público como el ámbito de atención del sector más empobrecido de la población. Tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires. El resto de la población termina pagando por la atención sanitaria, sea a una prepaga o una obra social. Y como éstas terminaron actuando entrelazadas con las empresas de salud, los propios trabajadores sindicalizados son forzados a pagar por encima del descuento ya establecido para acceder a mejores prestaciones. Así, la salud pública y gratuita termina siendo un slogan vacío.
Durante la pandemia sucedió un hecho novedoso. Las empresas de salud no dieron abasto para atender a sus propios pacientes, debido a su negativa en invertir en equipos y personal. La lógica empresarial se impuso a las necesidades sanitarias. Para las empresas invertir durante una pandemia no era negocio, ya que podía ser un hecho pasajero. El contador les puede haber dicho a los dueños que sería difícil amortizar ese nuevo capital. Ante esto el sistema público, pensado para atender a la población más pobre, terminó siendo quien se hizo cargo de la atención de la mayoría de los pacientes. Por una vía indirecta, el presupuesto público sirvió como subsidio al capital privado, que además recibió otro tipo de beneficios, como por ejemplo los bonos a sus trabajadores que pagaba directamente el Estado. Pasada la pandemia, sin embargo, las cosas volvieron a la “normalidad”. En el sistema público se llegó al extremo de echar a trabajadores que se la jugaron en los peores momentos de crecimiento de los contagios. El argumento de que “ya no hacían falta” fue y es insostenible. Cualquiera que recorra un hospital de la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta de inmediato de que nada sobra; menos, claro, trabajadores de la salud.
Bajo la sociedad capitalista, que impregna su lógica al conjunto de la vida social, la salud se convierte en una mercancía, cuyo objetivo es arrojar lucro al capital. Esta lógica envuelve al propio Estado, cuyo presupuesto destinado a la salud se convierte en un objetivo por los grupos económicos que quieren apropiárselo. Entre los que logran ese objetivo están los laboratorios, que se quedan con una parte significativa de ese presupuesto.
El abaratamiento que implicaría una producción pública de medicamentos, tanto para el Estado como para los pacientes, choca con intereses muy fuertes que tienen su asiento en todos los ministerios públicos de Salud de las provincias y de la Nación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Fernán Quirós viene directamente del sistema privado. Aunque en el pasado que los ministros o ministras hayan venido del sistema público no haya sido garantía de nada, es cierto que no se puede negar el valor simbólico que un director del Hospital Italiano sea el ministro del sistema público. Al final de cuentas, se refuerza la certeza de que han puesto al lobo dentro del gallinero.
Un sistema de salud de acceso universal y gratuito para toda la población, sin distinción de su capacidad económica, requiere una transformación integral que es incompatible con el capitalismo. Requiere establecer un sistema unificado y articulado, que incluya a los hospitales, centros de atención primaria, laboratorios, centros de diagnósticos, etc. Un sistema solidario, en el que no haya patentes que monopolicen fármacos y eviten su difusión, en el que los avances de la ciencia sean patrimonio de todos y no coto cerrado de un grupo económico para maximizar sus beneficios. La humanidad ha logrado avances enormes en materia sanitaria y científica. Hay que liberarla de las trabas que le impone el capital para que los avances no se detengan y puedan llegar al conjunto de la población.
