El debate está en las calles, en los colectivos y hasta en las escalinatas de la Facultad de Derecho, donde a fines de noviembre se organizó una actividad performática a conciencia de esta causa. ¿Por qué es importante? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son sus pilares? Hablamos con la periodista y asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Vanesa Cufré, el activista Lautaro Lucas Cruz y la abogada Marisa Herrera, quienes analizan la urgencia de esta causa y nos responden en esta nota.
Progresivamente pero en forma de marea, los movimientos feministas y transfeministas marcaron hitos en la historia de la Justicia argentina que repercuten en la actualidad. Por nombrar algunas piedras fundacionales, la Ley de Identidad de Género -sancionada en 2012- hoy continúa su lucha con el impulso de una Ley Integral Trans. Estas medidas dan cuenta de falencias estatales en materia de justicia. Cuestiones que se evidenciaron de una forma contundente una vez estallado el Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, dejando expuesta la carencia en perspectiva de género dentro del Poder Judicial que hizo necesaria la Ley Micaela.
Vanesa Cufré advierte que “la relación entre justicia y seguridad ha hecho en nuestra historia travesti cicatrices incrustadas en nuestros cuerpos y en nuestras memorias”. En diálogo con El Grito del Sur, la periodista y militante transfeminista, asesora en Género y Diversidad en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, plantea el esquema estructural de la lucha que atraviesa la comunidad en un país donde la Justicia permanece con los ojos vendados, pero no en el sentido metafórico de la igualdad sino frente a la elección de no ver.
“Las persecuciones, el hostigamiento y la violencia, sumado a la cotidiana discriminación, fueron avaladas siempre por una Justicia que no solo hacía omisión de nuestros derechos sino que nos usaba para llenar sus estadísticas y presupuestos en consecuencia”, sostiene. “Ser la caja chica de la policía por ejercer el trabajo sexual es la primer regla de la que te intentás escapar en la calle. Es la primera resistencia. Preferimos pagar con plata. Y con silencio. Solo la organización nos empoderó, al hacernos conscientes de nuestros derechos. Hemos así construido leyes, acompañado otras, y pugnamos por nuevos derechos que se acerquen lo más rápidamente a ese piso de ciudadanía, que la democracia todavía nos debe a muchos sectores sociales”, asegura.
He aquí el planteo por una Reforma Judicial Transfeminista. Y cuando Vanesa habla de deudas, lo hace a nivel extensivo. “La actual justicia no solo es patriarcal, sino clasista y racista”, recuerda.
“Una reforma judicial transfeminista implicaría la revisión de un contrato social antiquísimo que no nos contempló desde un principio y que fue consolidado por castas de poder encarnadas por hombres. La integralidad de nuestro planteo resulta incómodo en lo absoluto. Tensiona las bases mismas del Estado y expone un sistema transversal de violencia”, asegura Cufré.
Vanesa es también secretaria de Prensa y Comunicación Popular de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), e integrante del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita y la Federación Argentina LGBT. A medida que reflexiona, se cuestiona: ¿Hay posibilidades de pensar nuevos sujetos jurídicos, colectivos y comunitarios con anclajes territoriales que ayuden a pensar y resolver de manera integral los conflictos que competen a la Justicia? “Creemos que sí” —confía y trabaja por ello—. “Intentamos exponerlos cada vez que seguimos reclamando por hechos como la absolución de Higui y la sanción de la ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), o proponemos a jurados populares en juicios por femicidios ante el sesgo machista de los decisores”.
Del CIStema Judicial a la Transformación del Poder
Atenta a lo que sucede en los barrios, pero dentro de los movimientos y organismos, Vanesa Cufré advierte una presente crisis institucional planteada por el accionar colectivo, unido en función de desarmar los intereses individuales de funcionarios [sí, en masculino por mayoría] que están en la toma de decisiones pero sin haber transitado ninguno de los recorridos del pueblo.
“Los mecanismos institucionales también están en discusión, no solo el concepto de justicia“, evidencia. “La lejanía de clase, de existencia y geográfica también, hace que muchos fallos no contemplen en lo más mínimo los factores socioculturales, económicos y de vulneración histórica de derechos. Una justicia impermeable, que representa los intereses de un sector, alejada de la representación popular y sostenida por la impunidad y el anonimato, tuvo que doblegarse y oír, revisar y contemplar bajo los nuevos tiempos sus fallos, los cuales debió revisar para rever y enmendarse”, añade.
“Argentina es el país pionero en políticas públicas en el marco de los Derechos Humanos, esto es debido a la histórica movilización de la sociedad”, complementa Lautaro Cruz, co-creador de la fundación Trans Argentinxs, integrante de la colectiva Identidad Marrón y activista por la Ley Integral Trans.
“Esta reforma es algo sumamente necesario para los tiempos que corren. El acceso a la información, el conocer nuestros derechos y la participación ciudadana activa del país, hace que sea sumamente urgente”, manifiesta. Lautaro dimensiona este panorama a nivel personal y colectivo. “Estoy atravesando una situación judicial, que claramente la Justicia no contempla que soy una transmasculinidad, marrón, salteño, y que mi manera de defenderme de los ataques de la sociedad era con las pocas herramientas que tenía a mi alcance, así como mi miedo a la policía por las veces que me pararon por sólo estar caminando en un barrio pudiente de la ciudad. La jueza a cargo no hace esa lectura, solo soy leído como un VARÓN CIS cuando claramente mi construcción no se asemeja a la de una persona CIS”, denuncia.
Desde su situación, el activista parte de abordar las realidades de miles en una Justicia exclusiva y excluyente. “Estoy acompañando varios casos de compañeros Trans que son vulnerados por este CIStema, que por diversos motivos se enfrentan a un Poder Judicial que no les respeta la identidad. Literalmente no respetan ni la Ley 26.743 de Identidad de género, y más aún cuando no tienen los recursos para pagar unx buen abogadx. Porque de pronto tenemos que ser educadorxs de abogadxs, fiscales y jueces, en un cuadro donde nos violentan aún más. Y sumo a esto la cantidad de causas de narcomenudeo que tienen las compañeras Trans, donde la Justicia no hace oídos a que esa era la única ‘salida laboral’ de ese momento”, analiza.
En este punto, Vanesa afirma que la movilización popular que expresan los feminismos y transfeminismos “pone en jaque las relaciones del poder y la expresión que en sus fallos cristalizan estos vínculos promiscuos y condenan a la privación de la libertad a miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans y no binaries por la actual ley de drogas, por ejemplo, y deja a otras cientos de miles sin respuesta en su búsqueda de justicia por la violencia por motivos de género que padecen, en paralelo”.
¿Quiénes han ocupado las instituciones directamente vinculadas con la Justicia desde universidades, colegios de abogados, Consejo de la Magistratura, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil? La abogada, docente e investigadora Marisa Herrera responde: “En su amplísima mayoría han sido dirigidas por varones cis, blancos, de clases acomodadas con una mirada absolutamente reducida de los conflictos sociales, del papel de la Justicia, de los problemas de accesibilidad, de poca cercanía y, en definitiva, alejados de lxs justiciables. De allí que la democracia paritaria constituye uno de los tantos eslabones que compromete una reforma judicial transfeminista, en el que es sabido que no se trata de defender la idea de que haya más mujeres en lugares de decisión, sino de mujeres y disidencias feministas, con una clara formación y compromiso en clave feminista con todo lo que ello encierra”.
Marisa parafrasea a la artista Susy Shock en continuidad con las voces de Vanesa y Lautaro, que trazan y evidencian el panorama social frente al judicial. “Nosotras seguimos bien desubicadas: desubicadas de suponer que cuando estallan las tormentas lo que debemos hacer es resguardarnos y esperar sentadas por un tiempo mejor, sin entender que ‘el tiempo mejor’ nunca viene, que en todo caso nosotras lo vamos haciendo”.
“Está claro que el tiempo mejor en la Justicia nunca va a venir desde estos ‘(b)varones’, todo lo contrario, por eso las feministas tenemos la obligación de hacer, de seguir haciendo y transformando para que puedan venir tiempos mejores, tiempos en que la Justicia sea un poder del Estado y no ámbito de violencia y opresión, en especial, para lxs más vulnerables”, afirma la abogada e investigadora del CONICET que se plantea escribir las bases de la reforma.
La degradación del Poder Judicial empieza por los ámbitos de mayor poder de decisión: la Corte Suprema, los tribunales de “Comodoro Py” y el Consejo de la Magistratura. Si tomamos de referencia el último Mapa de Género de la Justicia Argentina hasta la fecha (herramienta elaborada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la información aportada por cada una de las jurisdicciones), del año 2021, el total del plantel estuvo compuesto por 126.036 personas, de las cuales el 57% eran mujeres. Sin embargo, ellas conformaron sólo el 31% de las máximas autoridades (Ministras/os, Procuradoras/es Generales, Defensoras/es Generales).
Esta desigualdad da cuenta de que el “techo de cristal” se les presenta a las femineidades cuando concursan para acceder a la magistratura y, más aún, para acceder al máximo nivel de autoridad. En ese mismo 2021, los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores y 3,4 veces más posibilidades de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino (a partir del cálculo de odds ratio).
Desde mediados del año 2014 al 31/10/2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo integrada por una sola ministra mujer. En contraposición, la mayoría de los ministros fueron varones. A partir del 1/11/2021, debido a la renuncia de esta única ministra mujer, la Corte pasó a estar conformada exclusivamente por varones. “Todos estos ámbitos están manejados por ‘machos’ que solo les importa demostrar/se ‘quién la tiene más larga’ en la jerga que ellos conocen tan bien, absolutamente alejada -o totalmente contraria- a las bases transformadoras como la que encierra referirse a una reforma judicial transfeminista”, retoma Marisa, a partir del término que define como no casual ya que contiene en sí mismo un debate propio o dentro de los feminismos.
“Si se trata de derribar opresiones, es con las diversidades sexo-afectivas incluidas. Es decir, no solo con las mujeres cis sino con todas las identidades feminizadas y otras identidades no hegemónicas”, destaca.
Hace algunos días, el planteo por la reforma judicial transfeminista llegó en forma de expresión artística a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde Marisa es docente. En sus palabras: un ámbito institucional clave en la formación de los futuros abogadxs que ocupan esos lugares de decisión.
● Las bases para una reforma judicial transfeminista, ¿por dónde se empieza?
Marisa Herrera: Además de lo relativo a la democracia paritaria, una reforma judicial transfeminista involucra una transformación profunda de todo el sistema: desde cómo se enseña el Derecho -con qué contenido, qué materiales de estudio, qué debates se generan- pasando por cambios de política judicial como repensar una ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se redefina su rol y mayor participación ciudadana a través de la figura de los amicus curiae, mayor apertura a través de audiencias públicas, mayor transparencia en sus actos de gobierno, cumplimiento de lo dispuesto en el art. 114 de la Constitución en lo relativo a la interacción con el Consejo de la Magistratura, menor arbitrariedad en la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad -valga la redundancia- y la inseguridad jurídica que ello genera al preguntarse qué casos admite la Corte, los casos que la propia Corte quiere en los tiempos que ella quiere que suelen ser, no por casualidad, los tiempos de la política partidaria. Un sistema así es inviable y eso a esta altura está clarísimo; por ende, hay que introducir modificaciones de raíz y el movimiento feminista ha sido el único movimiento social en los últimos tiempos que ha logrado cambios y debates sociales estructurales. En este contexto, cabe entonces darle la posibilidad de motorizar las transformaciones ya no necesarias sino urgentes porque cada día que pasa estamos un escalón más abajo con lo que eso significa en términos de calidad democrática.
Lautaro Cruz: Por el cambio total de las y los jueces. El análisis transversal de cada caso, pensar en el género, la identidad de género, la orientación sexual y su origen étnico permitirá que las decisiones de los fallos sean justas.
Vanesa Cufré: Se cuentan mujeres y disidencias asesinadas en manos de la violencia machista, pero se olvida fácilmente el número infinito de familias, hijxs, madres, hermanxs, padres, que son destrozados por la imposibilidad de acceder a una educación mas igualitaria con perspectiva de género y a una justicia a su debido tiempo, cuando esa educación falló. Las familias que lloran a sus seres queridos, son testigos de la inacción de un sistema que solo cuida el interés de unos pocos y que deja librada a la malicia de los poderosos a la mayoría de la ciudadanía. No podemos evitar pensar que la sociedad actual sería otra, si los patrones de comportamientos y expectativas sociales fueran diferentes, encarnados en vínculos más saludables y simbióticos, pero sensibles en el marco de las desigualdades y no solo de género.
