Con la actuación principal de Juan Minujín y dirigida por Diego Lerman, “El suplente” llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en la película más vista. La historia se centra en un profesor de Literatura que empieza a dar clases en una escuela secundaria ubicada en una zona periférica de la ciudad y decide meterse de lleno en los conflictos que atravesaban sus estudiantes.
Lucio (Minujín) tiene al comienzo grandes dificultades para encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a partir de la generación de empatía con las y los educandos logra que sus clases sean mucho más atractivas. A partir de esta cercanía e involucramiento, el profesor se entera de que uno de sus alumnos, Dilan, era perseguido por un grupo narco del barrio que buscaba venganza.
Además de exhibir las dificultades de la labor docente en contextos de vulnerabilidad social, el film posee el inmenso valor de dar cuenta que las instituciones educativas no son “burbujas” aisladas: la droga es motivo de diversas conflictividades en las escuelas, principalmente en barrios donde ha penetrado con creciente fuerza el narcotráfico. Frente a una denuncia por este tema, en una escena de alto impacto visual, Gendarmería decide ingresar a las aulas y arremete en forma represiva sobre las pertenencias de los y las alumnas.
“La presencia de la policía frena toda posibilidad de trabajar con los chicos. Cuando el abordaje se hace desde una perspectiva penal, prohibicionista y persecutoria, cerrás las orejas y no hay manera de que te escuchen”, explicó en diálogo con El Grito del Sur Gustavo Zbuczynski, licenciado en Psicología y presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). “El ámbito escolar es un espacio privilegiado para generar una política de consenso y para trabajar en la diversidad y la aceptación de les otres. El camino de la represión jamás es una salida al conflicto. Cuando las fuerzas de seguridad intervienen en el espacio escolar, las situaciones conflictivas siempre recrudecen”, señaló por su parte Esteban Sottile, secretario de Educación Superior de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
El lema “nadie se salva solo” aparece en la película a partir de una frase que pronuncia “el chileno” (padre de Lucio, interpretado por Alfredo Castro) y que se vincula con la idea de comunidad, de poder acercarse a la otra persona y de dar lo mejor de nosotrxs, sobre todo si es como docentes. Esta lógica se encuentra en las antípodas de la política criminal de drogas: diferentes estudios señalan que la criminalización de las y los usuarios está acompañada sistemáticamente de la violencia física y psicológica pero además promueve la violación de los derechos humanos. Cabe destacar que en el sistema de salud, los usuarios de drogas no son reconocidos como personas con derechos sino que son rechazados, ignorados e invisibilizados.
En las últimas dos décadas, desde ARDA realizaron diferentes experiencias para implementar políticas de reducción de daños en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires, pero se toparon con una preocupante falta de apoyo por parte de las autoridades gubernamentales. “Nuestra perspectiva es la de reducción de daños. No creemos que se puedan desterrar las drogas, puesto que éstas se ligan a la comunidad humana desde principios de la existencia. Lo primero que piensan los alumnos es que uno tiene una postura represiva y punitiva, pero en nuestro caso no es así”, contó Zbuczynski. “Por ahí no logramos evitar que un pibe de la secundaria se fume un porro, pero quizás el objetivo sea que no se lo fume antes de entrar a clases. Porque el porro no produce las mismas consecuencias si uno se lo fuma antes de entrar al colegio a la mañana que si lo hace a la noche por ejemplo. Si está disperso, eso puede afectar su aprendizaje en la escuela. Los consumos deben ubicarse en las escenas donde ocurren”, agregó.
La criminalización y el estigma respecto a las drogas supone la necesaria participación represiva de las fuerzas de seguridad. En nuestro país, quien se ha convertido en principal defensora de este modelo es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y precandidata a la presidencia de Juntos por el Cambio. Su estrecha vinculación con la Gendarmería, por ejemplo, derivó en más detenciones e hizo escalar la guerra contra lxs consumidorxs durante la gestión de Mauricio Macri. Si esta faceta se traslada al ámbito escolar, las consecuencias podrían ser muy graves.
“El año pasado, el Gobierno de la Ciudad amedrentó a las familias y los estudiantes. La Policía merodeaba alrededor de las escuelas en las tomas cuando se trató de una medida de fuerza. La respuesta fue amedrentar, no sentarse a dialogar. La seguridad debe pensarse de manera integral: seguridad es que haya escuelas que funcionen, que los alumnos tengan un acompañamiento en sus trayectorias, que éstos puedan acceder al sistema de salud, que las estudiantes y docentes puedan caminar libremente por las calles sin tener miedo. Es una concatenación de políticas públicas”, concluyó Sottile.
