Luis Paz: «En la condena contra Milagro fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales»

😡 Luis Paz, abogado de Milagro Sala, habla sobre la situación de la dirigenta social, los manejos mafiosos del Poder Judicial jujeño y la complicidad entre Gerardo Morales y el presidente del PJ local, Rubén Rivarola.

Luis Paz es abogado. Tiene un hablar pausado, reflexivo, respira y piensa antes de esbozar cada respuesta. Luis también tiene una responsabilidad monumental: es el letrado encargado de representar a Milagro Sala, presa política desde hace siete años en la provincia de Jujuy. «Milagro se le paró al poder real de Jujuy», señala. En diálogo con El Grito del Sur reflexiona sobre la situación de la dirigenta social, el Poder Judicial jujeño y la complicidad entre Gerardo Morales y el presidente del PJ local, Rubén Rivarola.

¿Cómo está la situación judicial de Milagro a siete años de su detención?

Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la condena que un Tribunal de Jujuy le había aplicado a Milagro en enero de 2019 en la causa conocida como «Pibes Villeros», donde fue condenada a 13 años de prisión. Esa resolución fue recurrida en distintas instancias hasta que llegamos a la Corte y ese tribunal, con una composición cuasi mafiosa, terminó confirmando la condena. Obviamente nuestro equipo de defensa está trabajando para recurrir esta resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿De qué manera utilizan el Ejecutivo de Jujuy y el Poder Judicial la condena contra Milagro?

Gerardo Morales en su momento prometió 70 causas penales contra Milagro. En este momento tenemos varios procesos en distintas instancias, algunos de ellos con pedido de elevación a juicio. Pero la gravedad de la última hora es que esta condena a 13 años que le impuso el tribunal de Jujuy Nº3 es de alto contenido racista, clasista, porque no tuvo la dignidad de revisar las pruebas ni los más de 60 agravios y solo mantuvieron planchado el expediente durante tres años. Les sirvió mediáticamente para tapar el tema de Lago Escondido.

Organizaciones de Derechos Humanos pidieron al Presidente un indulto para Milagro. Sin embargo, Alberto Fernández se ha excusado diciendo que son competencias de la justicia provincial. ¿Qué hay de cierto en esto y qué capacidad tendría el Presidente de indultarla?

Como muchas cosas relacionadas al derecho, hay dos bibliotecas. El Presidente tenía una opinión hasta antes del dictado de la CSJ, sin embargo en diciembre último y luego de la reunión que mantuvo con la Mesa de Derechos Humanos (donde estaban la APDH; H.I.J.O.S, Madres y Abuelas), el Presidente terminó entendiendo que existen herramientas constitucionales para que Milagro pudiera ser beneficiada con la libertad. En el día de ayer hubo una conferencia de organizaciones sociales y sindicales y organismos de DD.HH. y en esa misma línea María Elena Naddeo, Eduardo Tavani y Daniel Catalano volvieron a recordarle a Alberto Fernández el compromiso que había asumido en diciembre. Ahora estamos esperando esa decisión.

¿Son optimistas respecto al indulto?

Este defensor no.

Mucho se habla del funcionamiento de la CSJ a nivel nacional, pero ¿cuál es la situación del Poder Judicial de Jujuy?

Históricamente el Poder Judicial de Jujuy dependió de acuerdos entre el peronismo y el radicalismo. A partir de la asunción de Gerardo Morales, este entramado quedó solamente en manos de la UCR pero con la complicidad del peronismo jujeño. Es necesario recordar que el presidente del PJ de Jujuy y presidente de la bancada de diputados del PJ es socio de Gerardo Morales en temas como la minería, la recolección de basura, el cannabis o el litio. Son negocios con dos cabezas: Morales y Rubén Rivarola. Y el Poder Judicial está construido a imagen y semejanza de Gerardo Morales: ni bien asumió, modificó el Supremo Tribunal de Justicia, incorporó directamente a cuatro jueces sobre una estructura reformada de nueve miembros, dos de ellos habían sido diputados hasta 2015. Y a partir de ese momento comenzó un disciplinamiento hacia los tribunales inferiores. Conformaron tribunales orales, jueces de investigación, de control, todo con jueces radicales. Desde los funcionarios menores hasta las altas legislaturas han sido cooptados por el Ejecutivo provincial.

¿Cuál podría ser la intervención de la CIDH?

Nosotros vamos a intervenir con una denuncia para que pueda resolver esta sentencia condenatoria que está soportando injustamente Milagro. Esa petición va a ser elevada en los próximos días y esperamos que pueda iniciarse un proceso a nivel supraestatal pero teniendo en cuenta los tiempos de la CIDH. Esperamos que se resuelva a favor de Milagro porque existe sobrada prueba de la violación a la Constitución, a los derechos fundamentales, al debido proceso y a la legítima defensa. Todos esos derechos han sido vulnerados.

¿Por qué creés que existe este revanchismo de los sectores de poder contra Milagro Sala?

Milagro vino a quebrar en Jujuy un sistema no solamente patriarcal de construcción de relaciones sociales, sino que ha venido a quebrar los negocios que existían entre peronismo, radicalismo y la patria contratista jujeña. En algún momento logró, a través de un presupuesto participativo, contar con dinero destinado a la construcción de Obra Pública Social por parte de organizaciones sociales, entre ellas la Tupac Amaru. Y eso fue desagradable para sectores del poder real. El compromiso de Milagro con los organismos de Derechos Humanos de Jujuy en materia de Memoria, Verdad y Justicia, que lograron que Carlos Blaquier -dueño de Ledesma y responsable de las desapariciones de estudiantes y trabajadores- se sentara en el banquillo de los acusados, forma parte de las razones por las que Milagro está cumpliendo esta detención. Milagro se le paró al poder real de Jujuy.

Compartí

Comentarios

Yair Cybel

Una vez abrazó al Diego y le dijo que lo quería mucho. Fútbol, asado, cumbia y punk rock. Periodista e investigador. Trabajó en TeleSUR, HispanTV y AM750. Desde hace 8 años le pone cabeza y corazón a El Grito del Sur. Actualmente también labura en CELAG y aporta en campañas electorales en Latinoamérica.