El kilómetro 1960 de la Ruta 40, a la altura de El Foyel, en la provincia de Río Negro, será el epicentro a partir de este domingo de una caravana de centenares de militantes sociales y políticos llegados desde todo el país. En ese paraje de la Patagonia esperan protagonizar una “gesta patriótica”: allí está la tranquera con que el magnate británico Joe Lewis, amigo del ex presidente Mauricio Macri, bloquea el acceso al Lago Escondido, un paraíso natural ubicado casi en el límite con Chile y que fue la sede, además, de una reunión entre funcionarios porteños del Pro con jueces y fiscales organizada por emisarios del Grupo Clarín. “Vamos a reclamar por nuestra soberanía y también a denunciar a la mafia judicial y mediática”, resumió en diálogo con El Grito del Sur Julio César Urien, referente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA).
De acuerdo a un fallo del Tribunal Supremo de Río Negro, la tranquera en cuestión debería estar abierta para dar paso al camino público que lleva hasta el Escondido. El fallo tiene casi una década de vigencia, pero para los capataces de Lewis -encabezados por el empresario local Nicolás Van Ditmar- la ley argentina no interesa dentro del territorio que custodian. Con la sentencia en la mano, Urien y los suyos llegarán hasta el lugar y pedirán que se cumpla. “Espero que esta vez tengamos éxito y podamos demostrar que la ley argentina se cumple en territorio argentino. Y sino, que quede demostrado una vez más que se trata de un enclave extranjero, que sirve además como base de operaciones para las mafias locales”, explicó.
A Urien lo entusiasma el tenor que fue tomando la organización: la de este año será la séptima movilización hasta el lugar y promete ser “la más numerosa de todas”, aseguró. “Hay un acumulado de muchos años de organizarnos y hacer esta marcha para denunciar la violación de las leyes y la soberanía nacional. Lo que además se conjugó con esta coyuntura en la que quedó demostrado que el Escondido también es un lugar donde se esconden las mafias locales para hacer sus negocios. Lo que vamos a protagonizar es un acto de ciudadanía”, agregó.
La séptima marcha incluirá una excursión hacia el Lago vía el camino de montaña, el segundo de los accesos públicos, que requiere varios días de trekking, sumado a movilizaciones en simultáneo hacia el aeropuerto privado que Lewis tiene también en Río Negro, pero a la vera del Atlántico. Otro grupo hará acciones de protesta en la Capital Federal.
Para anunciar el plan de lucha, un grupo de organizaciones convocó a una conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes en Bariloche y de la que participaron el Padre Paco, del grupo de Curas en Opción por los Pobres, y Jorge Rachid, flamante funcionario de IOMA.
«Lewis tiene tres estancias que ponen en peligro la integridad territorial de la Argentina: una en la frontera, comprada fraudulentamente a nombre de Nicolás Van Ditmar; otra en Sierra Grande con una pista de aterrizaje cuya extensión es similar a la del aeroparque de Buenos Aires, y la otra en Punta de Magallanes, en la Patagonia austral», alertó Rachid, quien durante la última marcha hacia el Lago debió ser rescatado por un problema de salud. «Pero vamos a poner en evidencia que Lewis no es Lewis. Lewis es expresión de los planes y desarrollo estratégico de los Estados Unidos y la OTAN», agregó el médico sanitarista.
El magnate adquirió las 12 mil hectáreas que encierran el Lago en 1996. “Si algo se puede comprar, pues entonces cuál es el problema. En mi caso, yo compré lo que me dejaron comprar y aquí estamos todos”, le dijo Joe a Gonzalo Sánchez, autor de “La Patagonia Vendida” y el único periodista argentino que logró entrevistarlo. La compraventa se realizó a un grupo de doce hermanos que ostentaban la propiedad gracias a una resolución provincial, que les cedió primero los terrenos que antes eran fiscales. Lewis pagó solo 12 millones de dólares. Desde entonces se convirtió en un símbolo de la extranjerización del patrimonio nacional durante la década del 90.
En su mansión se produjo la reunión entre un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que desató una investigación judicial y un escándalo político que derivó en el pedido de licencia del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.
Ese escándalo propició que la séptima marcha tome otro cariz. Dijo Urien: “Para enfrentar a las mafias hace falta poder popular organizado. Eso les vamos a demostrar en la tranquera que bloquea el paso y propicia la oscuridad del poder”.
