En los últimos días, los medios masivos de comunicación han puesto el foco sobre una advertencia realizada por Migraciones que derivó en una investigación judicial: la llegada de mujeres embarazadas provenientes de Rusia que vienen a la Argentina a parir a sus hijes. Las hipótesis que maneja la jueza María Servini, quien está a cargo del caso e impuso secreto de sumario, son dos: el turismo reproductivo con el fin de obtener documentación argentina (que podría ser falsificación de documento público) o la trata de personas.
Según se pudo saber, el mecanismo comienza con una empresa, RuArgentina, la cual ofrece paquetes a mujeres embarazadas rusas para que viajen al país por las módicas sumas de 5.000 dólares (la versión económica) hasta 15.000 dólares (versión premium). El sitio de la empresa promete “organización del parto y asistencia en los trámites”, resaltando que los migrantes pueden “obtener la residencia permanente y un pasaporte, lo que abre la entrada sin visa a 170 países del mundo”.
Pero además del turismo reproductivo, RuArgentina ofrece excursiones tradicionales por Buenos Aires; a San Telmo y la Boca y a pasar el día en Colonia del Sacramento. Cualquiera de ellas por 500 dólares. Por más dinero se ofrecen otros destinos: Iguazú; Puerto Madryn, el norte o los glaciares.
De acuerdo a lo que pudo averigüar la Justicia, una vez llegadas a Argentina las mujeres completaron una declaración jurada diciendo que venían como turistas y brindaron domicilios falsos (según se desprende de los allanamientos realizados).
Al momento de parir, las mujeres serían llevadas a sanatorios privados. Si el embarazo tiene alguna complicación que implique que el bebé deba pasar más tiempo en neonatología deberían abonar un dinero extra. En caso de no poder hacerlo, serían llevadas a hospitales públicos.
El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, detalló que de los 83 partos que se hicieron en diciembre en ese hospital, 37 fueron de mujeres rusas, mientras que en enero atendieron a 27 jóvenes. Lo mismo sucede en otros hospitales.
De lo que ofrece el paquete de RuArgentina se podría inferir que el principal motivo de las mujeres para viajar al país sería la obtención de un pasaporte. Ahí entraría un equipo de abogados privados contratados por la empresa a hacer su trabajo.
Según la ley local, todos los hijos de extranjeros nacidos en el territorio tienen nacionalidad argentina. Pero en el caso de los adultos, el decreto 3.213/84 establece que para solicitar la naturalización los extranjeros deben: “a) tener dieciocho (18) años de edad cumplidos; b) residir en la República dos (2) años continuos; c) manifestar ante los jueces federales su voluntad de serlo”.
El mismo artículo señala que también podrán pedir la nacionalidad argentina “cualquiera sea el tiempo de su residencia” aquellos extranjeros que tengan “cónyuge o hijo argentino nativo” (art. 3, inciso f). Es este punto el que los abogados de RuArgentina utilizarían para litigar la obtención de la documentación argentina.
Sin embargo, ni las mujeres ni sus bebés quedarían en el país, por lo que no queda del todo claro de qué manera podrían tramitar primero la residencia para después pedir la naturalización. Tampoco cómo es que se completa el trámite cuando, según la ley, debe llevarse adelante frente a un juez que exige documentación previo a conceder la nacionalización.
Asimismo, al llegar solas se especula con la posibilidad de que se falsifique en la partida de nacimiento la identidad del progenitor del bebé para (en teoría) facilitar la obtención del pasaporte argentino a otro hombre. En artículos de la prensa internacional señalan episodios en los que se detuvo a presuntos “espías rusos” en Eslovenia.
Otra de las razones para la obtención de documentación argentina sería que debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a raíz de la guerra con Ucrania, los ciudadanos rusos no podrían transitar libremente con el pasaporte de su país.
Sea como sea, resta saber el resultado de la investigación de la Justicia argentina y la resolución que tomará la jueza Servini para determinar qué sucederá con estos paquetes de “turismo reproductivo” y la existencia de un delito.
