Unos veinte efectivos de la Policía de Río Negro forman una fila transversal al camino de tierra. Llevan casi ocho horas de custodia, parados en ese mismo lugar y en esa misma posición por decisión de la ministra de Seguridad de esa provincia, Betiana Minor, quien a la distancia sigue cada detalle del operativo. Los iluminan la luna llena y las luces de tres micros escolares estacionados a unos 50 metros. El sendero que mantienen bloqueado está ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón, y es uno de los que conducen a la estancia del magnate inglés Joe Lewis. Son casi las 3.30 de la mañana del sábado 4 de febrero cuando, por sorpresa, la combi que transporta a unos 60 militantes-montañistas finalmente llega hasta el paraje a través de un camino alternativo. Sobre la ruta 40 los reciben otro centenar de militantes a puro abrazo: están a salvo, lo que es en parte una victoria y, también, un alivio.
La escena se parece mucho a una liberación de rehenes. De madrugada, en un paraje desierto, con custodia policial y fruto de una ardua negociación: esa pareciera ser la única forma posible de salir de la propiedad de Lewis. Las organizaciones sociales y políticas que formaron parte de la travesía de siete días vía montaña hacia Lago Escondido, convocada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) —la séptima en los últimos seis años—, nuevamente dan testimonio de eso.
“Finalmente salimos, sí. Nos costó, pero llegamos. Esperamos que el Estado provincial tome nota que allá adentro puede pasar cualquier cosa”, dice al respecto el Padre “Paco” Olveira, quien integraba el grupo de los montañistas, ni bien pisa tierra firme al otro lado de las tranqueras.
Horas antes, FIPCA había presentado un habeas corpus y había solicitado la intervención del Gobierno nacional ante la gobernadora Arabela Carreras porque, según dijo Julio César Urien, referente de la organización, temía por la integridad de militantes por “las amenazas y las agresiones de los matones de Lewis”. Habían logrado llegar al Lago y acampar frente a la mansión del inglés, pero el problema, ahora, era cómo salir.
“En la noche del viernes recibimos una importante lluvia de piedras”, cuenta a El Grito del Sur Alejandro “Vikingo” Meyer, referente de la CTA y cabecera de la columna de montaña. “Fue la culminación de tres días de hostigamiento permanente, desde que llegamos a la costa. Nos prendían motosierras al lado nuestro y la cana miraba. Un policía que nos cruzamos dentro de la propiedad hasta nos dijo que recibía órdenes de Lago (en referencia a la firma Hidden Lake SA). Nosotros habíamos ido preparados para ese tipo de situaciones, pero entendimos que ya no podíamos quedarnos”, explica.
Entonces comenzaron las negociaciones, que se extendieron durante casi doce horas. Reunidos en un local de ATE en El Bolsón, los referentes de FIPCA y sus abogados se pusieron al teléfono. Del otro lado atendían aleatoriamente la propia ministra Minor y el abogado de la empresa Hidden Lake SA, José Luis Blanco. Las conversaciones se dieron con la cancha inclinada: las condiciones fueron impuestas por Blanco, casi sin matices. Decidieron por dónde, cómo y a qué hora. “Salimos escoltados por la fuerza pública. Yo diría evacuados”, aclara Meyer.
“Para nosotros ya haber ingresado fue un triunfo, sobre todo porque demostramos que el camino de montaña no es para cualquiera, que el Lago está apropiado pero que a la vez la vigilancia es vulnerable. Eso les dolió y respondieron como lo hicieron. Pero lo que no me deja de sorprender, después de haber estado en siete marchas, es la sensación de estar entrando en territorio enemigo, que una vez que llegás, estás entregado. Si ellos quieren bajar y hacer lo que quieran, lo hacen. Y lo peor es que uno está en su propio país, a metros de un paso internacional, pero que es un inglés el que controla el territorio, las comunicaciones, la fuerza pública. Es delirante”.
Todos los caminos bloqueados
La idea original de FIPCA era que la columna de montaña —bautizada “Juana Azurduy”— lograse salir vía el camino público de Tacuifí. Una suerte de círculo perfecto: abrir el acceso al Lago por sus dos caminos públicos, demostrar que la fortaleza extranjera es vulnerable. Pero la tranquera con que Lewis y sus peones mantienen bloqueado el ingreso resultó infranqueable.
El bloqueo del paso fue a los piedrazos: los capataces respondieron con agresiones al intento de tirarla abajo. Una de las piedras casi le rompe la frente a un militante de la juventud del MST, Gonzalo Villagra. El casco de obra que llevaba puesto lo protegió de una herida grave. Los peones también interceptaron a otra columna, de unos ocho militantes, que logró ingresar por un camino lateral. Los retuvieron más de una hora incomunicados para luego pegarles cascotazos y rebencazos, subidos a sus caballos. Mientras tanto, la Policía miraba.
Uno de los agredidos, Gabriel Berrozpe, debió ser trasladado al hospital de El Bolsón con fracturas y contusiones. No duró mucho en el lugar: el médico sanitarista Jorge Rachid debió intervenir para trasladarlo pronto a Buenos Aires. “Me dijeron que Lewis podía mandar a cortar la luz del hospital o mandarme a matar ahí mismo”, contó más tarde.
Los abogados de FIPCA iniciaron una causa contra Hidden Lake y los peones por agresiones y privación ilegítima de la libertad. La prueba documental es abrumadora: la fotógrafa de Télam, Alejandra Bartoliche, que estuvo dentro de la propiedad, logró registrar con su cámara varios detalles de la golpiza. Varios de los peones fueron individualizados, pero el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, todavía no comenzó con las indagatorias.
Uno de los señalados es Pablo Puchy, que gracias a la violencia logró sus minutos de fama en las redes sociales: salió retratado como un gaucho que defendió la propiedad privada. El de Puchy es un apellido conocido en la comarca por sus antepasados violentos: desde hace un siglo que en el paraje El Foyel se conoce al clan como una banda de pistoleros. Pablo es hoy el principal lugarteniente de la tranquera de Tacuifí.
La otra batalla se dio en los tribunales. En septiembre pasado, la Cámara Civil de Bariloche le ordenó al Ejecutivo rionegrino que abriera la tranquera de Lewis, señalizara el camino hacia el Lago y lo pusiera en óptimas condiciones para su tránsito. La gobernadora Carreras apeló el fallo. La apelación bastó para que la propia Cámara rechazara el recurso de amparo de las organizaciones para poder atravesarlo e ingresar escoltados por un juez y la policía local.
Así, la violencia sobre la tranquera era una cuestión inevitable. “La gobernadora eligió el peor de todos los caminos. Pasó de la desobediencia judicial a involucrar a la policía provincial en el amparo a una fuerza de choque paraestatal”, denunció Silvia Horne, candidata del Frente de Todos a la gobernación — Río Negro abre el calendario de elecciones generales provinciales a mediados de abril— y una de las dirigentas que más denunció la complicidad política local con Lewis.
Horne participó de una de las marchas de años anteriores hacia Tacuifí. Logró ingresar con un grupo de militantes y a mitad de camino debió regresar, ante la posibilidad de que las amenazas pasaran a la acción. “Esa patota nunca podría actuar con esa impunidad si Lewis no tuviera atados a todos los gobernadores que pasaron desde los 90 hasta acá”, reflexionó.
La causa judicial por la apertura del camino está cerca de cumplir 20 años. La inició la exsenadora Magdalena Odarda en 2005. En 2013 obtuvo el primer fallo favorable del Tribunal Superior Judicial de la provincia, que dijo lo obvio: el de Tacuifí es un viejo camino de servidumbre que es público, de libre acceso, que su bloqueo es ilegal y que debe garantizarse el paso que lleva al Lago Escondido. El TSJ ordenó a partir de entonces que la justicia civil local estableciera los mecanismos para que el Ejecutivo cumpla con la sentencia. Ese expediente fue apelado y embarrado en múltiples ocasiones a lo largo de una década tanto por los gobiernos provinciales como por la propia Hidden Lake. Mientras, la patota lo sigue bloqueando.
Una apropiación ilegal y una empresa fantasma
En paralelo al activismo de la Marcha por la Soberanía, en los despachos oficiales y de la Justicia se avanza en la recuperación no sólo del Lago Escondido, sino de la propiedad misma de Lewis. Mientras los militantes intentaban acceder vía montaña y Tacuifí, Odarda ajustaba los detalles de una acción de lesividad a presentar ante el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que cuestiona la compra-venta de las casi 12 mil hectáreas por parte del magnate.
En junio de 1996, la empresa H.R. Properties Buenos Aires S.A. solicitó ante la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad la autorización para la adquisición de las tierras. El asunto era espinoso porque el Lago se encuentra apenas a unos 6,6 kilómetros de la frontera con Chile y el viejo decreto ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km, por lo que Lewis no podía figurar ni de cerca en los papeles. La empresa tenía como accionistas principales a dos argentinos: Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti, pero enseguida, antes de que el Estado otorgara el permiso, se incorporó el hijo inglés del inglés, Charles Barrington Lewis.
H.R. Properties Buenos Aires S.A. ya se había convertido en Hidden Lake SA pero todo siguió sobre ruedas. Entonces hubo una causa judicial, porque la venta no debió ser aprobada. Estuvo casi 20 años cajoneada y terminó prescribiendo en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, reconocido amigo personal del inglés y vacacionante esporádico de la estancia.
Toda esa información, además, fue detalladamente ordenada en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación de 2011. Ese texto está en manos del TSJ rionegrino desde entonces, durmiendo el sueño de los justos. La idea ahora es juzgar a los funcionarios responsables y reabrir la causa original. “Cada vez es más difícil encubrir la corrupción que está detrás de todo esto”, sostuvo en diálogo con este medio el abogado Eduardo Montecino, impulsor junto a Odarda del recurso.
En simultáneo, un fulminante informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) consideró a fines del año pasado que Hidden Lake SA es una «sociedad ficticia» que funciona como el objetivo de hacer de “pantalla” no para producir bienes agropecuarios, como declara, sino para encubrir la apropiación del Lago. La empresa no tiene un solo papel en regla e incluso da pérdidas. El director de la IGJ, Ricardo Nissen, solicitó la intervención judicial de la empresa ante el Juzgado Comercial 26, a cargo de Diego Paz Saravia.
En el informe, Nissen dice que además la visita a la estancia de Lewis del ministro de Seguridad porteño en licencia Marcelo D´Allesandro, el CEO del Grupo Clarín Jorge Rendo y el juez federal Julián Ercolini, entre otros, confirma que detrás de las tranqueras no rige ninguna ley argentina: «Nunca Hidden Lake SA se dedicó al objeto hotelero”, agrega, para más evidencia.
“Como es todo tan obsceno, algo que incluso quedó más expuesto después de la reunión en la mansión de jueces, fiscales y funcionarios, lo que hace falta y estamos esperando es un poco de voluntad política”, subrayó Montecino.
La construcción de la impunidad
¿Qué es lo que sostiene este imperio irregular? Montecino piensa que se debe “a la influencia de Lewis en el ámbito político: financió campañas electorales, compró bonos de la deudas de Río Negro, claramente tiene un poder acumulado que hace que lo protejan a cara descubierta y sopesando el costo político”.
Horne tiene una respuesta similar: “Lewis tiene mucho poder. Es un inversor muy importante no sólo en Río Negro, también a nivel nacional. Tuvo su paso por Edenor y (Alberto) Weretilneck participa de sus negocios”.
Weretilneck, que fue gobernador entre 2012 y 2019, es senador por la provincia, acaba de postularse para volver al Ejecutivo como candidato del Frente Juntos Somos Río Negro, que apoyan tanto el kirchnerismo local, a través del camporista Martín Doñate, como la UCR. El peronismo y el radicalismo se partieron internamente para apoyar su candidatura.
Otra explicación posible la aporta Sandra Contreras, referente de ATE en El Bolsón: “Lewis es conocido en la zona como un señor rico que ayuda a la gente, más allá de los intereses geopolíticos que sabemos que tiene. Hubo una Navidad en la que él mismo salió a repartir pan dulce. Tiene la mejor cancha de fútbol de la comarca. Ayuda a los clubes sociales, que sí ingresan. Con la fundación Lago Escondido enseñó inglés a mucha gente. Y además hay un grupo de gente que trabaja en la estancia, que también lo va a defender”.
Lejos del pesimismo, “El Vikingo” Meyer saca, pese a todo, conclusiones positivas de la travesía. “La de este año fue la marcha más importante, la mejor que hicimos. Cada año viene más gente y llegamos más lejos. Logramos acampar en territorio argentino, cantamos el himno, expusimos la violencia de los lacayos y dimos un ejemplo de que con voluntad militante podemos pelear por lo que es nuestro. Ese es el principal mensaje de la marcha de la soberanía”.
