Cuando en las olas feministas decimos si tocan a una tocan a todas, a lo que nos referimos es que lo que le pasa a una nos afecta inevitablemente a todas, y por eso no puede sernos indiferente. Lo mismo aplica en casos de maltrato infantil, de racismo, transfobia, y tantos más. Entender los hechos de violencia como parte de un entramado mucho mayor logró que en Argentina comenzáramos a plantearnos y a tomar conciencia (a costa de años de lucha de movimientos sociales, organizaciones y víctimas) que lo que pasa en una casa es responsabilidad de un Estado, y que no puede haber Ni Una Menos para que finalmente se tomen acciones contra ese daño. Porque una vez que sucede es irreparable: las vidas no vuelven.
Lucio Dupuy tenía cinco años cuando fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, producto de las agresiones que sufrió por parte de su progenitora, Valentina Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes esta semana fueron finalmente consideradas culpables por el Tribunal Superior, pero sólo la segunda con el agravante de autora material del abuso sexual.
El niño estaba al cuidado de la familia paterna cuando Valenti decidió hacerse cargo y fue a buscarlo. Frente a esto, el padre Christian Dupuy pidió la tenencia a la Justicia presentando evidencia de ataques que el menor recibía pero la jueza Ana Clara Pérez Ballester se la concedió a la madre. Desde ese entonces, el niño asistió al menos cinco veces a hospitales, producto de heridas en el cuerpo. Pero nunca se registró una denuncia.
Como Lucio, su padre denunció al menos 14 casos más en lo que va del año. Entre ellos el de Milena (2) en Merlo y el de Renzo Godoy (4) en Berazategui. Las mismas características, el mismo abandono del sistema. Y podríamos seguir nombrando.
Silvia Piceda, sobreviviente de abuso sexual, madre protectora y fundadora de Adultxs por los derechos de la infancia, señala que el peligro se da cuando el entorno elige ver el daño en “la rapidez de poner el problema en el otro”.
“Sabemos que haber tenido infancias con traumas complejos como el abuso sexual y otros malos tratos te marca en la vida”, manifiesta en diálogo con El Grito del Sur. “Esto está pasando delante de la sociedad que hasta ahora eligió callar, esconder. Como cada vez que cada una de nosotras o nosotros dijimos ‘fui abusado’ y nuestro entorno de adultos eligió seguir invitando al tío, la abuela, a la fiesta de cumpleaños; seguir sosteniendo las supuestas uniones familiares a costa de que la víctima escondiera sus dolores. Digo todo esto porque cuando uno ve algo así tan atroz como el caso de estos niños y niñas, toda la sociedad tiene que empezar a plantearse qué estoy haciendo yo para cuidar la cría humana que me corresponde. Me parece importante que cada persona que pueda estar en este momento conmovida con estos temas piense en sus familias y en su grupo de pertenencia si no tiene algo que ir a reparar”, reflexiona.
Ante este panorama de desamparo, es que el gobierno nacional impulsó el proyecto de Ley Lucio que busca implementar un «Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial». Iniciativa que se aprobó el 9 de noviembre en Diputados con 228 votos a favor, se cajoneó y finalmente (luego de las denuncias y reproches al Estado por parte de la familia paterna de Lucio) se anunció por decreto presidencial que será tratada en las sesiones extraordinarias del Senado.
Abonando el terreno: las luchas que preexisten a una ley
Cuando una Nación toma acciones una vez que le arrebataron la vida a una infancia, ya llegó tarde. La Ley Mica Ortega por Grooming, la Alerta Sofía (por Sofía Herrera) en la búsqueda de menores, son algunos ejemplos de casos que sentaron precedente en los delitos contra niñas y niños en el país. Pero, ¿qué simbolizan estas medidas frente a las deudas del Poder Judicial?
“Nos parece muy triste que las leyes tengan nombres de víctimas. A la vez, ojalá estos casos sean realmente como un momento bisagra en nuestra sociedad porque esto no tiene que pasar nunca más. Para eso, es importante el recuerdo de las víctimas y la implementación de leyes. Sobre todo, tanto la ley Micaela como ésta (y hasta la ley Mica Ortega) que tienen tanto que ver con que los funcionarios del Estado que tienen poder de decisión hagan algo”, responde Silvia, acompañada por Sebastián Cuattromo, su pareja, también fundador del colectivo y sobreviviente de abuso sexual.
“Por supuesto, nos parece lamentable que haya tenido que ocurrir el crimen de Lucio para que esta ley esté teniendo lugar”, aseguran Silvia y Sebastián, quienes el 19 de noviembre de 2021 presentaron una iniciativa sobre este tema al presidente Alberto Fernández, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias.
“Hay grandes puntos en contacto con la Ley Lucio y lo que había sido nuestra propuesta: principalmente la capacitación obligatoria de los integrantes de los tres poderes del Estado en todas sus modalidades; la posibilidad de recibir sanciones en caso de no cumplir con esa capacitación. Pero, además, priorizamos la creación de un Ministerio de Infancia y Juventud, porque nos parece fundamental si queremos que tengan la jerarquía que merecen”, indicaron.
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Entre los 9 y los 11 años, Silvia sufrió abusos por parte del círculo cercano a su progenitor. “Cuando se lo conté a mis padres, no hicieron nada. Nunca más se habló del tema en mi casa, ni se consultó a nadie para saber si podía traerme consecuencias”, cuenta. Años después, Romina, la hija mayor del padre biológico de su hija Jazmín, la busca para contarle que ese hombre (su ex pareja) la había abusado a la misma edad que Jazmín tenía en ese entonces.
“Yo me encontré con un Poder Judicial que eligió creer que soy una madre rencorosa y me obligaba a vincular a mi hija con un abusador. Es ahí cuando me escondo, huyendo de una orden judicial. La policía nos venía a buscar a nosotras y no al progenitor. Si lo comparamos con el caso de Lucio, en que dictan vincular a un niño con su progenitora que no estaba cumpliendo su rol, lo que hay que acordarse es que los roles de maternidad o paternidad se basan en el amor y no en la genética. A mí me llegaron a decir: ‘Es el papá que vos elegiste’. Y yo creo que hay gente que sigue pensando ‘es la mamá que le tocó’. Mientras los funcionarios y funcionarias (como la jueza Pérez Ballester) no empiecen a asumir su rol realmente de responsabilidad, la suerte de la infancia va a estar en peligro”, manifiesta.
¿Justicia es reparación?
Cuando terminó el veredicto, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, manifestó que “no hay nada que celebrar” porque la sentencia no le devuelve a su nieto. “Hay que luchar por la niñez”, pidió.
Más de dos décadas le llevó a Sebastián Cuattromo obtener la condena de 12 años contra el docente y sacerdote Fernando Enrique Picciochi por los abusos que sufrió a sus 13 años dentro del colegio Marianista del barrio porteño de Caballito. Entonces, ¿la pena judicial es una reparación? ¿Hasta qué punto se obtiene justicia?
“Tengo muy claro que mi experiencia personal -lejos de ser la norma- sigue siendo la excepción”, asegura Sebastián. “En este escenario donde lo que todavía predomina son las injusticias del Poder Judicial, nos parece mucho más importante que existan juicios y que esos juicios terminen con condenas penales de sus responsables, más que poner énfasis en su duración”, responde.
“En mi caso busqué reparación y justicia en el terreno legal. “Me parecía maravilloso cómo lográbamos dar cuenta de todo un entramado cultural e institucional más de veinte años después”, resalta Sebastián, quien recién al momento del juicio oral, a sus 36 años, comenzó a hablar públicamente. “Quise que lo que me pasó pudiera adquirir un sentido de trascendencia colectiva. Que pudiera servir a los demás. Lo mismo que había buscado Silvia. Por eso nos conocimos en aquel 2012 cuando ambos hacemos públicas nuestras historias. Ahí nació el colectivo y también tuvimos la dicha de enamorarnos y ser pareja”, añade.
Niñismo
Desde el crimen de Lucio, la familia paterna dio un sinnúmero de notas y entrevistas. Tanto Silvia Gómez (la abuela del niño) como Christian resaltaron el rol de Ramón (el abuelo): que puso “su pecho al dolor dando notas tras notas, teniendo que revivir los momentos”. Con la exposición, el accionar de la familia se cuestionó impunemente: por un lado en decir qué podrían haber hecho para salvarlo, y por otro dónde están las feministas. Como si la responsabilidad del niño dependiera únicamente de ellos.
“Como sociedad tendríamos que plantearnos algo un poco más amplio. O sea cuando yo estaba en pleno proceso judicial pensaba por qué no hay alguien que me ayude con mi hija, aunque sea para llevarla un fin de semana al cine. Es la presión que la suerte de un niño o niña dependa solamente de la mamá o el papá biológico que le tocó en situaciones de profunda conflictividad cuando vos realmente a veces no podés con tu propia vida”, señala Silvia quien insiste en un proverbio africano que utilizan de lema: “Para criar a un niñx hace falta una aldea”.
Tanto para Silvia como para Sebastián hablar de sus heridas los hizo encontrarse con otras y otros sobrevivientes. Comprendieron que al romper esa cadena de silencio se termina la impunidad de sus agresores. Desde entonces recorren ciudades dando charlas y con su libro Somos Sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia que recoge en la pluma reconocidas autoras y autores (como Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Olguín, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, y más) ocho testimonios de sobrevivientes que integran su organización. Su activismo los llevó también hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra.
“Nos parece que el cambio de la sociedad es que nos permitan contar lo que nos pasó, hablar, actuar, gritar y hacer múltiples terapias a modo de ser escuchado y que sepan claramente que los culpables son los agresores, y todo el resto de cómplices que mantienen silencio a partir de enterarse”, aseguran.
Con ello, más que cristalizar el nombre de niñas y niños en leyes, hay que potenciar sus voces. “Militamos un cambio de paradigma. Nuestra sociedad está armada desde jerarquías de poder. Así se conquistó y progresó. El daño de nuestra sociedad inició cuando nos criaban, cuando nos golpeaban, cuando nos abusaban. Después nos hicimos grandes. Pero creemos en la posibilidad de generar vínculos diferentes. No basados en el avasallamiento ni en la irresponsabilidad que ha tenido la especie humana hasta ahora”, asegura Silvia, citando el manifiesto por el que se declaran en defensa de las infancias como un movimiento integral, que como el feminismo, siente bases.
Eso es el Niñismo. Otra ola que nos abrace.
