Este miércoles, Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), encabezó una exposición ante la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para resaltar la importancia de que los legisladores prorroguen la ley de moratoria previsional, uno de los proyectos a tratarse en sesiones extraordinarias. “Es una ley que le conviene a las y los argentinos», afirmó la funcionaria, que anticipó que el Gobierno podría aprobar la prórroga a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.
«El momento que estamos atravesando requiere de una profunda reflexión. A partir del 1 de enero en las oficinas de Anses recibimos a personas que tienen la edad de jubilarse pero debemos informarles que no contamos con una norma», indicó Raverta.
Y añadió: «Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación».
Consultado por El Grito del Sur, el abogado especialista en seguridad social y exdirector del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (Ciess) Miguel Fernández Pastor señaló que “la moratoria es buena” y destacó, al igual que Raverta, la posibilidad que brinda la ley de dar mayor previsibilidad a les trabajadores en edad pre-jubilatoria que ya saben que no van a llegar a los 30 años de aportes que requiere el sistema argentino para acceder a una jubilación y pueden pagar de forma anticipada los períodos faltantes.
“La gente puede programar su jubilación. Cuando te faltan 10 años, se puede ir pagando la moratoria para después recibir la jubilación. Ese fue un hallazgo de Anses que permite, por un lado, el ingreso de recursos y, por el otro, darle previsibilidad al hombre y a la mujer común que saben que si van aportando van a tener su jubilación cuando llegue la fecha”, explicó.
El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
“Idealmente tendría que ser una ley sin tiempo o que el Gobierno tenga una estrategia política definida sobre la redistribución del ingreso -opinó Fernández Pastor-. En lugar de preocuparnos por lo que dicen en la televisión sobre la economía, todo el mundo debería saber y hablar de las carencias a las que se enfrentan las personas (que quedan desamparadas ante la falta de la moratoria), a la angustia que genera no saber si vas a tener para comer”.
La iniciativa que se discute en el Congreso estaba incluida en el temario de la última sesión del año en Diputados, a fines de diciembre. Sin embargo, les legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) decidieron no bajar al recinto y boicotear la sesión porque, argumentaron, el oficialismo había extendido la lista de proyectos a tratar: además de la extensión de la moratoria y la creación de ocho universidades nacionales, el Frente de Todos quiso tratar también las leyes de Alquileres y Humedales.
Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el inicio del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, JxC aseguró que no trataría ningún proyecto en el Congreso.
El encuentro informativo de este miércoles se realizó en la comisión de Previsión y Seguridad Social -que preside la oficialista Marisa Uceda- con la presencia del bloque del Frente de Todos, Provincias Unidas y Frente de Izquierda, pero con la ausencia de JxC.
«La mayoría de las jubilaciones y pensiones hoy son de miseria, pero estamos acá porque de no aprobarse esta moratoria la situación será cualitativamente peor, y sin ella muchos y muchas tendrán que caer en la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que se votó durante el gobierno de Juntos por el Cambio», expresó la diputada del FIT Myriam Bregman.
“La PUAM es una inmundicia -sentenció Fernández Pastor-. Es una pensión universal que se da a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres, pero para obtenerla no tenés que tener ningún patrimonio y se te paga el 80 por ciento de una jubilación mínima. Si la definición de la mínima es que con menos que eso no se puede vivir, ¿por qué se paga menos del mínimo? Es una aberración”.
Asimismo, el abogado señaló que otro problema de la PUAM es que no permite percibir la pensión correspondiente cuando un familiar fallece. “Un país como el nuestro no lo debería tolerar, pero como le pasa a las personas más postergadas, esto hace menos ruido. Se especula sobre el dólar, pero no se habla de cómo la gente día a día pierde derechos”, sostuvo.
Para Fernández Pastor, la posibilidad de extender la moratoria previsional a través de un DNU es porque “se cumplen todos los requisitos”. “La necesidad, porque estamos hablando de 800 mil personas y también hay urgencia porque son los sectores más vulnerables”, afirmó. Entre las más afectadas, además, están las mujeres. El Parlamento, agregó el abogado, tiene la facultad para votar la ley o “aprobar el DNU, que tiene fuerza de ley”.
En medio de un contexto mundial en el que se discute aumentar las edades jubilatorias o los sistemas están en crisis por la reducción de aportantes, Fernández Pastor resaltó la necesidad de plantear “una estrategia común en materia de políticas sociales” que se mantenga a través del tiempo sin importar los signos políticos de los gobiernos. “Creo en la unidad de los sectores populares, con los trabajadores activos, los jubilados y un sistema de salud integrado al resto de las políticas sociales. Se debe discutir la distribución del ingreso”.
