Alberto Lemos
Empresa: Ledesma S.A.
Agrícola Industrial
Cargo: Administrador general
Condena: Procesado
Empresa: Ledesma S.A.
Agrícola Industrial
Cargo: Administrador general
Condena: Procesado
Aunque no hay un número exacto, se estima que más de 200 personas vinculadas a la firma Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) fueron víctimas de la represión ilegal: al menos 60 eran empleados u obreros de la empresa o cumplían con algún rol sindical, pero también hubo médicos, abogados, estudiantes que estaban vinculados a la compañía. Al día de hoy, 30 de esas personas continúan desaparecidas.
A principios de 1970, Carlos Pedro Blaquier quedó al frente del ingenio azucarero y Alberto Lemos asumió como administrador general.
En junio de 1973, Luis Ramón Aredez -quien había sido médico del ingenio hasta 1958 y después se dedicó a la atención de los trabajadores de la empresa y a la asesoría del sindicato- se convirtió en el nuevo intendente del municipio Libertador General San Martín. Entre otras medidas, Aredez llevó adelante una reforma que obligaba a Ledesma a pagar impuestos. Fue Lemos quien presentó cheques ante Aredez y le advirtió que entre enero y agosto de 1974 el ingenio haría pagos inferiores a los que le exigía el municipio y que los pagos no significaban el cumplimiento de las notificaciones de la Dirección de Rentas ni a las ordenanzas del Código Tributario, que ya habían sido recurridas por la empresa.
Aredez fue secuestrado durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 y su esposa, Olga Márquez de Aredez, afirmó que se lo llevaron en camionetas que tenían el logo del ingenio. El exintendente fue liberado en marzo de 1977, pero en mayo fue secuestrado nuevamente y permanece desaparecido. Por este caso, Lemos fue procesado en calidad de cómplice primario por la privación ilegítima de la libertad de Aredez y otros trabajadores vinculados al ingenio.
Sin embargo, el proceso quedó paralizado en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal: los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi hicieron lugar a un recurso de la defensa. En 2015 le dictaron falta de mérito a Blaquier y a Lemos.
Seis años después, en julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario federal planteado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal que dicte una nueva y correcta resolución.
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