Beatriz tenía 22 años y un hijo cuando llegó al consultorio médico con su segundo embarazo. Ella había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, agravado con insuficiencia renal y artritis reumatoidea. El médico le advirtió que el embarazo ponía en riesgo su vida y que, además, el feto era anencefálico, por lo que tampoco tenía posibilidad de sobrevida fuera del útero. «Los doctores le habían dicho que no podía seguir con su embarazo, que la vida de ambas estaba en peligro y que había una posibilidad de salvar su vida y que podían hacer un tratamiento pero que ellos no lo podían hacer», dijo la madre de la joven. En El Salvador el aborto está prohibido y penalizado en todas las circunstancias.
La semana pasada comenzaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las audiencias para tratar el derecho al aborto en el Caso “Beatriz vs. El Salvador”. Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó que a Beatriz (nombre ficticio que utilizan las agrupaciones feministas del país centroamericano) «se le violaron sus derechos a la vida y a la integridad personal». «Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma de tortura», afirmó De León.
Beatriz vivía en extrema pobreza en La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco, El Salvador. Luego de ser diagnosticada con lupus, la joven quedó embarazada por primera vez en julio de 2011. Según explican los documentos de la propia Corte, “durante este primer embarazo tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones debido a anemia y exacerbación de su cuadro lúpico” y el 2 de marzo de 2012 el trabajo de parto se complicó a partir de una preeclampsia. Tuvo una cesárea y su hijo sobrevivió luego 38 días internado.
“Debido a la enfermedad y complicaciones del embarazo, el 2 de mayo de 2012 un médico del Hospital Nacional de Maternidad le informó que no podría embarazarse nuevamente, y la citó para el 27 de mayo a efectos de realizar una esterilización quirúrgica. Beatriz decidió no asistir a dicha intervención, por temor a lo que pudiera pasar y que eventualmente podría pensar en tener hijos más adelante”, agrega el documento del organismo internacional.
Cuando los médicos le informaron que no estaban habilitados para interrumpir su segundo embarazo, Beatriz llevó su caso ante la justicia salvadoreña. Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la máxima instancia en el país, le negó el acceso a la práctica en mayo de 2013. Las organizaciones que la acompañaban llevaron el caso a la Corte Interamericana y la joven tuvo que esperar 81 días para que le realizaran una cesárea temprana. El feto, como habían diagnosticado, no sobrevivió.
Pero la salud de Beatriz se vio dañada por el proceso. El 8 de octubre de 2017, cuatro años más tarde, “Beatriz muere por una neumonía adquirida en un hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito. Después de todo lo que le pasó, su salud era demasiado frágil para resistir”, aseguró Morena Herrera, activista salvadoreña y líder de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana.
En América Latina, el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
En Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y El Salvador la interrupción del embarazo está absolutamente prohibida. En el país que gobierna Nayib Bukele, se puede penar a las personas que practican un aborto con 5 a 12 años de cárcel; a quien le facilite los medios a una persona gestante para abortar le pueden dar una condena de 2 a 5 años, que se puede duplicar en el caso de que sea el progenitor y las mujeres pueden ser castigadas con penas de 2 a 8 años, que en la Justicia pueden terminar en 30 años de cárcel por “homicidio agravado”, ya que la reforma constitucional de 1998 señala que hay “vida humana desde la concepción”. Esto pone en riesgo incluso a las personas gestantes que sufren un aborto espontáneo.
Tal es el caso de Elsy, quien fue liberada en 2022 despues de pasar 10 años y siete meses presa por haber tenido un aborto espontáneo a sus 28 años. Ella se convirtió en la quinta mujer en ser liberada desde diciembre de 2021 en El Salvador por perder un embarazo. El resto de la nómina lo completan Karen, Kathy, Evelyn y Kenia. Según datos del Colectivo Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), en los últimos veinte años se penalizó en el país centroamericano a 181 personas gestantes que sufrieron un aborto espontáneo.
En el caso de Beatriz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participó en el juicio como Fiscalía, tras haber investigado el caso en primera instancia y expresar que «el Estado no puede interferir arbitrariamente» en la decisión de las mujeres sobre su reproducción.
«Los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada que podrían verse beneficiados durante la interrupción del embarazo fueron limitados en vista de la tipificación del delito de aborto», afirmó Julissa Mantilla, comisionada relatora de la CIDH para El Salvador.
Se espera que el fallo de la Corte Interamericana se conozca en los próximos seis meses. Mientras tanto, militantes feministas esperan, con pañuelos verdes que llevan el rostro de la joven y una leyenda: “Beatriz quería vivir y ser feliz. Su fuerza es el derecho a decidir. Justicia por Beatriz”.
