Luego de la muerte de David Graiver en un «accidente provocado» el 7 de agosto de 1976, Héctor Magnetto encabezó las operaciones mediáticas que acusaban al Grupo Graiver de tener vinculaciones con Montoneros. De esta forma se gestó la compra fraudulenta de la parte mayoritaria de Papel Prensa, en connivencia con la dictadura genocida.

La viuda de Graiver, Lidia Papaleo, reveló haber firmado el traspaso de acciones bajo presiones y amenazas. Allí destaca su denuncia al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien le habría dicho que -de negarse a vender la compañía- correría peligro su vida y la de su pequeña hija. La transacción se realizó por la irrisoria suma de 946.600 dólares estadounidenses. Luego de efectuado el último trámite del traspaso accionario, a comienzos de 1977, un grupo de tareas secuestró a Lidia Papaleo para torturarla y violarla. El mismo destino corrieron otros miembros de la familia Graiver y allegados al grupo.

En 2010, el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó ante el Juzgado Federal 3 de La Plata la querella por crímenes de lesa humanidad durante la apropiación ilegal de Papel Prensa. Dado que los ilícitos se habían cometido en la Ciudad de Buenos Aires, la causa debía tramitar en la Justicia Federal de CABA. Finalmente, el expediente recayó en el juzgado del juez federal Julián Ercolini que dio curso a la investigación con una sospechosa cautela.

A lo largo de cinco años, Ercolini demoró la causa y rechazó llamar a declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. Asimismo, planteó que la venta de la principal productora de papel no se realizó a precio vil y que no hubo vínculo entre esa operación y los delitos de lesa humanidad sufridos por familiares y allegados a Graiver.

En diciembre de 2016, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 dispuso el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en la causa por Papel Prensa. Un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Lidia Papaleo y confirmó los sobreseimientos, dejando como saldo la impunidad para uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad civil en los crímenes de la dictadura.