Héctor Torres Queirel entendió enseguida esa premisa cuando llegó por primera vez a Villasoro desde Buenos Aires, a principios de la década de los 60, para administrar la estancia “María Aleida”, donde también se producía yerba mate y donde una década más tarde, en plena dictadura, asesinaron a un trabajador de Las Marías, Marcelo Peralta, lo que motivó el hasta ahora primer y último juicio oral y público contra el sector civil por delitos de Lesa Humanidad en la provincia de Corrientes.

Queirel fue designado por decreto militar como intendente interventor de Virasoro y asumió el cargo el 24 de marzo de 1976. Seguía administrando la estancia donde fue comprobado que se secuestró, torturó y luego se desapareció a trabajadores yerbateros, pero aún así los jueces cómplices Víctor Antonio Alonso, Lucrecia M. Rojas De Badaró, Fermín Amado Ceroleni y Mario Aníbal Monti, en un insólito fallo, lo absolvieron en el juicio que se desarrolló en 2018. «El tribunal los absuelve, el pueblo lo condena», fue la respuesta de los militantes y organismos de Derechos Humanos ante la impunidad. 

“De acuerdo a las directivas del Ejército, el que ejercía control territorial era Torres Queirel. Tenía asignada esa función de acuerdo a su estado militar y a lo que las directivas del Plan le habían asignado. Éstas, además, se reafirmaron en las funciones dictadas en 1977. Era quien tenía la facultad de liberar la zona en su caso, prestar la logística necesaria para su cometido, como los medios para garantizar la impunidad, pero también la posibilidad de impedirlo o interrumpirlo”, dijo el fiscal del Tribunal Oral, Flavio Ferrini, durante los alegatos.

La doble condición de empresario yerbatero e intendente de facto, alegó Ferrini, convertían Queirel en “la persona más idónea para el plan criminal, con un conocimiento acabado sobre las situaciones que había generado la organización obrera para el sector”.