La Fronterita
A la espera del juicio oral, 48 años después de la represión
Por Gerardo Aranguren
La invasión militar de la provincia de Tucumán durante el Operativo Independencia significó la generalización de la persecución contra los trabajadores y delegados de La Fronterita, que venían de un proceso de mucha conflictividad con la empresa. 48 años después, por primera vez parece cerca el fin de la impunidad para los crímenes cometidos contra los trabajadores de La Fronterita.
A más de 48 años del comienzo de la represión ilegal contra los trabajadores del Ingenio La Fronterita, por primera vez parece cerca el fin de la impunidad para esos crímenes que estuvieron tantos años invisibilizados y que son un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado.
Entre 1975 y 1978, al menos 68 personas fueron secuestradas y 11 de ellas aún permanecen desaparecidas, la mayoría de ellas eran trabajadores del ingenio azucarero y referentes sindicales e incluso vivían en las colonias obreras de la empresa. El rol de la empresa en esos hechos fue clave: en la causa se estableció que cedió sus instalaciones para que funcione una base militar y un centro clandestino de detención, aportó logística, vehículos e información.
La investigación por esos delitos, demorada durante años, ya fue elevada a juicio oral por la justicia federal de Tucumán y se espera que se fije fecha para que comiencen a ser juzgados Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador del ingenio, y Eduardo Butori imputados como cómplices primarios de los secuestros, torturas, abuso sexual y homicidio.
Otros dos imputados, Fernando Cornú De Olmos y Alfredo Martínez Minetti, murieron en el último año. Los cuatro integraban el directorio, presidido por Figueroa Minetti, y además eran accionistas junto a otros familiares tanto en esta firma como otras que integraron el grupo empresario con sede en la provincia de Córdoba.
A la espera del debate, por pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán, el Tribunal Oral Federal tomó una decisión inédita en estas causas al ordenar embargar inmuebles del ingenio que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad y que podrían servir para reparar a las víctimas en caso de una condena.
La represión y los patrones
La Fronterita está ubicada en las afueras de la ciudad de Famaillá. Todavía está en pie el ingenio que le dio nombre al lugar, aunque sus colonias obreras, que supieron tener miles de trabajadores y sus familias, ya no existen. Hoy la planta del ingenio ya no pertenece a los Minetti, la poderosa familia que lo construyó en 1923 y que en 2016 lo vendió a una multinacional, aunque sí mantienen miles de hectáreas para el cultivo de caña de azúcar a su alrededor y otras empresas vinculadas.
La invasión militar de la provincia de Tucumán durante el Operativo Independencia significó la generalización de la persecución contra los trabajadores y delegados de La Fronterita, que venían de un proceso de mucha conflictividad con la empresa, con una gran huelga en 1974 en rechazo de despidos y en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
A partir de febrero de 1975, en Famaillá se instaló la comandancia del Operativo y el principal centro clandestino de detención de la región. La Fronterita, a apenas unos minutos del lugar, cedió espacios para que funcione la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército, que instaló allí una base militar y un centro clandestino de detención y torturas.
La empresa le dio a los militares poder total en la zona y sembraron el terror en la pequeña población, con detenciones arbitrarias, allanamientos durante la noche, secuestros, tormentos, golpizas, persecuciones y desapariciones.
Las víctimas
La represión en La Fronterita estuvo enfocada principalmente sobre trabajadores y referentes sindicales. Dos casos emblemáticos fueron el de Narciso Maciel y Fidel Jacobo Ortíz, ambos obreros de la empresa y miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita.
Maciel era trabajador del surco y vocal del sindicato. Fue secuestrado el 15 de marzo de 1975 en su casa de la colonia 3 y llevado, junto a otros 9 vecinos, primero al centro clandestino de detención que funcionaba en el predio de la empresa, luego a la Comisaría de Famaillá y a “La Escuelita” de Famaillá. Si bien el resto recuperó su libertad poco más de un mes después, Maciel fue llevado a diferentes unidades penitenciarias y fue liberado recién en 1979.
“A vos te mandan en cana tus patrones”, le dijeron sus torturadores. Estando detenido recibió una amenaza de despido por parte de la empresa si no se presentaba a trabajar, una práctica sistemática con todos los empleados secuestrados. Cuando salió del penal, fue obligado a renunciar.
Ortiz vivía en la colonia 2 y había sido secretario general del sindicato entre 1973 y 1975 y en 1976 era secretario de actas. Luego de un primer secuestro en abril de 1976, en el que pasó 45 días desaparecido, Ortiz fue amenazado para que renunciara al sindicato y al ingenio. Poco tiempo después de ser liberado, en junio de 1976 fue nuevamente secuestrado junto a otros vecinos y compañeros en una camioneta de la empresa y permanece desaparecido. Poco después de su desaparición, su esposa y sus ocho hijos fueron desalojados de la casa en la que vivían.
El proceso represivo coincidió también con una reducción drástica de los empleados, la destrucción de las colonias y el debilitamiento de la actividad sindical. Sobre la base de esa persecución, la empresa introdujo reformas productivas, redujo en más de un 60% la cantidad de obreros entre 1975 y 1983 y así logró aumentar su producción y hacer crecer sus ganancias.
Un proceso demorado
Si bien estos hechos y el rol de la empresa fueron denunciados desde la vuelta de la democracia, comenzaron a visibilizarse nuevamente en los últimos años, a partir de la publicación en 2015 del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado por el CELS, Flacso y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán inició una investigación que al poco tiempo se chocó con el juez federal Daniel Bejas, quien en 2019 le dictó falta de mérito a los cuatro acusados. En un fallo insólito, el magistrado consideró que no había pruebas de una colaboración de las autoridades del ingenio con las Fuerzas Armadas y que todos los habitantes de La Fronterita, incluidos sus dueños, habían sido sometidos al control militar. “El miedo no reconoce clases sociales ni posiciones económicas”, dijo el juez en defensa de los empresarios.
Este fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Tucumán y recién la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la situación en diciembre de 2020, ordenando a la Cámara de Tucumán que los procesara por crímenes de lesa humanidad, lo que ocurrió en agosto de 2021. La causa está elevada a juicio desde diciembre de ese año y el paso del tiempo, luego de más de tres años de demora, se convierte cada vez más en una cuestión fundamental para poder llevar adelante un debate oral que tenga a los acusados que quedan con vida.
