José Alfredo Martínez de Hoz

Empresa: Acindar
Cargo: Directivo
Condena: Murió impune

En 1975, un año antes del golpe, casi un centenar de trabajadores y de otras personas vinculadas con la empresa Acindar fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. 18 fueron asesinados, 8 se encuentran desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y luego fueron liberados. El presidente del directorio en ese momento era José Alfredo Martínez de Hoz, que desde el 24 de marzo de 1976 se desempeñó como ministro de Economía.

Al igual que sucedió a finales de los 60 y principios de los 70 en otras empresas, los trabajadores mantenían una lucha gremial por mejoras salariales y laborales. En la localidad santafesina de Villa Constitución, donde estaba ubicada la planta de Acindar, sucedió en 1974 un proceso conocido como “El Villazo”: la resistencia a la burocracia sindical -que contaba con el apoyo de la Triple A- y la conquista que permitió el llamado a elecciones libres de la UOM en esa seccional.

 

En la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos de fuerzas conjuntas de las policías provincial y federal, y de la prefectura naval llegaron a Villa Constitución para reprimir a trabajadores. Hasta el momento, no pudo precisarse la cantidad de víctimas, pero se estima que fueron alrededor de 200 personas.

 

Martínez de Hoz murió el 16 de marzo de 2013 y los imputados por delitos de lesa humanidad en Acindar fueron procesados por el Juzgado Federal 4 de Rosario en marzo de 2020.

 

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó en parte el procesamiento sobre el jefe de personal de Acindar, Roberto “Pocho” Pellegrini y el ex militar Antonio Federico Bossié, y dictó la falta de mérito para otro ex militar Bernardo Luis Landa y otro de los directivos de la empresa, Oscar Torralvo.

En mayo de 2022, la Cámara Federal de Casación penal ordenó reabrir la investigación a los directivos de Acindar. Los magistrados indicaron que hay elementos para sostener que los ejecutivos de la empresa jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino en la planta y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos, una lista con información y nombres de trabajadores y les habilitaron el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica.