Uno de ellos fue Ricardo Torralvo, ex jefe de contaduría de Acindar. Todavía no está claro si fue jefe de Contaduría o integrante del área de Personal: la justicia no tiene su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain. Eso le valió para zafar de la primera tanda de procesamientos, en 2019, que incluyó a otros directivos, como Roberto Pellegrini.

Pero en mayo de 2022 la impunidad empezó a revertirse. La Cámara Federal de Casación penal ordenó reabrir la investigación a los directivos de Acindar. Los magistrados indicaron que hay elementos para sostener que los ejecutivos de la empresa jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino en la planta y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos, una lista con información y nombres de trabajadores y les habilitaron el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica.

En ese marco, Torralvo quedó finalmente procesado a fines de 2022 en el marco de la causa por el Villazo, por decisión de la Cámara de Apelaciones de Rosario y fruto de la lucha de de sobrevivientes y familiares nucleados en la agrupación Memoria Verdad Justicia x el Villazo y APDH Rosario. Torralvo ahora cumple prisión domiciliaria y las organizaciones apuestan a que se unifiquen los expedientes y vaya a juicio oral junto a Pellegrini y el resto de los imputados por 11 casos de homicidios y asociación ilícita.

“Entendemos que los homicidios fueron delineados en plan sistemático, llevado adelante por el gobierno Nacional de Maria Estela Martinez de Perón, abriendo camino al posterior
gobierno de facto. Además, la asociación ilícita fue el plan organizado, la represión en Villa
Constitución no fue un hecho aislado, fue terrorismo de Estado que luego sería
institucionalizado en la dictadura civico militar. Obviar esos delitos es echar mano al
negacionismo y faltar a la Memoria y a la Justicia …”, dijeron.