Al igual que sucedió a finales de los 60 y principios de los 70 en otras empresas, los trabajadores mantenían una lucha gremial por mejoras salariales y laborales. En la localidad santafesina de Villa Constitución, donde estaba ubicada la planta de Acindar, sucedió en 1974 un proceso conocido como “El Villazo”: la resistencia a la burocracia sindical -que contaba con el apoyo de la Triple A- y la conquista que permitió el llamado a elecciones libres de la UOM en esa seccional.

En la madrugada del 20 de marzo de 1975, cuatro mil efectivos de fuerzas conjuntas de las policías provincial y federal, y de la prefectura naval llegaron a Villa Constitución para reprimir a trabajadores. Hasta el momento, no pudo precisarse la cantidad de víctimas, pero se estima que fueron alrededor de 200 personas.

Pellegrini fue detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria a mediados de 2019, acusado de haber entregado información a las patotas de las fuerzas de seguridad y la Triple A de los y las trabajadoras que por ellas fueron secuestrados, torturados y, en algunos casos, asesinados. El Juzgado Federal 4 de Rosario confirmó el procesamiento del exjefe de personal en marzo de 2020.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó en parte el procesamiento sobre Pellegrini y el ex militar Antonio Federico Bossié, y dictó la falta de mérito para otro ex militar Bernardo Luis Landa y otro de los directivos de la empresa, Oscar Torralvo.

Pellegrini tenía que cumplir prisión domiciliaria -que el juez Bailaque le concedió por ser mayor de 70 años- hasta que llegara el juicio oral y podía tener salidas diarias con dos condiciones: que el recorrido no superara el radio de cinco cuadras a la redonda, y que lo hiciera acompañado de un adulto. No se le colocó tobillera electrónica.

El 9 de marzo de 2021, el exdirectivo de Acindar fue fotografiado cuando violaba estas condiciones en su paseo diario. “Necesitaba despejarme”, argumentó.

En mayo de 2022, la Cámara Federal de Casación penal ordenó reabrir la investigación a los directivos de Acindar. Los magistrados indicaron que hay elementos para sostener que los ejecutivos de la empresa jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino en la planta y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos, una lista con información y nombres de trabajadores y les habilitaron el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica.