«Una nueva UCEP con presupuesto propio y privatizada»

😠 El Gobierno de la Ciudad vuelve a equiparar a las personas sin techo con la "contaminación visual", tal como lo hacía la UCEP. Esta vez será a través de una empresa privada, a la que le pagará 1.500 millones de pesos.

A lo largo de las distintas gestiones Pro, los sectores más vulnerables han sido descartados y reprimidos por las fuerzas de seguridad del propio Estado porteño. En un nuevo capítulo de esta embestida, esta semana se conoció a través del Boletín Oficial que el Gobierno de la Ciudad contratará por 1525 millones de pesos a una empresa privada para identificar asentamientos con personas en situación de calle y visualizar cartoneros que trabajan en la vía pública. El pliego, lanzado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, define a estos elementos -entre otros- como «susceptibles de producir contaminación visual».

En la flamante licitación pública figura la contratación de un «servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». La empresa contratada deberá hacer un relevamiento general que incluya estado de higiene de las cuadras, presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle, presencia de autos y volquetes abandonados en la vía pública, grafitis y cualquier otra situación de «desorden». El documento denomina «verificación ocular» a esta labor de control contra todo aquello que produzca «contaminación visual». Se trataría de elementos que perjudiquen «la imagen de Ciudad Limpia e higiene en la vía pública» de la Ciudad.

El nuevo ataque de Rodríguez Larreta contra cartoneros y personas en situación de calle generó un fuerte repudio en la oposición porteña. «Tratan personas como residuos y solo les preocupa el impacto visual, como si fuese posible ocultar debajo de la alfombra a las miles de familias en la indigencia que habitan nuestra ciudad», señaló Matías Barroetaveña. El legislador del Frente de Todos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se expliquen los objetivos de esta «verificación ocular» y la relación entre la recolección de residuos sólidos urbanos y la susceptibilidad de producir «contaminación visual».

Por su parte, la legisladora Lucía Cámpora (FdT) también cuestionó esta contratación y fue tajante: «Yo se los cuento sobre todo a mis compatriotas, porque no creo que en su campaña a presidente desplegada por el país, Larreta esté contándoles este tipo de cosas sobre su gestión en la Ciudad».

La empresa contratada deberá hacer un relevamiento general que incluya estado de higiene de las cuadras y presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle, entre otros.

¿Una nueva UCEP privatizada?

La organización Proyecto 7, que nuclea a personas en situación de calle, apuntó contra el proyecto de Larreta y se preguntó si se trata de «una nueva UCEP», aquella patota paraestatal de Mauricio Macri, «con presupuesto propio y privatizada». También hizo un llamado de atención sobre el hecho de que el Ministerio de Espacio Público -a cargo de Clara Muzzio- esté a cargo de las personas en situación de calle y no así la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat. 

«¿Vuelven los operativos violentos, nocturnos y expulsivos? Repudiamos enérgicamente esta nueva UCEP privatizada y nos convocamos en estado de alerta y movilización frente a este nuevo intento por parte del Gobierno de la Ciudad de ¨limpiar¨ a las personas en situación de calle», concluyeron desde la organización conducida por Horacio Ávila. 

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